Masacres borrascosas

INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA MASACRE DE TAME (ARAUCA)

PRESENTACIÓN

A raíz de la masacre perpetrada por grupos paramilitares en las veredas cercanas a Flor Amarillo del municipio de Tame, en la que fueron asesinadas 11 personas y desaparecida una más los días 19 y 20 de mayo del presente año, la comunidad solicitó a organismos de derechos humanos no gubernamentales, organizaciones solidarias con Colombia y medios de comunicación conformar una Comisión de Verificación de lo allí sucedido.

A este llamado acudieron la Asociación Minga, la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Sembrar, la Asociación Campesina de Arauca-ACA, el Comité de Derechos Humanos Joel Sierra, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia -RECORRE y una periodista estadounidense de medios independientes. Todos ellos conformaron una Comisión que visitó la zona escenario de este deplorable crimen entre el 3 y el 5 de junio.

La Comisión tuvo como objeto verificar los hechos a partir de la recolección de testimonios, recorriendo para ello los sitios donde fueron asesinadas cada una de las víctimas.


CONTEXTO

El municipio de Tame - el segundo en extensión territorial y en población de Arauca- ha sido, en los últimos cuatro años, el epicentro de la acción paramilitar en ese departamento. En ese periodo, y no por casualidad, el índice de homicidios se incrementó ostensiblemente; mientras en el año 2.000 las muertes violentas fueron cuarenta y tres (43), en el año 2.001 ascendieron a setenta y cuatro (74), cifra que continuó aumentando en el 2.002 para situarse ese año en ciento treinta y ocho (138). En el 2.003 se registraron doscientas diez (210) muertes violentas, mientras que en los cinco primeros meses de 2.004 las muertes violentas reportadas fueron ochenta y cuatro (4). La situación de violencia en Tame es tan grave que los homicidios registrados allí representan casi la mitad de los consumados en el departamento de Arauca.

Otro elemento de grave preocupación para esta Comisión lo constituye la desaparición forzada de personas, práctica criminal de la que se ha reportado, en los cinco primeros meses de este año, ocho (8) casos en Tame. Eso teniendo en cuenta que las autoridades locales del municipio tan sólo contabilizan las denuncias radicadas en la inspección de Policía y la SIJIN de la cabecera urbana, y no los hechos que conocen por otros medios o que han sido denunciados ante otros organismos del Estado.

La Comisión tiene conocimiento que ante las autoridades del Ministerio Público se reportaron al menos cuatro casos más de desaparición forzada de personas en jurisdicción de Tame en el transcurso de este año. Los cuatro casos fueron atribuidos a grupos paramilitares pero no aparecen en los registros que llevan las autoridades locales de ese municipio. En los pocos días durante los que permaneció en la vereda El Botalón, la Comisión tuvo la triste oportunidad de entrevistarse con los familiares de tres personas desaparecidas por los paramilitares en el mes de mayo de 2.004 en la cabecera urbana de Tame. Todos los afectados se niegan a denunciar la desaparición forzada de sus seres queridos, siguiendo las instrucciones de los responsables de estos hechos quienes advierten que quien denuncie "no verá jamás a su familiar, ni vivo ni muerto".

Igualmente, en los registros de las autoridades locales de Tame no aparece referenciada la desaparición forzada del ciudadano CARLOS JULIO VEGA, ocurrida el 20 de mayo de 2004, la cual ha sido ampliamente denunciada y documentada. Según comunicación enviada por el Programa de DDHH de la Vicepresidencia de la República, el señor VEGA no se encuentra secuestrado por este grupo paramilitar sino que estaría allí por decisión propia pues, según se aduce, existe un vídeo realizado por los paramilitares en el cual el mencionado señor manifiesta que ha decidido unirse a este grupo armado y encontrarse en el sitio conocido como Puerto Gaitán. No obstante, las autoridades del Estado no han verificado si la voluntad del señor Vega ha sido libre de toda coacción, ni tampoco --a pesar de las denuncias y la constatación oficial-- si éstas han iniciado acciones para dar con su captura y la de los demás integrantes de los grupos paramilitares que permanecen en el mencionado lugar.

Asimismo, la comunidad de Tame ha venido sufriendo constantes hurtos que fueron denunciados por las víctimas, como los que suelen ocurrir en el casco urbano de la población cuando los habitantes retiran dinero de la sucursal bancaria del Banco Agrario y son seguidos por integrantes del grupo paramilitar que opera allí y obligados a entregar sus ahorros. Cuando las víctimas denuncian esto ante las autoridades, éstas les manifiestan que deben hablar con los comandantes paramilitares para lograr que les devuelvan el dinero, pero no inician acciones legales para capturarlos; En las últimas semanas este tipo de delitos se ha extendido a los cascos urbanos de los municipios de Saravena y Arauquita, donde igualmente hacen presencia tanto la Fuerza Pública como los organismos de seguridad del Estado.

Igualmente, se denunciaron a la Comisión hurtos de vehículos que son utilizados para trasladar a los paramilitares en sus desplazamientos en la cabecera y hacia las veredas. También se imponen "impuestos" a las cargas que se transportan con destino al interior del país y los vehículos son retenidos y obligados --dependiendo de la carga--a pagar una determinada cantidad de dinero so pena de perderla; también se conoció que en algunos casos las cargas son hurtadas por este grupo ilegal.

Además, la comunidad de la zona rural de Tame ha denunciado reiteradamente que los sicarios paramilitares han asesinado a 105 personas durante este año. Como en Urabá y en el Magdalena Medio, se vive un proceso de para-institucionalización delincuencial del Estado. Los "paras" lo controlan todo desde sus bases en las fincas ubicadas en Bellavista (propiedad del congresista asesinado de la Unión Patriótica-UP, Octavio Sarmiento), Naranjitos y Puerto Gaitán. Cobran una vacuna de $300.000 por cada camión de plátano que sale hacia Bogotá. Por el ganado, el recaudo ilegal es de $35.000 por cabeza. Los cobros se realizan en las narices del Batallón Navas Pardo.

Sin embargo, a pesar de este cuadro de sistemática violación de derechos humanos y de aguda criminalidad, las autoridades locales y regionales se niegan a admitir los hechos, presentándolos como producto de una "confabulación de la guerrilla" para dañar la buena imagen y gestión de los mandatarios seccionales y municipales. Las autoridades se resisten a reconocer la existencia de estructuras paramilitares en la cabecera urbana, a pesar de que los relatos que escuchó la Comisión de residentes de ese municipio señalan de forma unánime que los paramilitares hacen abierta presencia en Tame - municipio que co-administran y controlan los grupos paramilitares con la Fuerza Pública- y a pesar de que los paramilitares son responsables de la mayor parte de los crímenes que ocurren en esa localidad.

Realidad que contrasta con la versión oficial de las autoridades nacionales que han sostenido que respecto de Tame "...el anuncio de la llegada de las autodefensas a Arauca, empieza a manifestarse en el año 2001, en especial a partir de los meses de junio y julio, con un incremento del homicidio así como de las amenazas. Pero es en el año 2001 cuando el homicidio toma magnitudes desproporcionadas y se da el sistemático asesinato de líderes cívicos, agrarios, de derechos humanos y políticos como el parlamentario Octavio Sarmiento, tanto en la zona rural sobre la carretera que une al municipio con Casanare, de manera más incrementada, en el casco urbano".

