"Su detención forma parte de la persecución política-judicial de la que es objeto la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y sus dirigentes, y su juicio es dudoso en cuanto al fondo y a la forma"

por Europa Press
Bruselas, 20 de octubre de 2004

Richard Howitt, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

Eurodiputados socialistas y liberales propusieron hoy en Bruselas enviar un comité de verificación, compuesto de parlamentarios, ciudadanos europeos, organizaciones no gubernamentales y sindicatos a Colombia, para garantizar un juicio justo a Luz Perly Córdoba, sindicalista y directora de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), en prisión desde el pasado mes de febrero, y para poner fin a las persecuciones y detenciones masivas que practica el gobierno de Álvaro Uribe.

Igualmente, solicitaron el apoyo de la Comisión Europea para evitar que los grupos paramilitares sigan gozando de impunidad tras sus crímenes, como es habitual en el país andino, y para garantizar la presencia sindical, actualmente reprimida por la política ultraliberal del gobierno colombiano.

Entre sus peticiones, Richard Howitt del Grupo Socialista Europeo, y Giuletto Chiesa y Luigi Cocilovo, del Grupo Euroliberal de la Eurocámara, solicitaron también un mayor control de los fondos de ayuda internacional que la Comisión Europea destina anualmente a Colombia, por temor a que el dinero europeo se emplee para financiar a grupos paramilitares y no para el desarrollo de los grupos sociales colombianos.

"La Comisión Europea no puede contentarse con hacer ciertas críticas al gobierno de Colombia por una falta de libertades, y no puede tener una posición pasiva en la defensa de los derechos humanos", afirmó Howitt, durante la conferencia de prensa en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas.

Por su parte, el organizador de la iniciativa presentada hoy "P’lante Colombia", Justo Catania, expuso que las mayores víctimas de la represión colombiana son las comunidades rurales de campesinos y que un ejemplo simbólico es el caso de Luz Perly, detenida en Bogotá tras denunciar la situación de las comunidades sociales de su país durante un viaje a Europa. La fiscalía ha interpretado que la sindicalista hacía apología del terrorismo y que su viaje fue financiado por grupos paramilitares ilegales.

"Su detención forma parte de la persecución política-judicial de la que es objeto la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y sus dirigentes, y su juicio es dudoso en cuanto al fondo y a la forma", afirmó Catania.

El abogado de Luz Perly, Daniel Prado, manifestó que la detención de la dirigente campesina y defensora de derechos humanos ilustra la situación de persecución que se vive actualmente en Colombia.

Igualmente, Eduardo Carreño de la Organización de Derechos Humanos de Colombia y del colectivo de abogados del país, advirtió que el gobierno de Uribe ha puesto en marcha la 'Operación Dragón' con el objetivo de eliminar a los oponentes políticos del régimen, "lo que significaría un nuevo genocidio político en Colombia".

Carreño aportó cifras relacionadas con las matanzas y las represiones y aseguró que en Colombia hay siete mil detenciones al año por razones políticas y crímenes cuyos asesinos gozan de total impunidad. Según sus datos, en 2004 seis personas han sido asesinadas sin que sus culpables sean juzgados y castigados por la justicia. "Queremos una prevención de crímenes que garantice la no-impunidad de los asesinos ni de los responsables políticos de los crímenes", sentenció.

A la conferencia de prensa asistieron también representantes de la asociación Vía Campesina así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos. José Bové, en representación de la Coordinación Europea Campesina, declaró que en el caso de Luz Perly "no se trata de una represión aislada sino de un típico caso de ‘criminalización’ a la protesta social".

La campaña "P’lante Colombia" lucha contra las detenciones masivas y arbitrarias y aboga por una resistencia legítima al gobierno colombiano y a los organismos jurídicos, a los que considera represivos.

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar actividades nacionales e internacionales dirigidas a otorgar la libertad a los detenidos, así como presionar a la política interior y exterior de Colombia para aportar una visión más realista de la situación de los encarcelados.

Asimismo, pretende conformar y convocar equipos coordinadores de la campaña y desarrollar acciones jurídicas internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el comité de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas.