Carta de Nisperuza D`Valbuena, defensor de derechos humanos

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El plan de exterminio de las organizaciones que no cohonesten con las políticas del régimen continúa su curso. Acaba de ser allanada la sede la Asociación Campesina Araucana (ACA) y sus enseres de oficina decomisados por orden de un fiscal, al tiempo que era detenida en Bogotá su presidenta Luz Perly Córdoba. No basta con que la Unión Europea, la ONU, las ONG de derechos humanos y personalidades de Colombia y el mundo, critiquen la mal llamada política de "seguridad democrática" del presidente Uribe y en consecuencia se le exija respetar las normas de derechos humanos. Tercamente el Gobierno persiste en encarcelar y perseguir a quienes aún se atreven a criticar el modelo de Estado existente.

Luz Perly Córdoba es una mujer que ha dedicado toda su vida a luchar en favor de los campesinos colombianos y ha hecho sus estudios a base de esfuerzo, porque como toda mujer cabeza de familia, lo único que recibe del Estado son promesas y por supuesto represión como en este caso. Ella es administradora pública y abogada. Debe estar muy decepcionada de lo que aprendió en la universidad sobre el Estado Social de Derecho y sobre las garantías que tiene toda persona que habita en territorio nacional, porque como ella, en el año 2003 y por orden de la Fiscalía, y por supuesto, con la complacencia de la Presidencia, fueron detenidas sin orden judicial cerca de 4.000 personas de las cuales 3.750 tuvieron que ser dejadas en libertad al no podérseles imputar ningún hecho punible.

En Colombia ya no valen ni las medidas de protección que recomiendan las ONG; ni las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; ni las recomendaciones que hace la ONU; ni los compromisos de Estado con la comunidad internacional; ni los escoltas que nombra el mismo Ministerio del Interior, pues igual caen asesinados defensores de derechos humanos, otros son encarcelados y los demás obligados al exilio. Esta es la realidad de un país que está en manos de un vindicativo presidente al que algunos colombianos eligieron dizque para que acabara con el terrorismo, sin darse cuenta (o tal vez sí) de que al final estaban eligiendo a un practicante del terrorismo con el agravante que se hace a través del Estado.

No se trata, para el Estado represivo, de enfrentarse realmente con quienes poseen las armas, se trata de hacer que la cuerda se rompa por el lado más débil, lo que se busca es que quienes contradicen al Establecimiento no tengan ningún espacio en la vida política, económica y social del país. Situación que obliga a que la gente tenga como único recurso: las armas, lastimosamente. Se busca entonces deslegitimar la lucha de las organizaciones sociales y populares asimilándolas a la categoría de terroristas, mientras que quien realmente practica el terrorismo es el Estado cuando persigue, encarcela, tortura, desaparece, desplaza, asesina y obliga al exilio a los pocos que públicamente se atreven a desafiar el statu quo. Al mismo tiempo que legaliza los escuadrones de la muerte.

Seguramente, los miembros de la ACA en pocos días tendrán que ser dejados en libertad, porque el único delito que han cometido es enseñarles a los campesinos que cultivar y luchar por la tierra es cultivar vida, que el respeto por la dignidad humana es un derecho inajenable y que en un país como el nuestro la lucha se hace indispensable si queremos que haya paz con justicia social.