Coincidencialmente con la presencia del paramilitarismo, en el año 2001 se reactivaron las bases militares en el departamento como la de Naranjito en Tame, al mando del capitán Jaime Garnica, quien fuera traslado a la base militar de Tolemaida (Tolima),ante las denuncias de cooperación con estos grupos. Como es de conocimiento público, el capitán Garnica ha sido vinculado a un proceso penal por paramilitarismo cuando fue capturado por la Policía Nacional cuando transportaba a un grupo paramilitar en el departamento del Tolima. Como se reseñó anteriormente, en ese año se incrementó de forma alarmante la cifra de muertes violentas en el municipio.

Como ha sido denunciado desde hace bastante tiempo, el paramilitarismo en el departamento de Arauca -y particularmente en Tame- ha pretendido --con algunos resultados-- afianzarse en la carretera conocida como la Vía de los Libertadores que está proyectada para dar salida a Venezuela al océano Pacifico y que une los municipios de Arauca (capital), Puerto Rondón, Cravo Norte y Tame. Esta carretera, está siendo construida por el Ejercito Nacional. De la misma manera, se ha advertido la reiterada presencia de militares en operativos paramilitares. La comisión revisó muchas denuncias de las comunidades en las cuales se manifiesta que los militares utilizan distintivos de los paramilitares como brazaletes y luego se los quitan y actúan como Fuerza Pública.

Esta presencia y el posterior fortalecimiento de los grupos paramilitares en Arauca ha sido denunciado por la oficina del Alto Comisionado de los DD.HH. de la ONU en Bogotá: "Durante estas misiones, la Oficina ha podido observar la disputa territorial existente entre los paramilitares de las AUC - Bloque Vencedores de Arauca y las FARC-EP - frentes 10 y 45- y el ELN - Frente Domingo Laín. El ELN y las FARC-EP han tenido presencia en Arauca desde hace varios años. La presencia de las AUC comenzó en el sur del departamento aproximadamente en agosto del año 2001. Ha llamado la atención que a pesar del despliegue de la Fuerza Pública no se haya podido contrarrestar la expansión de las AUC, con lo cual se ha complicado la situación de Arauca".

Uno de los objetivos de los paramilitares en Tame han sido los miembros de los diferentes sindicatos que allí actúan, como los de la salud --la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia-ANTHOC-, los educadores --la Asociación de Educadores de Arauca-ASEDAR-- y los trabajadores sindicalizados del municipio. Se han presentado asesinatos y amenazas en contra de miembros de estas agrupaciones, como el de maestros, que en los últimos años registra una nefasta cifra de por los menos 21 maestros asesinados en el departamento. Actualmente, la junta directiva de ASEDAR esta sitiada en su sede de Arauca y las subdirectivas del municipio de Tame se han visto obligadas --ante las amenazas y asesinatos-- a disminuir su trabajo legítimo a favor de sus asociados. De la misma manera, se ha generado una declarada pena de muerte en contra de los residentes de las veredas de Tame que se atrevan a visitar el casco urbano. La Comisión pudo comprobar esta situación cuando quiso contratar un vehículo para que la transportarse a ese municipio y los conductores manifestaron que ir a Tame y llevando gente extraña les generaba riesgo para sus vidas y las de sus familiares.

A pesar de los asesinatos, amenazas y persecución judicial en contra de los dirigentes campesinos, sociales, sindicales y de Derechos Humanos, el movimiento social de Arauca ha respaldado a la población civil de Tame y sus organizaciones. Es así como en el 2.002 se realizó un paro cívico que concitó la presencia de más de 5.000 campesinos que se manifestaron en contra de la presencia paramilitar y sus acciones, suscribiéndose un acuerdo llamado ACUERDO DE LA LIBERTAD con las autoridades nacionales, departamentales y locales, sin que se hayan cumplido sus términos sino todo lo contrario: la arremetida paramilitar continuó en su avanzada y tan solo doce (12) días después de la firma del mencionado Acuerdo, los paramilitares incursionaron en Betoyes asesinaron a tres (3) personas, desaparecieron a dos (2) y desplazaron a treinta (30). Y no obstante la legitimidad reconocida de estas manifestaciones civiles , la Fiscalía las ha utilizadas para construir sus cargos de rebelión en contra de los dirigentes sociales que participaron en ellas y que hoy se encuentran detenidos y vinculados a procesos penales.

Igualmente, las autoridades nacionales han sido manifiestamente indolentes con el drama que padecen los habitantes de Tame, a la vez que evidencian una actitud complaciente y un trato benevolente hacia los paramilitares, tal como queda demostrado con la no inclusión de ese municipio en la "Zona de Rehabilitación y Consolidación" decretada en septiembre de 2002 por el Gobierno de Álvaro Uribe al amparo de la Conmoción Interior. La mencionada Zona estuvo vigente hasta los primeros meses de 2003 y, en cambio, sí se incluyó en ella a los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, lo que facilitó, en nuestra opinión, el afianzamiento de los paramilitares en Tame.

Existe, además, el hecho verificable de que la Fiscalía ha demostrado mucho interés en desmantelar las estructuras guerrilleras y de supuestos auxiliadores de la subversión en Saravena, Arauquita y Arauca. Para ello, ha destinado numerosos fiscales e investigadores y ha realizado cerca de una decena de capturas masivas con su consiguiente traslado de los procesos a Bogotá. A pesar de todo esto, en Tame - municipio que desde hace ya varios años presenta la mayor tasa de criminalidad del departamento de Arauca- no ha realizado ninguna de sus célebres redadas masivas ni ha asignado los procesos a unidades especiales de investigación, al extremo que los únicos procesos por hechos criminales ocurridos en Tame que ha adelantado con diligencia la Fiscalía son los atribuidos a la guerrilla.

En el contexto de violaciones a los DD.HH que se suceden en el departamento --con incremento exponencial en los últimos años-- la Comisión quiere destacar la coincidencia del accionar paramilitar y las operaciones militares de gran importancia que se llevan a cabo en el departamento. Así, por ejemplo, cuando se realizó la operación "Arawak" que tenía como objetivo contrarrestar la acción de las FARC y el ELN en junio de 2001, se inicia la presencia de los grupos paramilitares en la inspección de la Esmeralda (21 de julio de 2001); el año pasado (enero-marzo 2003), en desarrollo de la operación "Catedral" con tropas de la Brigada Móvil I y III, Brigada XVIII y de la Fuerza Aérea Colombiana, se presentaron acciones que se atribuyeron a los paramilitares como el asesinato de tres personas en la vereda El Pesebre (Tame a la Cabuya ) en enero 6. En la vereda El Corosito, a tan solo cinco minutos en carro en la vía que conduce a Saravena, cerca de cincuenta (50) hombres identificados como paramilitares asesinaron a una persona, hirieron a otra y secuestraron a más de cinco. Todo esto sucedió en febrero de 2003. Además de estos hechos, se presentaron atentados contra la población indígena (resguardos de Velasqueros y Julieros) que incluyeron bombardeos, detenciones arbitrarias y lesiones personales a un menor de edad. Por estos hechos se denunció a la Fuerza Pública. Fueron igualmente denunciados hechos de acciones "encubiertas" por parte de militares que utilizaban distintivos de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.

Esta situación de violaciones a los DD.HH de la población civil, así como el asesinato de tres hombres y una mujer y la violación sexual de cuatro (4) muchachas de 11, 12, 15 y 16 años, tal como reseñamos en detalle más adelante. Por estos acontecimientos la comunidad de Arauca realizó varias jornadas de protesta, exigiendo la pronta investigación de los asesinatos y el castigo a los responsables. Los hechos dejaron 98 familias preventivamente desplazadas de un total de 448 personas, de los cuales 262 eran menores. Estos desplazados llegaron inicialmente al caserío de Santo Domingo y a Nuevo Caranal y algunos indígenas llegaron hasta Saravena en donde se ubicaron en la parroquia de la ciudad. Hasta allí llegaron funcionarios del Gobierno y se firmaron acuerdos que posibilitaron el retorno de los indígenas, acuerdos que, como de costumbre, han sido incumplidos.

