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La resistencia campesina en Colombia por Silvia Juliana Becerra Ostos En el Magdalena Medio de Colombia se encuentra una valiosa experiencia de organización campesina y de trabajo comunitario, con una propuesta de desarrollo regional con bienestar social y manejo sostenible de la naturaleza. Campesinado, Magdalena Medio y Valle del Río Cimitarra
En esta época, los campesinos se organizan en cooperativas, buscando un modo de subsistencia económica y a su vez como forma de organización social. El abandono estatal y el constante señalamiento y asesinato de sus pobladores crea en esta región una cultura organizativa en principio de subsistencia. Su primera manifestación fue la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio, que aparece en la década de 1980 para intentar canalizar esa fuerza y capacidad de organización de los pobladores en el momento en que empezaba a consolidarse el paramilitarismo en la región. Pero la persecución sobre los campesinos y sus cooperativas continuó. En algunos casos, éstas fueron saqueadas y quemadas por el Ejército. Y posteriormente, con el bloqueo establecido sobre esta región, los pobladores del Valle del Río Cimitarra y el Sur de Bolívar inician una gigantesca movilización social, que se consolida con las marchas campesinas de 1996 y el gran éxodo campesino a Barrancabermeja en 1998. Estas movilizaciones se encuentran enmarcadas en las grandes marchas cocaleras del sur del país en contra de las fumigaciones, las cuales revitalizaron el movimiento campesino y mostraron una gran capacidad de movilización y protesta. Gracias a estas jornadas, se revitalizó la tradición y vocación agrícola de nuestro país y la gran deuda que se tiene con este sector frente a sus demandas. Además se evidenció que el campo fue el principal afectado por las políticas de ajuste y de liberalización económica aplicadas por los últimos gobiernos. En el caso específico del éxodo campesino de 1998, se logra un acuerdo con el gobierno Pastrana, consistente en: inversión social, protección para la vida y derechos humanos de los habitantes de la región, y garantías para el retorno (acuerdos firmados y totalmente incumplidos por esa administración). Al calor de estas movilizaciones, nace la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), instancia organizativa que representa alrededor de 20 mil campesinos del Nordeste Antioqueño, la cuenca del Cimitarra y el Sur de Bolívar, agrupados en más de cien juntas de acción comunal (JAC). Los acuerdos que se establecieron entre los campesinos y el Gobierno fueron adelantados por la Mesa regional permanente de trabajo por la paz del Magdalena Medio, espacio que agrupó en su momento a campesinos de 25 municipios de la región (principalmente del Sur de Bolívar) además de los habitantes de Barrancabermeja, que encontraron allí un espacio propicio para denunciar la incursión paramilitar en la zona, en especial por la masacre del 16 de mayo de 1998 llevada a cabo en la ciudad. De los diagnósticos y los ejercicios participativos de todos los campesinos, nace el Plan de desarrollo y protección integral de los derechos humanos del Magdalena Medio (Barrancabermeja, 1999), conocido popularmente como el "Plan integral". Éste se convertiría en la principal herramienta para encauzar los recursos e iniciar los proyectos de la ACVC. ACVC, desarrollo integral y derechos humanos Como en todo el país, los miembros de la ACVC han sufrido en carne propia el problema agrario. A lo largo del siglo XX, en nuestro país la reforma agraria ha sido aplazada, y en la mayoría de los casos, boicoteada y saboteada por las clases altas rurales, los "señores de la tierra", que en el Magdalena Medio han realizado una completa "contrarreforma agraria" latifundista y paramilitar, siendo expulsados centenares de campesinos hacia zonas de colonización o hacia las ciudades. De esta forma, el territorio donde hoy en día trabaja la ACVC es una vasta región de frontera agrícola y de bosque nativo, en muchos casos sin intervención humana, llegando a ser una "zona de refugio". Además, dada la crisis en el sector agropecuario, ahondada por la apertura económica (que llevó a aumentar las importaciones en este renglón), los problemas de infraestructura que tiene la región --que imposibilitan desarrollar con éxito una estrategia de comercialización--, la depredación propia de las economías extractivas de la zona (minera, pesquera y maderera), y el "abandono parcial" del Estado (pues sólo hace presencia