Atribuyen crisis de la salud a las fumigaciones
Concluyó encuentro ‘Coca, derechos humanos y conflicto en el valle del Cimitarra'

por Diario Vanguardia (Bucaramanga)

Convencidos de que se dio un paso importante para lo que significa el futuro de los cerca de cuatro mil núcleos familiares que se asientan en el valle del río Cimitarra, se declararon los organizadores del encuentro denominado ‘Coca, derechos humanos y conflicto en la zona de reserva del valle del río Cimitarra’, que concluyó el domingo anterior.

El espacio, que desde el viernes convocó a más de 700 personas en la vereda Puerto Matilde, en esa región, sirvió para evidenciar, además, las difíciles condiciones en que viven los campesinos de la zona, que desde hace dos semanas volvieron a ser blanco de las fumigaciones con glifosato.

Los voceros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) señalaron que este mecanismo es uno de los principales obstáculos para el desarrollo y bienestar de la zona y sus habitantes.

"Fue un encuentro que sirvió para generar unión, pero existen factores bastante preocupantes; uno de ellos, las fumigaciones con glifosato que han generado de nuevo malestar en la población de la zona, no sólo por lo que ello significa para su actividad agrícola, sino por los problemas de salud, que cada día son más evidentes", explicó Miguel Cifuentes, vocero de la ACVC.

Es así como la comisión que viajó a la zona (entre los que se encontraban representantes de asociaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, brigadas de paz y la Diócesis de Barrancabermeja), encontró que durante el 2003 y el primer semestre del 2004, se registraron varios casos de abortos, así como malformación en algunos recién nacidos, situación que le atribuyen a las fumigaciones.

"La gente está preocupada porque ve morir a sus animales, sus cultivos y ahora se presenta este problema de salud que es bastante complejo", indicó Johanna Olmos, representante de la ACVC.

Educación y bloqueos

Asimismo, frente al tema de la educación, se encontró que en la zona sólo existe un profesor, quien tiene la difícil tarea de educar a cinco cursos a la vez.

"Esto evidencia el atraso de la región, ya que, por lo menos, el 50% de la población infantil estaría relegada de este derecho fundamental. También es necesario exigir al Gobierno Nacional la presencia permanente allí para garantizar el acceso a la educación, así como el bienestar de los campesinos, porque continúan siendo una constante los bloqueos por parte de los grupos al margen de la ley que allí operan", explicó Olmos.

Finalmente, y luego del espacio, los organismos de derechos humanos hicieron un llamado al Gobierno para que respalde la figura de la reserva campesina, suspendida desde abril de 2003, y que de cierta manera brinda mayor protección y seguridad a los campesinos del sector.

 
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