Como epílogo de estos aberrantes ataques contra la población civil de Tame, encontramos la operación Borrasca I, ejecutada después del 10 de mayo de 2.004 y que aún se adelanta. Según fuentes militares, ésta se desarrolló para dar captura a dos cabecillas de las FARC y contó con la participación de la Brigada Móvil V, la Brigada XVIII.

En el marco de la mencionada operación Borrasca I, se ejecutó la masacre del 19 y 20 de mayo del presente año en las veredas de Flor Amarillo, Los Andes, Piñalito, La Rochela, Cravo Charo, La Primavera, Costa Rica y Barcelona, que motivaron la presencia de la Comisión y cuyos hechos presentamos a continuación.


HECHOS

La Comisión, luego de entrevistar a testigos presenciales y a víctimas de los hechos, así como a autoridades públicas, reconstruyó los hechos ocurridos el 19 y 20 de mayo de 2004 en zonas rurales del municipio de Tame, departamento de Arauca.

Inicialmente hay que advertir que en la zona rural del municipio de Tame donde ocurrió la masacre del 19 y 20 de mayo se encontraba densamente militarizada en esos días pues efectivos de las Brigadas XVIII y Móvil No. 5 del Ejército Nacional desarrollaban allí la operación "Borrasca Uno", la cual buscaba -según el general Gustavo Matamoros, comandante de la Brigada XVIII del Ejército- destruir la presencia de grupos guerrilleros asentados en las márgenes del río Ele.

Los trágicos hechos y la jornada de terror padecida por los habitantes de las veredas Flor Amarillo, Los Andes, Piñalito, La Rochela, Cravo Charo, La Primavera, Costa Rica y Barcelona, ocurrieron cuando en las inmediaciones de estos lugares, específicamente en los caseríos de Pueblo Nuevo, La Horqueta, Casa de Zinc, Puente Tabla, El Botalón, Corocito, Macaguancito y Naranjitos, había presencia visible y notoria de tropas del Ejército Nacional, además de unidades militares ubicadas en áreas rurales distintas a los cabeceras veredales, tales como las que se encontraban en el sitio conocido como Caño Guarapo, en las inmediaciones de las veredas Piñalito y Nápoles.

La Comisión obtuvo información fiable sobre el grupo responsable de la masacre: según varios testigos, éste estaba conformado por aproximadamente cien personas -entre ellas dos mujeres - que portaban armas largas, cortas y corto-punzantes, uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y brazaletes de color azul que tenían inscritas en color blanco las letras BVA, sigla de la organización paramilitar Bloque Vencedores de Arauca. Teóricamente, esta agrupación se encuentra en la actualidad en cese de hostilidades debido a su proceso de negociación con el Gobierno Nacional.

Según los testigos, este grupo paramilitar se desplazó a pie desde tempranas horas del día 19 de mayo de 2004 desde la región de Puerto Gaitán, perteneciente al municipio de Tame, pasando por las veredas Carraos y El Templador, para llegar aproximadamente a las 10 de la mañana a la cabecera veredal de Flor Amarillo, que procedieron a rodear.

Inmediatamente después, hasta aproximadamente las 2 de la tarde, los paramilitares instalaron un retén que impidió el tránsito de los vehículos que circulaban por la vía que comunica los municipios de Tame y Arauca -conocida como La Ruta de los Libertadores-, represando en el pequeño caserío un número cercano a los 100 vehículos.

Luego, los paramilitares procedieron a reunir a los pobladores de Flor Amarillo a quienes una persona que se presentó como "comandante", conminó a "trabajar con las autodefensas" a través de expresiones soeces y amenazantes. Esta persona advirtió en especial a los dueños de tiendas y negocios que tan sólo podrían continuar con esa actividad quienes se "carnetizaran en la cabecera de Tame, en un lugar que hallarían con facilidad", haciendo énfasis en que esta advertencia era perentoria y que quien la desobedeciera conocería las consecuencias cuando los paramilitares "visitaran" de nuevo Flor Amarillo.

Antes de terminar la reunión, el jefe paramilitar ordenó que dos encapuchados que lo acompañaban observaran al grupo de personas congregadas. Entonces, los encapuchados señalaron a ELÍAS ORTIZ FLÓREZ, ALBERTO LINARES y JOSÉ DEL CARMEN ACERO, quienes residían en el caserío, y a dos adolescentes que no eran habitantes de Flor Amarillo. Después se supo que ambos respondían a los nombres de VICTOR MANUEL MAZO MARTÍNEZ y ALEXANDER TORRES BOTELLO, que eran jornaleros agrícolas y que tenían domicilio en una vereda vecina del municipio de Arauquita.

Varios campesinos contaron a la Comisión que reconocieron en el grupo de agresores a una mujer delgada y de cabello rubio, llamada por los paramilitares con el apelativo de "la flaca". El pasado 8 de abril, día de Jueves Santo, esta mujer había recorrido los caseríos de Betoyes, Pueblo Nuevo y Flor Amarillo vistiendo prendas de camuflaje, en compañía de soldados de la Brigada Móvil 5.

Los testigos contaron que también habían reconocido a uno de los encapuchados: se trata de un antiguo residente de la vereda La Perla, municipio de Tame, llamado NICASIO SÁNCHEZ, quien había sido secuestrado por los paramilitares con otras tres personas.

Antes de la 1 de la tarde, los paramilitares se dividieron. Un grupo de ellos permaneció en el retén de Flor Amarillo amedrentando a los pobladores, mientras que otro, conformado por aproximadamente 40 personas, se dirigió por la vía destapada que de La Ruta de los Libertadores -a 300 m. al suroeste de Flor Amarillo- lleva a la vereda El Botalón, pasando por las veredas Los Andes, Piñalito y Nápoles. En la primera de éstas -distante aproximadamente 2 km. de Flor Amarillo- los agresores forzaron a los pobladores a prepararles almuerzo y saquearon las tiendas que hallaron. Mientras tanto, el otro grupo permaneció en Flor Amarillo hasta cerca de las 5:30 de la tarde, cuando emprendió camino también hacia la vereda Piñalito.

El primer grupo de paramilitares llevaba consigo a tres de los secuestrados y el otro a los dos restantes. No se conoció exactamente el lugar en el que los dos grupos se encontraron, pero se precisó que a las 6 de la tarde del 19 de mayo, el grupo de asaltantes que permanecía en la vereda Los Andes se retiró de allí.

Aproximadamente a 600 metros de Los Andes, sobre la vía que lleva a la vereda Piñalito, fue asesinada la primera víctima: el joven VÍCTOR MANUEL MAZO MARTÍNEZ, quien fue degollado y presentaba heridas de arma de fuego. Este crimen habría ocurrido aproximadamente a las 6:20 p.m., pues a esa hora la comunidad del sector escuchó unos disparos.

Los paramilitares prosiguieron, por la vía que lleva a El Botalón, hasta un sitio conocido como Caño Guarapo, límite entre las veredas Piñalito y Nápoles. Allí asesinaron, degollándolo, a JOSÉ DEL CARMEN ACERO, quien residía con su familia en Flor Amarillo y trabajaba administrando un negocio de canchas de tejo y como jornalero agrícola.