militar y electorera), en la región se presentó la siembra de cultivos de uso ilícito como forma de sobrevivir. La coca es, en este momento, el único cultivo rentable. Sin embargo, este cultivo ha traído consigo consecuencias graves, derivadas de un Estado represivo que se niega a mirar las causas estructurales de los problemas, y da "soluciones" que sólo empeoran la situación. Con la implementación del Plan Colombia, las fumigaciones han venido acompañadas sistemáticamente de grandes operativos militares que dejan un elevado número de campesinos masacrados, desplazados y amenazados. A esto se suma el esparcimiento de veneno glifosato sobre los cultivos de pancoger, los animales domésticos y las fuentes de agua, dando lugar a periodos de escasez de alimentos y de múltiples enfermedades cutáneas, estomacales, etc. Para superar la condición anteriormente descrita, desde la ACVC se han impulsado proyectos económicos que dejan atrás el principio del ánimo de lucro y de la explotación del ser humano y los recursos de la naturaleza, las dos principales fuentes de riqueza. De esta forma, se establece un modelo de “economía alternativa”, donde se tiene como principios la solidaridad, el respeto a la naturaleza, la participación comunitaria y la autogestión. Estos proyectos, como la finca de recría de búfalos, el trapiche panelero y la trilladora de arroz, fueron pensados como forma de solventar la seguridad alimentaria (ya que la leche, la panela y el arroz son parte de la dieta básica de la región). La finca bufalina es de propiedad comunitaria y utiliza la recría como forma de sostenimiento. A los socios del proyecto (campesinos reconocidos en la región) se les da un plante que debe devolver en 10 años. No tiene que dar dinero, ni ninguna forma de pago. Tampoco tiene pérdidas, pues es comprobada la reproducción de los animales. Además, el socio no puede vender independientemente, pues las decisiones sobre la finca se realizan en asamblea, donde todos los socios deciden. Este es el modelo que sirve para los demás proyectos comunitarios de la ACVC. Para la Asociación, se tiene como fuente de poder el de las propias comunidades, siendo las JAC el principal mecanismo de organización y toma de decisiones, en las cuales están representados todos los campesinos por igual. Las JAC, a su vez, son representadas en un "equipo de campo", que cumple las labores propias de la Asociación en cada una de las tres zonas del Valle del Río Cimitarra: la zona alta o Nordeste Antioqueño, la zona media o zona centro, y la zona baja o Sur de Bolívar. Así mismo, la ACVC cuenta con una junta directiva en la cual se centralizan los proyectos de la Asociación y se gestionan las labores en áreas como derechos humanos, relaciones nacionales e internacionales, y gestión de proyectos. Una comunidad que resiste En el Magdalena Medio, las necesidades básicas insatisfechas son de un 80% (con tendencia a crecer). Por otra parte, los derechos humanos son violados recurrentemente, a causa de la implantación de un modelo de desarrollo autoritario, que sólo garantiza el libre mercado. Este hecho ha generado la intensificación de las acciones contrainsurgentes y de control territorial, para incorporar estas zonas al modelo neoliberal. En estas condiciones, una propuesta de resistencia es, en un principio, un impulso de vida para los pobladores. Una ilusión que, al presentarse como colectiva, va tomando fuerza y va adquiriendo forma propia. Vale prestar principal atención a las comunidades rurales, que cada vez se encuentran con mayor vulnerabilidad de desaparecer, debido a los sucesivos ciclos de desplazamiento, acompañados por grandes violaciones a los derechos humanos, los cuales, como afirma la ACVC en varios comunicados "son violaciones principalmente por parte del paramilitarismo como estrategia que apoya, implanta y defiende un modelo de desarrollo abanderado por la élite colombiana". Y como resultado de este proceso, es significativo el porcentaje de trabajo agrícola, que ha disminuido en los últimos 10 años, el reinante modelo latifundista (que imposibilita una verdadera reforma agraria que dé esperanzas al campesinado) y el aumento indiscriminado de importaciones de productos agrícolas a nuestro país. Pese a este desolador panorama, son las comunidades rurales y campesinas quienes han estructurado propuestas alternativas de modelos de desarrollo, y las han defendido como posibilidad real de un nuevo sistema de relaciones económicas, políticas y sociales. En esta perspectiva, el "desarrollo" es