Detenciones y tortura en el sur de Bolívar

El ejército detiene en forma arbitraria a nueve campesinos en las veredas La Floresta y La Concha, municipio de Cantagallo, Bolívar. Una niña resultó con heridas de bala en el cuello.

por Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Bogotá, noviembre 10 de 2005

El pasado lunes 8 de noviembre, tropas de la V Brigada, en un operativo militar, detuvieron en forma arbitraria a nueve labriegos de las veredas La Floresta y La Concha, municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, bajo la sindicación de favorecer el accionar de grupos insurgentes que operan en la región.

Algunos de los detenidos responden a los nombres de Yovani Agudelo, Arnulfo Herreño Pérez, Omar Herreño Pérez, Cristian García (menor de edad), Plinio Lambraño y la menor Sandra Peña Romero, herida en el cuello por disparos.

En la vereda de La Concha fueron apresados, también en forma ilegal, los campesinos Martín Vergara y José Berrío. El señor Berrío fue dejado en libertad pero una mula de su propiedad fue retenida por los militares, quienes aducen que este animal es de la guerrilla.

Los detenidos, según reveló la Defensoría del Pueblo de Barrancabermeja el 10 de noviembre a Humanidad Vigente, fueron dejados en libertad tras dos días de retención ilegal y algunos presentan señales de golpizas y maltratos físicos. Según esta misma fuente, se adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos.

Los campesinos pertenecen a las juntas de acción comunal de las citadas veredas y hacen parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, comprometida con la organización y la defensa de los intereses de los labriegos de la zona, por lo que ha sido objeto de los ataques y persecuciones de los enemigos de la paz.

Según la información que presentó el ejército, a través de la radio y televisión regional, la niña Sandra Peña Romero fue herida por la guerrilla; así mismo presentó a cuatro personas muertas como integrantes de grupos alzados en armas.

Humanidad Vigente exige una vez más a las autoridades civiles y militares proteger la vida de todos los pobladores de esta región y rodear de garantías el trabajo pacífico que desarrollan en medio del conflicto y a las autoridades de control del estado se esclarezcan las circunstancias en que sucedieron estos graves hechos.