Miembros de la comunidad reportaron que en el sitio donde fue asesinado el señor ACERO había presencia de tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 5. Estos soldados se encontraban allí desde tempranas horas de la mañana, cuando tuvieron un pequeño y ligero enfrentamiento con unos guerrilleros -del que no se conoció consecuencia alguna-, para luego realizar un retén sobre la vía, reteniendo inclusive por algunas horas a varios ciudadanos. Cuando ya caía la noche se instalaron en los alrededores de Caño Guarapo.

El crimen de JOSÉ DEL CARMEN ACERO tuvo que haber ocurrido entre las 7 y 7:15 de la noche, pues minutos después los paramilitares se regresaron de ese sitio hacia las inmediaciones de Los Andes, ya sin ese secuestrado, y retuvieron allí a tres personas -una de ellas un niño- para que les sirvieran de guía y los condujeran a la vereda La Rochela o Turpiales, pues alegaban hallarse perdidos y buscaban afanosamente quien les indicara el desecho o trocha que llevaba a esa vereda. Esa trocha está ubicada un kilómetro antes del sito donde los paramilitares ejecutaron al señor ACERO.

Antes de internarse en la trocha que conduce a la vereda Turpiales -conocida también como La Rochela- los agresores, sobre la vía y frente a la escuela La Amistad de la vereda Piñalito, asesinaron, también degollándolo, al campesino ALBERTO LINARES, de 57 años. Unos metros más adelante, frente a un camino que lleva a la vereda Barcelona, ultimaron de la misma forma, al joven ALEXANDER TORRES BOTELLO.

Una vez los paramilitares tomaron la trocha hacia La Rochela, el señor ELÍAS ORTIZ FLÓREZ, el único de los secuestrados en Flor Amarillo que no había sido asesinado, intentó huir y fue asesinado por la espalda con arma de fuego. ELIAS tenía aproximadamente 33 años, era empleado de la cooperativa campesina de Flor Amarillo y fue uno de los secuestrados contra quien mayor agresividad y furia mostraban los asesinos, pues afirmaban que "todos los miembros de las cooperativas eran guerrilleros".

Después de asesinar a ELÍAS ORTIZ --tras haberlo retenido durante tres horas- los paramilitares liberaron a uno de los adultos y al niño, que habían utilizado como guías. El otro sólo fue liberado cuando llegaron a La Rochela, donde saquearon dos tiendas e insultaron a los pobladores, al tiempo que vociferaban: "agradezcan que estamos de buen genio, si no los matamos a todos".

Los paramilitares pernoctaron en un sitio ubicado entre La Rochela y la vereda Cravo Charo, caserío este al que arribaron aproximadamente a las 7.30 de la mañana del 20 de mayo, para proceder inmediatamente a reunir a los pobladores en un salón de la escuela. Allí un encapuchado sacó aparte a los campesinos ISMAEL ANTONIO TRIGO, DOMINGO ALFONSO FUENTES MENDIVELSO y CARLOS JULIO VEGA, quien había salido a acompañar a su hija de seis años a la escuela, y quien, desde ese momento y hasta la fecha, se encuentra desaparecido.

Posteriormente, el grupo paramilitar se dirigió al sitio llamado El Maraco, en el cual secuestró a ADOLFO CAMPOS RODRÍGUEZ, quien conducía una camioneta, y a ELEUTERIO VEGA RODRÍGUEZ. El primero fue dejado al cuidado de un pequeño grupo de paramilitares en El Maraco, mientras ELEUTERIO fue conducido al caserío La Primavera, distante a un kilómetro de Cravo Charo, en donde los paramilitares reunieron a los pobladores y secuestraron a MAXIAVEL ANAVE BARRERA y BERNARDO ANTONIO GAITÁN NIEVES.

En esa vereda, concretamente frente a la Escuela 12 de Octubre, y en presencia de los habitantes -incluidos niños y niñas- fue vejado, torturado y asesinado ELEUTERIO VEGA, quien tenía 40 años de edad aproximadamente. Esta víctima era un campesino pobre, que en época de cosecha de plátano laboraba, además, como obrero agrícola.

Una vez ultimado ELEUTERIO VEGA, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, sobrevoló el caserío La Primavera un helicóptero de las Fuerzas Militares, por lo que uno de los agresores pidió a sus compañeros y a los civiles, que se ocultaran en las casas, habiendo obtenido por respuesta de uno de los paramilitares, quien lucía cansado, se había descalzado y tenía los pies llenos de ampollas, la increpación, en malos términos, de "para qué nos vamos a esconder si somos los mismos".

Los paramilitares se retiraron de Cravo Charo y La Primavera poco después de las 9 de la mañana, habiendo asesinado a 600 metros de Cravo Charo, al comerciante ISMAEL ANTONIO TRIGO, quien presentaba señas de tortura y murió degollado. Esta víctima era comisionista de plátano.

Luego los paramilitares se dividieron en dos grupos: uno se desplazó hacia la vereda Barcelona y el otro se devolvió hacia El Maraco, donde hurtaron dos camionetas, una de ellas del secuestrado señor ADOLFO CAMPO, conocido ganadero de la región. En estos vehículos se retiraron del sector, llevándose en calidad de secuestrados a los señores ADOLFO CAMPO, BERNARDO GAITAN, MAXIAVEL ANAVE BARRERA, ALFONSO FUENTES MENDIVIELSO y CARLOS JULIO VEGA. Este grupo tomó la vía que conduce a la vereda Costa Rica, trayecto en el cual asesinaron al campesino BERNARDO GAITAN.

Más adelante, ese grupo paramilitar secuestró a otras tres personas, todas transeúntes de la vía, y asesinó al campesino MAQUIAVELO ANAVE BARRERA.

Los dos grupos paramilitares se volvieron a encontrar en el sitio donde se unen las vías que de Costa Rica y Barcelona conducen a La Ruta de los Libertadores. Allí liberaron a las tres personas que habían secuestrado minutos antes y prosiguieron, en tres camionetas hurtadas, un par de motos y otros a pie, llevándose consigo secuestrados a ADOLFO CAMPOS RODRÍGUEZ, DOMINGO ALFONSO FUENTES MENDIVELSO y CARLOS JULIO VEGA.

El mencionado sitio, donde se encontraron los dos grupos paramilitares, está ubicado a menos de 700 metros de La Ruta de los Libertadores y en las inmediaciones del corregimiento Betoyes, municipio de Tame, caserío por donde los agresores, con los secuestrados, los vehículos y los bienes hurtados, pasaron siendo aproximadamente la 1 de la tarde.

Los cadáveres de los señores ADOLFO CAMPOS RODRÍGUEZ y DOMINGO ALFONSO FUENTES MENDIVELSO fueron hallados en el sitio conocido como La Y de Rincón Hondo, lugar en el que se bifurca la vía que de esa vereda conduce a Betoyes y Puerto Rondón. Por su parte, el señor CARLOS JULIO VEGA permanece desaparecido.

Los cadáveres de las víctimas MAQUIAVELO ANAVE BARRERA, BERNARDO GAITÁN y ELEUTERIO VEGA RODRÍGUEZ -que no fueron levantados por las autoridades- fueron recogidos y sepultados por sus familiares y la comunidad, en un rito dirigido por un sacerdote católico. Sus restos reposaban en un improvisado cementerio de la vereda Cravo Charo, mientras los despojos de ELÍAS ORTIZ FLÓREZ fueron sepultados en el cementerio de la vereda Caño Camame, de Tame, entre las veredas Flor Amarillo y Pueblo Nuevo, en la ruta que de ese municipio lleva a Arauca.


