Acción urgente
Violencia paramilitar en Tame, Arauca

LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ARAUCA –ACA
FILIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA FENSUAGRO-CUT

DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA QUE

A finales del año 2002 en la vía Tame-Bogotá, en el sitio conocido como Betania ubicado en las goteras del batallón “Navas-Pardo”, hicieron presencia hombres vestidos con prendas militares y con brazaletes de las AUC, quienes instalaron un retén permanente, precisamente en la vereda “El Pesebre”.

En el mes de marzo en la vereda Rincón Hondo fue encontrada asesinada semienterrada la señora LUZ ENITH HERNÁNDEZ.

A comienzos del mes de marzo la Brigada 18 implanta un operativo militar en la jurisdicción de la vereda El Pesebre, luego en esta misma fecha coincidencialmente aparecieron también los grupos paramilitares por la misma zona y la población denuncia que allí hay 29 cuerpos de seres humanos esparcidos por el área.

El día 7 de marzo de 2003 las unidades del ejército que había en el casco urbano de Tame y de la base militar de Naranjito se retiraron y en su lugar llegaron los paramilitares de las AUC que utilizaron los túneles construidos por el Capitán Garnica para esconderse y refugiar a las personas que detenían.

A finales del mes de marzo los paramilitares se ubicaron en la finca del señor Cadena y en la del señor Sergio Bohórquez en las veredas La Loberia y el Puna, del municipio de Tame, donde instalaron un retén en el puente sobre el río Tame. Así mismo en el casco urbano alquilaron una casa ubicada ubicada en la carrera 18 No. 16-66 de color azul claro ubicada a dos cuadras de la Policía Nacional, así como también se les ve conversando permanentemente. Dentro del grupo de paramilitares que se movilizan hay tres mujeres y su desplazamiento lo hacen en una motocicleta de color azul de placas PQP 26 A Yamaha.

Otra casa donde viven 8 paramilitares es la casa paterna del señor presidente del Concejo, Demetrio Casas, a él y a su hija Rosa Casas se les ha visto permanentemente en compañía de los paramilitares.

Existe una campaña de aniquilamiento contra las organizaciones sociales y gremiales de la región.

Se ha prohibido a los vendedores ambulantes vender sus productos frente al Colegio Oriental Femenino.

El lunes 1 de abril hombres vistiendo prendas militares y brazaletes de las AUC ingresaron a las veredas Betoyes, Carraos, La Esperanza, Holanda del municipio de Tame de la siguiente manera:

Vereda Betoyes. Los paramilitares instalan un retén donde robaron a todos los pasajeros y conductores, irrespetaron a las mujeres. Robaron dinero y joyas. Detuvieron y desparecieron a Gilberto Ramírez, dirigente campesino y comunal de Betoyes, a Julio Modesto, Nelson Martínez, Omar Flores Robledo, Javier Leguisamón, a un indígena, Leider Javier Guerrero y a un menor de edad procedente de la ciudad de Cúcuta que venía visitar a su familia. Así mismo a varias personas que un encapuchado señalaba.

Vereda Carraos. Los paramilitares asesinaron a Libardo Cobos Durán, Danilo Garzón y Rafael (se desconoce el apellido) y a dos personas más.

Vereda La Esperanza. Los paramilitares intimidaron a los campesinos y les advirtieron que regresarían para asesinarlos.

En la Vereda La Esperanza, aviones de la Fuerza Aérea, bombardearon y ametrallaron sobre las viviendas y cultivos, todo esto en apoyo y complicidad con los paramilitares.

En la vereda la Ponderosa, los paramilitares asesinaron a Luis Sandoval, previas torturas, lo decapitaron, quemaron la moto en que se movilizaban y no permitieron recoger el cuerpo.

Vereda Holanda. Los paramilitares retuvieron todos los vehículos que por allí pasaban y a sus pasajeros los acusaban de informantes de la guerrilla. Aún hay allí personas detenidas desaparecidas.

La actitud del personero municipal de Tame es de complicidad con las fuerzas represivas del Estado, en cuanto envía las denuncias a la SIJIN y no a los organismos de control civil como es pertinente.

ALERTAMOS:

Que existe un plan por parte de los paramilitares para incursionar nuevamente en Pueblo Nuevo (municipio de Tame) con el apoyo del Batallón “Navas Pardo”, quienes hacen el trabajo inicial de penetración a las regiones y luego entran los paramilitares, o en ocasiones son los mismos hombres con los dos distintivos, el del ejército y el de las AUC.

TENIENDO EN CUENTA QUE:

Ante este dramático panorama los campesinos y comunidades reclaman sobre el papel y la responsabilidad de las autoridades en tal situación. Es preocupante que a mayor militarización de la región, más evidente es la sistemática violación de los derechos fundamentales de los campesinos y comunidades. El control del batallón “Navas Pardo” y de la XVIII Brigada del Ejército hacia las actividades y tránsito de los pobladores es rígido y permanente, no obstante los victimarios transitan sin obstáculo alguno. ¿Cómo explicar la posibilidad de tránsito de estos individuos libremente en sitios muy cercanos o en los mismos donde se encuentran operando las tropas oficiales?

EXIGIMOS

Se investigue y sancione penal y disciplinariamente a los responsables de la sistemática y masiva violación de los derechos humanos que vienen afectando a campesinos de la región; se materialice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de víctimas, familiares de víctimas y comunidades.

Se garanticen los derechos fundamentales de los campesinos y comunidades de la región, especialmente el derecho a la libertad personal, a la integridad física y a la vida.

Se asegure la permanencia de comunidades y campesinos en su territorio con las debidas garantías y se evite el desplazamiento forzado.

A la Defensoría, Procuraduría y Fiscalía, que adelantan las investigaciones pertinentes relacionadas con la omisión por parte del batallón “Navas Pardo” frente a los hechos de barbarie referidos en este documento.

A la Defensoría, Procuraduría y Fiscalía, que se adelanten las investigaciones pertinentes por complicidad y connivencia entre los grupos paramilitares y el batallón “Navas Pardo” especialmente contra el capitán Garnica.

Al Gobierno Nacional que cancele inmediatamente el decreto que creó las “zonas de rehabilitación”, puesto que han servido para cubrir el manto de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y para legitimar el accionar bárbaro de las fuerzas de seguridad del Estado que conviven con los grupos paramilitares.

A la comunidad internacional que acompañe y se solidarice permanentemente, como lo ha hecho hasta hoy, con las comunidades campesinas y sus asociaciones en el país.