percibido desde y para las comunidades. Es un proceso que parte no sólo de la inversión en la región, sino del fortalecimiento de sus organizaciones sociales por medio de la educación, la organización, la comunicación y la cultura, para crear y aumentar la capacidad y autonomía para orientar, planificar, gestionar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos sociales. Las funciones de éstas organizaciones se expresan en su capacidad política, y su grado de interlocución, confrontación y negociación con el Estado. Esta estrategia de desarrollo debe contemplar la distribución de ganancias y de valor agregado entre quienes llevan a cabo la actividad económica y la edificación de un Estado que dignifique, fortalezca y preserve el ser humano. Además de ésta concepción, la ACVC tiene un alto grado de autonomía y autodeterminación frente a las organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación, ya que entiende que puede ser criticada su forma de resistir “con dinero” para sus proyectos. Respecto a las ONG, porque piensan que intentan controlar el movimiento social y, en muchos casos, volverlos funcionales al sistema político-económico hegemónico, aunque aclaran que no todas tienen el mismo modo de actuar. Frente a las agencias, expresan que, si bien son las que tienen el dinero, y en general las posibilidades de echar a andar los proyectos, no pueden implementar éstos de acuerdo a sus intereses, sino más bien deben respetar las prioridades definidas en un principio por la ACVC. ACVC y resistencia Si bien el término de resistencia en algunas ocasiones ha sido interpretado como una forma de sobrevivir, o como un mecanismo de aguantar la oleada imperialista que se vive en la actualidad, la ACVC ha sabido potenciar esta condición para convertirla en motor de cambio. En una perspectiva general, podemos afirmar que se habla de resistencia por cuanto la lucha de clases se evidencia desfavorable para el pueblo, y a la ofensiva para el imperialismo. Sin embargo, en los espacios locales como las regiones, es determinante este tipo de procesos para ir construyendo espacios de transformación. Es claro que para la ACVC esta posibilidad se hace real en la medida en que se luche por el poder político. Por esto, es un ejercicio cotidiano la participación para la cualificación política de sus miembros. El fundamento básico de la propuesta es la participación, como fundamento de una auténtica democracia. Y está sustentada en que un pasado común de sufrimiento, y sobre todo de necesidades insatisfechas, le da a cada campesino la posibilidad de decidir qué propuesta formular: “la participación de las comunidades en los asuntos de lo público y de gobierno en las localidades debe ser algo más que un precepto legal. Es un propósito central construir un nuevo Estado desde las comunidades". (Plan Integral, página 13) Para abordar el tema conceptualmente, podemos afirmar que la ACVC, como comunidad en resistencia, se aparta de la denominación de civil por cuanto considera que, en nuestro país, el concepto de "sociedad civil" es muy etéreo y conflictivo. Es claro que los campesinos no persiguen los mismos objetivos que, por ejemplo, los empresarios de la palma y los ganaderos latifundistas, que también harían parte de la sociedad civil. Además comprende que la etapa del desarrollo capitalista que vivimos es esencialmente violenta y avasallante con el sector campesino, por tanto no se descarta la violencia como forma de resistencia, aunque en sí misma no sea una de las prácticas de la Asociación. Y si bien el momento actual parece ser de repliegue, debe ser aprovechado para fortalecer procesos como éstos, los cuales van solucionando problemas cotidianos, van fortaleciéndose como alternativa y a su vez van buscando el hermanamiento con otras organizaciones para un proceso de transformación. Fuentes -Agencia Prensa Rural. "El Plan Colombia en
el Magdalena Medio. Fumigaciones, abortos y gallinas muertas".
30 de julio de 2003. http://www.prensarural.org/ |
El
Valle del Río Cimitarra es una región inmersa en el Magdalena
Medio colombiano, en la franja occidental del río Magdalena,
entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Su poblamiento
se originó por procesos de colonización a causa de las
migraciones generadas por persecuciones políticas y sociales
en las décadas de 1950, 1960 y 1980. En ésta última,
miles de campesinos buscaban refugio huyendo del paramilitarismo, que
para entonces se consolidaba en Puerto Boyacá, Puerto Berrío
y otras zonas cercanas.