LAS VOCES OFICIALES FRENTE A LA MASACRE

Antes de adentrarse en la zona rural de Tame para dialogar directamente con los familiares de las víctimas y con los pobladores en general acerca de los hechos del 19 y 20 de mayo, la Comisión de Verificación realizó en el municipio de Arauca una visita al señor gobernador del departamento, Julio Enrique Acosta Bernal, al comandante de la Brigada XVIII, General Gustavo Matamoros Camacho, y a la Defensora del Pueblo, Gloria Lilia Cuitiva. La idea de las visitas era preguntar por lo acaecido en esos días y sobre la información que se tenía al respecto.

Igualmente, después de constatar con los pobladores los hechos ocurridos y de verificar sobre el terreno los acontecimientos, la Comisión se dirigió a la cabecera municipal de Tame y logró dialogar con el Secretario de Gobierno, Ángel Emiro Gómez, con el Inspector de Policía Javier Sarmiento y con el Personero municipal.

De lo hablado con las personas mencionadas la Comisión quiso dejar constancia en este Informe de algunas frases textuales, pues considera de suma importancia hacerlo ya que ello refleja el pensamiento de los entes oficiales frente a lo que fue la masacre y frente a la actual situación de violencia que vive la población civil araucana.

Gobernador de Arauca, Doctor Julio Enrique Acosta Bernal:

"(...)Es que por aquí, esto está cambiando. Yo, la verdad, es que la defensa de los derechos humanos, el gobierno departamental ha tomado esa bandera y la ha tomado desde el Plan de Desarrollo(...) Yo recibí el departamento siendo el último en violación en derechos humanos y en este momento Arauca está en el quinto lugar ya(...) En Tame, en comparación, ustedes escogen las estadísticas de estos 4 o 5 primeros meses que yo he sido gobernador y que el alcalde ha sido Alfredo Guzmán, y han bajado los asesinatos en Tame cosa bárbara".

"La responsabilidad de los derechos humanos está primero en el gobernador del departamento y luego en los alcaldes y segundo, después de los alcaldes, están los personeros y lógicamente en las Fuerzas Militares, el Ejército y la Policía".

"Lo excelente es que no hubiera un sólo muerto en Arauca, que cumpliéramos esa profecía que dice que en tiempos de paz los hijos entierran a los padres, en tiempos de guerra son los padres los que entierran a los hijos, ojalá que aquí nos muriéramos de viejo".

"Aquí los grupos terroristas se disfrazan. En este momento he sabido que están saliendo con un balón, con un equipo de la selección Colombia o un equipo de fútbol de la vereda a atracar los buses. Entonces los llega a dar de baja el ejército, ¡huy, mataron a un joven futbolista!... eso es lo que están haciendo".

"Eso hay dudas: las informaciones que tenemos --refiriéndose a las víctimas- es que eran los que salían a atracar en la carretera (...) El informe que nosotros tenemos es de cuatro muertos que llevaron a Tame que no sé cómo se llaman, son NN, y tres muertos que había en una fosa común que los iba a identificar la Fiscalía de Derechos Humanos".

"Hoy en día ni la guerrilla, ni los terroristas, ni las autodefensas andan con uniformes. Eso era antes, ahora no: ahora ya andan se camuflan entre la población civil y ahí está la situación. Entonces para nosotros es muy difícil determinar eso y detectar eso".

"Hay maestros que abandonan su labor de maestros y se ponen a hacer otras cosas extras, entonces ahí es donde vienen los problemas: los unos los tildan de auxiliadores de la guerrilla o los otros los tildan de auxiliadores de los paramilitares".

"Nosotros sabemos que los paramilitares en unos momentos ellos se mueven, ellos están acá (...) Al igual que la guerrilla, ellos tienen sus puntos estratégicos, es que esos paramilitares se han venido del Casanare (...) Entonces eso es una estrategia, en esos sitios no hay asentamientos paramilitares, vienen de otras regiones (...)Hay mucha gente que le ha parecido bien que vengan las autodefensas, pero hay otros que no porque sabemos los defectos de eso, que no nos gusta eso porque sabemos que las autodefensas sacan a la guerrilla y después se adueñan ellos y peor (...) Entonces antes le daban la plata a la guerrilla, ahora tienen que dársela a las autodefensas".

"¿Qué estamos haciendo las autoridades?, tratando de que el Ejército, la Policía y el DAS, inclusive ya llevamos el DAS a Tame, ya tenemos allá para que hagan inteligencia. Pero como es un pueblito en medio de una selva pues los bandidos llegan disfrazados de campesinos (...) Nosotros movemos al Ejército, yo soy un tipo que molesto: mire que por allí hicieron presencia las autodefensas, cáiganles, por allí está el ELN hágale, por allí anda las FARC... pero no podemos hacer más de eso, garantizarle a una persona la seguridad en una selva de estas es muy difícil (...) En los pueblos ahora afortunadamente tenemos tranquilidad (...) En el campo ha sido el problema, entonces la gente en el campo, el que esté en la mitad, pues se lo llevan".

General Gustavo Matamoros Camacho:

"Las tropas adelantan la Operación Borrasca I, concentrada en el río Ele (...) La Operación está destinada al área base de la guerrilla: La Horqueta, donde cuando llegó la tropa sólo encontró mujeres porque los hombres estaban en sus funciones de milicianos, Casacín, el Cámping, Botalón, Puerto Nidia, Puente Tabla, Pueblo Seco, Matacaña, toda la orilla del río Ele (...) Cravo Charo y Flor Amarillo no hacen parte de la Operación Borrasca".

"Ellos hicieron presencia en la Primavera, Cravo Charo y Flor Amarillo diez días antes de la Operación Borrasca. El día de los hechos no había tropa. Posiblemente los paramilitares se mantienen en el lugar de los hechos por que el Ejército llegó y después se salió, lo que les permitió entrar. Las tropas más cercanas al lugar de los hechos fueron la Brigada Móvil 5 que al día siguiente estuvo cerca de Piñalito (...) El número de víctimas reportadas son once muertos y un desaparecido".

"Aquí la población son muchos milicianos, la guerrilla no tiene grandes campamentos como en otras zonas. Son pueblos guerrilleros (...) Es difícil establecer la condición de las personas: si son civiles, delincuentes...".


Defensora del Pueblo de Arauca, Doctora Gloria Lilia Cuitiva:

"A raíz de las llamadas del 20 de mayo (...) actuamos. Como de común, notificamos a las autoridades militares competentes, en este caso se habló con el Coronel Cruz y desplazó sus tropas allí".


Alcaldía de Tame. Secretario de Gobernación, Angel Gómez e Inspector de Policía Javier Sarmiento:

"Como administración --refiriéndose al grupo responsable del hecho- no podemos asegurar si fue la guerrilla o los paramilitares pero es una zona que ha sido controlada desde más de 20 años por la guerrilla (...) Se desconoce el móvil del asesinato de esas personas (...) No se sabe si fueron los mismos actores quienes hicieron eso".

"En el municipio de Tame hay presencia de las FARC, el ELN y las Autodefensas del Bloque Vencedores de Arauca, BVA".

"Los paramilitares tienen control territorial sobre la sabana de Arauca, deben estar en algún sitio pero no saben si la autoridad ya habría ido a buscarlos".

"Solamente tenemos la gran dificultad de los grupos insurgentes de este país. Son la perdición porque tenemos las vacunas cotidianas contra el sector productivo, el cierre de las vías (...)".

Personero de Tame

"Se reportó la muerte de once personas y la desaparición de otra más, sin embargo ningún familiar de las víctimas ha instaurado la respectiva denuncia".

"Los pobladores de la zona urbana de Tame ven a los de la zona rural como guerrilleros y los de la zona rural ven a los de la zona urbana como paramilitares".

