En Arauca
La luna con glifosato

Voz - Redacción Nacional
08.10.2003

Desde el viernes 19 de septiembre se inició una intensa e indiscriminada fumigación aérea a los cultivos de uso ilícito en los sectores de Puerto Gloria, La 20 y San Francisco en el municipio de Fortul; Aguachica, El Oasis, Caño Hondo y Santa Ana, en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en desarrollo de la operación Luna Roja, que adelanta la II División del Ejército, la Brigada Antinarcóticos y la Brigada #5.

Esta operación que se extenderá a lo largo y ancho del departamento, es una decisión unilateral y autoritaria del gobierno nacional, en contravía de la propuesta del campesino araucano de sustituir manual, progresiva y concertadamente los cultivos. Dicha propuesta fue entregada al alto Gobierno, a la comunidad internacional y ONG defensoras de los derechos humanos, en el mes de marzo del presente año. De otra parte, el gobierno de Uribe Vélez incumple el fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca, que ordenó la suspensión de las fumigaciones hasta tanto se diera cumplimiento al plan ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente a la Dirección Nacional de Estupefacientes (resolución 1065 de 2001) y se realizaran los estudios médicos científicos que determinaran el efecto de la mezcla con la que se fumiga actualmente, en la salud de los colombianos.

El daño ecológico, ambiental, social y humanitario es de incalculables proporciones. "No se justifica que para fumigar 6.500 hectáreas de cultivos ilícitos, acaben con 1'232.634 hectáreas de cultivos de pancoger en la región", dijeron voceros de las organizaciones agrarias y comunales araucanas. En este sentido, exigieron el fin de las fumigaciones y proponen la integración de una comisión de verificación, que a su vez proponga una alternativa a las fumigaciones.

Al mismo tiempo, llamaron "a los campesinos, sectores sociales y fuerzas vivas a rechazar y a que se movilicen ante este tipo de operaciones que sin lugar a dudas profundizará la crisis humanitaria, social y económica que vive el departamento".

Asesinatos en Saravena

Igualmente, la Fundación Comité Regional por los Derechos Humanos Joel Sierra denunció el asesinato, el día 25 de septiembre de 2003, aproximadamente a las 8 p.m., de Rito Hernández Porras, quien se desempeñaba como funcionario de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena (Ecaas), en hechos ocurridos en el barrio Cochise del municipio de Saravena. Dos sicarios llegaron hasta cerca de su residencia y le dispararon, para luego salir caminando hacia la estación de policía, como lo han manifestado personas de la comunidad que los siguieron hasta una de las garitas que conforman el cordón de seguridad de esa institución.

Rito Hernández había sido retenido en reiteradas ocasiones por la Policía Nacional, supuestamente para verificar antecedentes, pero allí era maltratado, amenazado, censado y fotografiado, estigmatizándolo con el argumento de que los trabajadores de Ecaas son colaboradores de los grupos rebeldes que operan en la región.

Varios trabajadores de esta empresa, como Danuil Lesmes Quiroga, Eelida Parra Alfonso, Fabio Sanabria, Efrén Niuste Quimbayo, Lelio Sanabria, Abel Bautista Angarita y Bernardo José Argüello Santos, han sufrido la persecución y la represión oficial. Como fue denunciado de manera oportuna en Voz, el 22 de julio del presente año, el trabajador de la misma empresa, Uriel Ortiz Coronado, fue asesinado en el estadero El Caney cinco minutos después de haber sido requisado por unidades de la Policia Nacional en Saravena. Desde entonces, en las paredes del municipio aparecen letreros diciendo que los empleados de Ecaas son milicianos y guerrilleros.

En Saravena los paramilitares andan como Pedro por su casa, a pesar del estricto control militar y de la Policía.

 
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