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Carta abierta a AUV le responsabiliza de consentimiento de crímenes de lesa humanidad por Intelectuales del mundo
Una dura carta abierta al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha sido dada a conocer en el día de hoy firmada por más de 30 académicos, juristas, artistas y personalidades de Europa, América Latina y Estados Unidos, entre quienes se encuentra el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, varios obispos, teólogos, sacerdotes y escritores, la mayoría de ellos españoles. En esta carta se responsabiliza a Uribe Vélez de lo que está ocurriendo y pueda pasar de ahora en adelante ante las amenazas de muerte recibidas por defensores de derechos humanos, que han sido directa y personalmente señalados por Uribe Vélez, quien a juicio de los firmantes está consolidando la impunidad de crímenes como los recientemente ocurridos en la región de Urabá, donde fueron masacrados niños, mujeres y líderes campesinos en estado de indefensión, ante lo cual Uribe no ha pedido perdón por estos hechos y sus graves acusaciones. Esta carta constituye una constancia moral y jurídica, en momentos en que el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha expresado en Bogotá una vez más un absoluto e íntegro respaldo a Uribe Vélez y su "política de seguridad", bajo la cual se cumple un itinerario de aniquilamiento de organizaciones sociales y represión. A diario en Colombia se registran desapariciones forzadas, torturas, asesinatos selectivos, amenazas de muerte y matanzas, ejecutadas por las fuerzas militares y sus asociados paramilitares. El apoyo amplio, explícito, categórico e incondicional de Rodríguez Zapatero a la política de Uribe Vélez es contrario a las recomendaciones y obligaciones internacionales de derechos humanos que Naciones Unidas ha denunciado se incumplen en Colombia. Aparte de firmas individuales, la carta abierta comienza desde hoy a ser firmada por organizaciones de todo el mundo solidarias con las comunidades y personas defensoras de los derechos humanos amenazadas de muerte y exterminio. Para adhesiones a la carta, transmitir mensaje a la dirección provisional: cartabiertaUribe@latinmail.com Texto íntegro de la carta abierta al presidente de Colombia: Señor Sr. Presidente Uribe, Quienes firmamos esta carta abierta somos académicos, investigadores, juristas o interlocutores en foros de reflexión y acción sobre la realidad del mundo. Hasta nosotros y los espacios de nuestro trabajo, desde hace años han llegado las voces de incontables e inolvidables víctimas de la violencia social y política que vive Colombia. Les hemos escuchado y sabemos de su sufrimiento. A muchas les hemos acompañado, y de la mano del testimonio que han dado y de las objetivas circunstancias de injusticia que comprobamos, hemos profundizado nuestro conocimiento acerca de las causas y las consecuencias de una de las confrontaciones más desgarradoras en el planeta. El pasado 21 de febrero se consumó una matanza espantosa en San José de Apartadó, Urabá, contra campesinos, niños y mujeres en estado de indefensión. Estas personas humildes fueron asesinadas con la mayor sevicia. Sus cuerpos estaban descuartizados. Es uno de esos crímenes de lesa humanidad imborrables, de los cientos que militares y paramilitares han cometido impunemente durante muchos años. Allí fue asesinado Luis Eduardo Guerra, cofundador de una Comunidad de Paz que conocemos. Así también el sábado 5 de marzo fue desaparecida, torturada y asesinada Irma Areiza, de la Comunidad de Dabeiba. De igual forma, el 29 de enero fue asesinado el líder Pedro Murillo, de la Comunidad de Jiguamiandó. Las tres personas, además de ser promotoras de resistencias civiles en estas meritorias Comunidades, eran testigos directos de crímenes de la estrategia paramilitar en la misma región. Al tiempo, personas como Javier Giraldo, sacerdote jesuita a quien conocemos hace décadas, otros miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y más defensores de estas Comunidades, a quienes tratamos por su trabajo a favor de los derechos humanos, han sido amenazados o acusados por organismos estatales represivos de ser apoyos o miembros de la insurgencia. Su gobierno, en lugar de pedir perdón públicamente y rectificar, ha amenazado de manera reiterada y ordenado acabar con estas Comunidades, al anunciar que las tropas, que han sido sistemáticamente agresoras y homicidas, van a ocupar militarmente las tierras de estas poblaciones, no sólo destruyendo su principio rector de neutralidad y distinción en el conflicto, sino asegurando el despojo de estos territorios y títulos colectivos, que ya vienen siendo usurpados violentamente por salvajes proyectos económicos. Ya tenemos claro, Sr. Presidente Uribe, con todos los elementos de juicio, previos a la masacre y posteriores a ella, que está en marcha la decisión de aniquilar esta valiosa y digna experiencia de construcción social de valores de humanidad, que su gobierno no está dispuesto a compartir, como usted lo ha expresado claramente en sus discursos de ataque a la Comunidad, uno de ellos el 27 de mayo de 2004, y hace unos días, el domingo 20 de marzo de 2005, en un consejo de seguridad, en la misma zona donde fue cometida tan execrable masacre. En esta última oportunidad, usted ha apuntado que "líderes, patrocinadores y defensores" de las Comunidades sirven a la subversión o al terrorismo. Mientras, convergen aterradoras amenazas, en Cacarica y Jiguamiandó en esta última semana, como el pasado martes 29 de marzo en Bogotá, con anuncios anónimos de asesinato de los integrantes de Justicia y Paz. La tragedia colombiana nos conmueve e interpela éticamente. El silencio y la omisión nos parecen terriblemente cómplices. No compartimos el objetivo de tergiversar la realidad, como se pretende al punto de mantener la absurda tesis de negar la existencia del conflicto, pisoteando la memoria de las víctimas y atacando a quienes buscan sembrar esperanza en medio de una guerra cruenta. Este mecanismo y otros de falseamiento, operan a favor de la impunidad que su gobierno está consolidando. Deseamos ver a Colombia en paz y justicia. Que no haya ni un muerto ni un desaparecido más. Que ninguna persona sea detenida o amenazada por su lucha por la verdad, la justicia y la reparación dignas. Hacemos responsable directamente al gobierno que ud. preside, sr. Uribe Vélez, si esto continúa pasando, o algo más grave sucediera, en las personas de Javier Giraldo, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz u otro defensor de derechos humanos o integrante de las Comunidades de Paz y Resistencia que ellos y otras organizaciones acompañan, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita de Dabeiba, las zonas humanitarias de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica, del Jiguamiandó, y de Familias de Curvaradó. Suficiente evidencia existe a nuestros ojos que ellos y ellas están en peligro por la eficacia moral de su ejemplo. Hacemos este llamado respetuoso, compartido por cientos de personas en todo el mundo, para que recapacite y tal estrategia se detenga. Atentamente, François Houtart, sacerdote, sociólogo,
profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina,
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