VALORACIÓN

La comisión halló graves indicios que comprometen la responsabilidad de agentes estatales en la masacre, entre ellos los siguientes:

1. El Ejército Nacional había saturado con varios centenares de efectivos de las Brigadas XVIII y Móvil No. 5, en desarrollo de la operación Borrasca Uno, amplias zonas de Arauca adyacentes a los lugares donde ocurrió la masacre y controlaba un significativo tramo de la Ruta los Libertadores, entre los municipios de Tame y Arauca. Sin embargo, las tropas institucionales no tenían presencia ni ejercían control en los lugares en los que reiterativamente se ha denunciado hacen abierta presencia presuntos paramilitares ni en los segmentos del referido eje vial donde continuamente éstos realizan retenes, tales como el corregimiento Betoyes y el trayecto de la vía que de allí lleva a la cabecera de Tame. La Comisión quiere señalar la falta de presencia de tropas del Ejército precisamente en las zonas de control y en los corredores de movilización de los paramilitares y señalar también la evidencia de la cómplice despreocupación del Estado frente a los crímenes que comete ese grupo armado, que bajo nuestro punto de vista es una clara manifestación de la deliberada intención de favorecer a los grupos paramilitares en la realización de la masacre. Esta situación es más grave aún, si se tiene en cuenta que un mes antes de la masacre organizaciones defensoras de derechos humanos de Arauca habían advertido sobre la inminencia de acciones criminales de paramilitares contra los pobladores de Flor Amarillo, denuncia que mereció la activación del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y, paradójicamente, la nula atención de las autoridades civiles y militares del departamento de Arauca.


2. El control militar de los corredores viales es considerado un elemento medular de las políticas de "seguridad democrática" impulsadas por el Gobierno nacional. En Arauca, la Ruta de los Libertadores es la principal de ese departamento y ha sido proyectada para constituirse en una de las más importantes vías terrestres del país, dado que interconectará en un futuro a Bogotá con Caracas. La importancia de esa ruta para el Gobierno y la existencia de planes de seguridad especial para garantizar la circulación tranquila en esa vía, fue admitida y reconocida ante la Comisión por el Gobernador de Arauca, Sr. Julio Acosta Bernal, y por el comandante de la Brigada XVIII del Ejército Nacional, General Gustavo Matamoros. Ello también se deduce del hecho que el Gobierno nacional y el departamental de Arauca hayan decidido adjudicar a las Fuerzas Militares, a través de un contrato Inter.-administrativo, la rehabilitación de esa vía, proyecto actualmente en ejecución. Siendo las cosas así, para la Comisión resulta muy indicativo de responsabilidad -sea por omisión o por previa programación de inactividad para favorecer a los criminales- que los paramilitares hubieran interrumpido e impedido por cerca de cuatro horas la circulación de vehículos por La Ruta de los Libertadores, en el caserío Flor Amarillo, el 19 de mayo. Al parecer, ese día, ni las tropas que ejercen control sobre el tráfico vehicular a 30 kilómetros al noreste de ese caserío, en el corregimiento Pueblo Nuevo (lugar donde hay una base militar), ni las acantonadas en la cabecera de Tame, se percataron del hecho irregular que había afectado la circulación en el eje vial que normalmente ellos tenían la misión de proteger y preservar de las incursiones de grupos armados ilegales. Es de anotar que si las tropas hubieran intentado destaponar la vía o verificar las razones por las cuales el tráfico permaneció paralizado durante varias horas, ello necesariamente habría significado un choque con el grupo de paramilitares, pues éste permaneció en Flor Amarillo hasta bien entrada la tarde del 19 de mayo y se retiró al día siguiente de la zona donde incursionó, por un lugar cercano a ese caserío y, en todo caso, utilizando para ese propósito, precisamente La Ruta de los Libertadores.


3. Igualmente, los mandos de las Brigadas XVIII y Móvil No. 5 del Ejército Nacional, no han ofrecido a las comunidades afectadas ni a la Opinión Pública ninguna explicación que permita comprender por qué un numeroso grupo paramilitar pudo desplazarse, en una zona que desconocían, por cerca de 36 horas sin ser detectado por los militares. Y ello pese a que el Ejército Nacional había saturado el área de Pueblo Nuevo, El Botalón y Corosito (al sur, suroeste, oeste y noreste del lugar donde ocurrió la masacre) con varios centenares de militares y desarrollaba en esa zona un operativo envolvente, el "Borrasca I".


El paramilitarismo se campea por las calles de los municipios araucanos a vista y paciencia de las autoridades.Saravena. Foto: Organizaciones Sociales de Arauca.


4. La Comisión no puede dejar de señalar lo paradójico que resulta que el mismo día que los paramilitares victimizaban a los pobladores de Cravo Charo, Barcelona y La Primavera, el comandante del Ejército Nacional, General Martín Orlando Carreño Sandoval, visitara, en el mismo sector, a los efectivos militares desplegados en la vecina vereda de Pueblo Nuevo. La visita del comandante Carreño a esa zona implicó un necesario refuerzo de mejora de la seguridad en el área, lo cual, sin embargo, no impidió que un numeroso contingente paramilitar se movilizara por el sector, sin ser ni detectado ni combatido por las Fuerzas Militares.

5. Otra circunstancia que compromete de manera grave y directa a los efectivos del Ejército Nacional en estos crímenes, es que desde el mediodía del 19 de mayo se conoció en el área general de Tame la incursión paramilitar al caserío de Flor Amarillo y de los crímenes que se estaban cometiendo allí. A pesar de ello, y de que el Ejército contaba con varios centenares de unidades expertas en combate en zonas cercanas a Flor Amarillo, tanto en el norte y noroeste, como hacia el oeste, sur y sureste de allí, los mandos de las Brigadas XVIII y Móvil No 5 no emprendieron ninguna acción para desalojar a los paramilitares de ese poblado ni para impedir que incursionaran y cometieran crímenes contra otras comunidades. Los altos mandos de las Brigadas XVIII y Móvil No 5 mantuvieron en la pasividad a sus hombres por un lapso cercano a las 36 horas, es decir, el tiempo que necesitaron los paramilitares para cometer la masacre y, luego, retirarse tranquilamente llevándose a sus santuarios de El Plato, Puerto Gaitán, Los Aceites y Mapoy los bienes que hurtaron a los pobladores y a tres de las personas secuestradas.

6. La Comisión también recibió testimonio de varios pobladores del sitio conocido como Caño Guarapo y de zonas adyacentes, que de manera consistente relataron que en la mañana del día 19 de mayo se presentó en ese sitio una ligera escaramuza entre un pequeño grupo de subversivos y tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 5, las cuales coparon la zona y ejercieron control de manera visible, hasta el final de ese día, sobre las personas y vehículos que transitaban por el carreteable destapado que circunda ese lugar y comunica las veredas El Botalón y Piñalito con el municipio de Tame. Los testigos también relataron que los militares, una vez cayó la noche, permanecieron emboscados en los alrededores de la vía. Esta información es trascendente porque en el lugar conocido como Caño Guarapo, a 500 metros de la cabecera veredal de Piñalito, los supuestos paramilitares asesinaron, degollándolo, al ciudadano JOSÉ DEL CARMEN ACERO entre las 7 y 7:30 de la noche del 19 de mayo. Estos hechos permiten deducir que los paramilitares y las unidades del Ejército se encontraron en el lugar donde los primeros ejecutaron a una de las personas que habían secuestrado, sin que ello hubiera significado un choque militar entre los dos grupos. Por ello, exigimos a los organismos de control e investigación del Estado que adelanten con prontitud una investigación seria e imparcial que permita establecer cuál era la ubicación de las tropas oficiales del Ejército en Caño Guarapo la noche del 19 de mayo de 2004, y si las razones por las cuales no reaccionaron ante la presencia de un grupo paramilitar obedecieron al previo comprometimiento con el plan criminal dirigido a victimizar a los pobladores de zonas rurales de Tame.

7. La Comisión entiende que el cúmulo de hechos que liga a militares con el escenario y la consumación de la masacre no obedece a simples y desafortunadas coincidencias, sino que indica que agentes estatales estuvieron comprometidos en el asesinato de once ciudadanos, la desaparición forzada de otro, el desplazamiento de más de 100 familias, el hurto de innumerables bienes materiales y los actos de terrorismo padecidos por los habitantes de zonas rurales de Tame el 19 y 20 de mayo de 2004. Todas estas personas habían sido peligrosamente estigmatizadas como subversivas por las autoridades civiles y militares que, paradójicamente, están llamadas a darles protección y, que por el contrario, de manera general les ofrecen el trato de "enemigos de las instituciones".


8. Consideramos preocupantes las afirmaciones del Gobernador de Arauca en cuanto a que la guerrilla se camufla entre campesinos y que no hay actores armados uniformados en la región. Creemos que esas declaraciones contribuyen a la justificación de violaciones a los derechos fundamentales de la población civil en medio del conflicto armado. Así mismo, resulta ofensivo y desconsiderado del dolor de los familiares de las víctimas plantear que los campesinos asesinados eran "los que salían a atracar en la carretera".

Por otra parte, se demuestra en este Informe que los datos de víctimas por muerte violenta no han disminuido sino al contrario: han aumentado ostensiblemente, a partir del año 2001, con las constantes incursiones de grupos paramilitares a Arauca y a pesar de la excesiva militarización del departamento.

Especial preocupación nos genera la estigmatización directa contra poblaciones como La Horqueta y, en general, contra las poblaciones y veredas del departamento en cuanto a que "son pueblos de guerrilleros", tal como lo afirma el comandante de la Brigada XVIII, General Gustavo Matamoros Camacho.

En cuanto a la Defensora del Pueblo, Doctora Gloria Lilia Cuitiva, sorprende que aún tenga confusiones respecto de los autores de este aterrador crimen, por cuanto ella recorrió la zona de los hechos y habló con los pobladores, lo que denota que no da crédito al testimonio de la comunidad y sí, en cambio, al del Ejército que, supuestamente, nunca estuvo allí mientras se producía la masacre.


RECOMENDACIONES


1. A la Fiscalía General de la Nación: desarrollar con imparcialidad, eficiencia y prontitud las investigaciones de los crímenes ocurridos el 19 y 20 de mayo en zona rural de Tame.
2. A la Procuraduría General de la Nación: designar una comisión especial de investigación de las quejas presentadas contra funcionarios públicos por violaciones a los derechos humanos en el departamento de Arauca.
3. Al Gobierno nacional: garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de los pobladores de Arauca y, en especial, impedir que la creciente militarización de ese departamento coincida con la expansión de los grupos paramilitares, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora. Asimismo, abstenerse de estigmatizar a las comunidades campesinas y a las organizaciones sociales de Arauca.
4. A la Comunidad Nacional e Internacional: respaldar y apoyar a las comunidades campesinas de Arauca, las cuales con admirable decisión, valentía y conciencia ciudadana resisten las acciones criminales que las victimizan y construyen propuestas vida que les permiten, a pesar de todo, seguir permaneciendo en su territorio.

ANEXOS


MUNICIPIO DE TAME
VEREDA CRAVO CHARO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Los suscritos directivos de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cravo Charo, municipio de Tame, departamento de Arauca, hacen constar que el día jueves 20 del mes de mayo del año 2.004, aproximadamente a las 7.30 de la mañana del citado día, irrumpieron sorpresivamente en el Caserío Cravo Charo, vereda del mismo nombre, un grupo desconocido de gente fuertemente armada portando uniformes y armas de uso exclusivo del Ejército Nacional y un brazalete de color azul en el cual estaban estampadas las letras BVA.

Cuando los moradores del caserío y casas adyacentes se percataron de ello, fueron obligados a salir de sus viviendas y a reunirse en la escuela. Allí, un comandante de esa agrupación dijo a los reunidos que iban a hacer una escogencia de personal y que los que ellos sacaran del grupo serían ajusticiados más adelante, no muy lejos del lugar, para que los sepultaran.

Del Caserío Cravo Charo, después de encerrar en un salón de la escuela a las personas que habían recogido por las casas, los hombres armados las sacaron al patio y de allí se llevaron a las siguientes personas:

- ISMAEL ANTONIO TRIGOS, quien fue encontrado como a 600 metros del caserío. Presentaba señales de tortura; quemaduras en brazos y pierna y había sido completamente degollado con arma corto-punzante.

- ELEUTERIO VEGA, asesinado con arma de fuego de tres disparos -que le partieron las mandíbulas- con trayectoria de atrás hacia delante. También tenía la pierna derecha acuchillada y partida.

- En el caserío La Primavera MAQUIAVELO ANAVE, de 35 años aproximadamente. Presentaba una herida a la altura de la fosa nasal izquierda con salida por la parte superior del cráneo, lo que ocasionó que se le salieran los sesos completamente.

- Fue encontrado en Betoyes BERNARDO ANTONIO GAITÁN NIEVES, de 28 años, que presentaba quemaduras en brazos y piernas, una herida de arma de fuego en el pómulo izquierdo con orificio de salida en el cerebelo y otra en el oído izquierdo aparentemente sin salida. Este cadáver fue encontrado en la vereda Costa Rica a la vera del camino.

Ante la negativa de las funerarias para trasladarlos a Tame (cabecera municipal) y ante la imposibilidad de que las autoridades hicieran el levantamiento correspondiente, estos cuatro cadáveres enumerados antes fueron levantados 30 horas después de su deceso y sepultados en un potrero de la vereda, debido a su avanzado estado de descomposición. Los cadáveres fueron recogidos por la comunidad en general, incluidos sus familiares, y llevados a la escuela de la vereda donde fueron velados durante el tiempo ya anotado.

De la escuela Cravo Charo, después de arengar a la población, estos asesinos se dirigen al caserío La Primavera, distante 3 kilómetros aproximadamente. Allí hicieron lo mismo: reunieron a la gente en la carretera y del grupo sacaron a tres de las personas que ya se nombraron, las cuales fueron encontradas muertas más adelante, como ya queda descrito.

Tenemos conocimiento de que en el punto Rincón Hondo, de la carretera que conduce de Tame a Puerto Rondón, fueron encontrados los cadáveres de GILBERTO NEIRA Y ADOLFO CAMPOS los cuales fueron llevados hacia Tame tal vez por orden de la Fiscalía.

Así las cosas, la Junta Comunal de Cravo Charo cree haber cumplido con el deber de hacer constancia de los hechos acá relatados.

En constancia se firma por los directivos comunales a los 21 días del mes de mayo del 2.004.


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Nosotros, el movimiento comunal del municipio de Tame, nos solidarizamos con las víctimas y comunidades afectadas por los hechos sucedidos en las veredas La Perla, Piñalito, Los Andes, Barcelona y Cravo Charo, así como en los caseríos La Primavera y Flor Amarillo, en donde fueron masacrados 13 campesinos y desaparecido uno, del cual no se tiene información hasta el momento, por parte de supuestos paramilitares identificados con brazaletes de BVA (Bloque Vencedores del Arauca), el pasado 20 de mayo.

A estos hechos se suma la desaparición de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Perla y el asesinato de otros dos campesinos, hace un mes aproximadamente.

Nos preguntamos por qué estos hechos se dieron en el marco de la Operación "Borrasca Uno", llevada a cabo por la Brigada XVIII y la Brigada Móvil #5 del Ejército Nacional, en todo el departamento, por lo cual fue militarizada la zona rural del municipio de Tame. Según el mismo Ejército difunde a través de los medios de comunicación radial, local y nacional, estos operativos se hacen para brindar seguridad a los pobladores de la región y para garantizar inversión social.

Sin embargo, no se han visto avances en el desarrollo económico y social de la región. Al contrario: se están vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la Educación, ya que la mayoría de los niños del municipio de Tame -y en general en el departamento de Arauca- están sin estudio porque no han sido nombrados profesores para las escuelas y colegios.

Exigimos una investigación a fondo de los hechos por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría para que haya justicia frente a estos crímenes de Lesa Humanidad y contra la población araucana. Que la investigación aclare quiénes son los verdaderos culpables y se les castigue de forma ejemplar.

Así mismo, el Estado está en la obligación de reparar los daños morales, psicológicos, económicos y sociales causados a la población de estas veredas y debe prevenir futuros hechos violentos y garantizar nuestra permanencia en el territorio. Se requiere la desmilitarización inmediata de las viviendas, colegios y sitios públicos de la población civil, acorde con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Recordemos que nuestro municipio ha sido golpeado por hechos tan violentos como el bombardeo a la población civil de Santo Domingo en 1998 y la masacre a los indígenas Guahíbos en Betoyes, en el 2.003. La población civil del municipio de Tame, en especial la de la zona rural, es totalmente vulnerable y se halla en el medio del conflicto.

Debido a estos acontecimientos, tomamos la decisión de realizar un Cabildo Abierto en el caserío de Botalón, con la presencia de una delegación de organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

Pedimos protección especial para los pobladores de la región por parte de las organizaciones de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales. Solicitamos que esa protección consista en un acompañamiento permanente de la comunidad internacional a nuestra Comunidad, así como atención psico-social, apoyo económico a los proyectos comunitarios y seguimiento y monitoreo de la situación.

Pedimos que se solidaricen con nosotros en la búsqueda de la verdad y la justicia frente a estos hechos y que nos brinden apoyo y respaldo a las organizaciones comunitarias y a la población civil araucana.

MOVIMIENTO COMUNAL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

El Botalón, 4 de junio de 2004


DENUNCIA PÚBLICA.

Departamento de Arauca- Colombia, junio 9 de 2004.

EN MEDIO DEL VASTO OPERATIVO MILITAR BORRASCA I, DESARROLLADO POR LA BRIGADA 18 Y MÓVIL V, AUMENTA LA MASACRE DE VÍCTIMAS CIVILES EN EL
MUNICIPIO DE TAME.

El valor de la vida no tiene condición social, económica, cultural ni política. Sencillamente, el derecho a la vida es indescriptible e inalienable en todo ser humano, extensivo a todo ser viviente. La violencia degradada no estratifica la muerte, se ensaña en forma generalizada contra humildes campesinos, indígenas, profesores, líderes sociales, políticos, periodistas, ganaderos, comerciantes e ilustres personalidades de la cultura y las letras, todos ellos legado cultural e histórico de esta región de Colombia. Pero sólo tenemos una guerra total y unos discursos belicistas de los gobernantes, que alejan cada día las posibilidades de paz y, por el contrario, agudizan el estado degradante de violencia que cubre de charcos de sangre nuestras tierras. ¿A quién beneficia esta guerra, que de manera perversa y obstinada defiende y perpetúa las políticas de "Seguridad Democrática" del presidente Uribe ?.

El pueblo colombiano y araucano sabe que hay unos intereses soterrados que promueven el conflicto para beneficio propio: son los intereses económicos de los Estados Unidos que, a través de las trasnacionales, se apropian a toda costa de las riquezas petroleras que en el tiempo de aplicación del Plan Colombia, con la máscara paramilitar utilizada por las fuerzas militares para ocultar su barbarie y la estrategia temeraria de incluir la población civil en el conflicto armado, han sembrado de muerte al departamento de Arauca.

Haciendo uso de nuestro derecho legítimo y constitucional y de nuestro deber irrenunciable a defender la vida y los derechos humanos, nos dirigimos a la Opinión Pública, organismos defensores de los derechos humanos regionales, nacionales e internacionales, a los organismos de control y justicia del Estado y medios de comunicación para denunciar lo siguiente:

1. Deploramos la masacre del 7 de junio, en la vereda San Lope del municipio de Tame, donde fueron asesinados, el ilustre historiador y escritor araucano Plutarco Granados, quien se desempeñaba como presidente de la Academia de Historia Juan Galea del municipio de Tame, el ganadero José Ramírez, el joven Alírio Romero y fue asesinado también el campesino José Onésimo Gutiérrez, en el intermedio de las veredas Tamacay y Puerto Miranda del municipio de Tame.

2. Desde el sangriento 20 de mayo y lo que va corrido del mes de junio, en el marco del operativo militar " Borrasca I", se han masacrado 13 campesinos en Flor Amarillo, Piñalito, Cravo Charo y la Rochela, 6 campesinos en Mata de Topocho y 1 anciano campesino en Bajo Caranal, que sumados a los asesinatos en San Lope y Tamacay, suman la macabra cifra de 24 víctimas civiles indefensas, 23 de ellas en el municipio de Tame, bajo la farsa de la máscara paramilitar.

3. Con este número de víctimas, aumentan a 105 los crímenes que deja la caravana de la muerte en el municipio de Tame, en lo que va corrido del 2004 y desborda la escalofriante cifra de más de 800 civiles masacrados durante los años del 2002 al 2004. Esta cifra horrorosa no tiene precedentes en la historia de Arauca ni a nivel nacional, habiendo sucedido, además, en uno de los departamentos más militarizados del país, como resultado de la implementación de las política de "Seguridad Democrática", del Plan Colombia y de la loca carrera para explotar los recursos naturales y el petróleo. Son crímenes que permanecen en total impunidad, la mayoría de ellos ocultos bajo la máscara paramilitar, que a toda costa se quiere implementar en la región como pretexto para justificar la criminalidad y el desplazamiento en una supuesta guerra de disputa territorial entre grupos ilegales.

El Gobierno nacional y los organismos de control y justicia, son los mayores gestores de tamaña impunidad. A pesar de que las comunidades campesinas se han declarado en Estado de Emergencia Social y Humanitaria desde el 25 de mayo y de que desarrollan un paro campesino, en protesta por estas masacres y atropellos -en el marco del operativo militar " Borrasca I "- el Gobierno no ha respondido al llamado urgente y, por el contrario, las Fuerzas Militares se refieren siempre con agravios y señalamientos tendenciosos a los campesinos.

5. Nos unimos al clamor y al luto que cubre a la familia de hombres de historia y letras del departamento de Arauca por la desaparición del ilustre Plutarco Granados. Nos unimos también a cada una de las familias que sufren el rigor de esta guerra fratricida. Sea este el momento para convocar nuevamente a la solidaridad internacional, para solicitarles que realicen una veeduría y verificación permanentes de la crisis humanitaria que se ha desatado en nuestra región.

POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA.

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA


Firman este Informe:

- Comité de Derechos Humanos Joel Sierra
- Asociación Campesina de Arauca- ACA
- Humanidad Vigente Corporación Jurídica
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
- Red Europea de Hermandad y Solidaridad- REDHER
- Asociación Minga
- Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia- RECORRE
- Coordinador Nacional Agrario
- Corporación Sembrar

 
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