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Atropellos contra la población civil en Puerto Toledo (Meta) por Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos hace conocer la denuncia que ha presentado en esta oficina la población de la inspección de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico (Meta), víctima del conflicto interno, que también se expresa de manera cruda en esa parte del país. La población civil denuncia que el filo del Plan Patriota que adelanta el Gobierno en las áreas del Alto y Bajo Ariari ha venido afectando principalmente a los habitantes inermes de la región. Las operaciones militares que se vienen adelantando en las últimas semanas han degenerado en el afianzamiento de la presencia paramilitar en el área, detenciones de civiles, torturas, maltratos, desapariciones y en el desplazamiento masivo de la población. De 1.200 habitantes que tenía la inspección de Toledo hoy sólo quedan 80 personas. Hechos: Los pobladores de la región han manifestado las siguientes denuncias: En la vereda Mata de Bambú, jurisdicción del municipio de Vistahermosa, así como en el casco urbano y veredas aledañas a Puerto Toledo, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, fueron maltratados, heridos y detenidos miembros de esas comunidades por parte de personal adscrito al batallón Joaquín París. Es aún más preocupante la amenaza que profieren los mismos miembros del Batallón Joaquín París y de las Fuerzas especiales del Plan Patriota, cuando manifiestan que vienen a establecer a los grupos de autodefensas de los Bloques Centauros y Guaviare, comprometiendo seriamente la tranquilidad de los pobladores y en plena contravención con el artículo 2º de la Constitución Nacional. La comunidad de Villa de la Paz y el sector de Puerto Toledo, así como las otras ya mencionadas, hacen denuncia publica del grado de permisividad de las autoridades ejecutivas en cabeza de los alcaldes de Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa y de las fuerzas militares en cabeza del Batallón Joaquín París, Batallón Alban, Batallón 21 Vargas, así como de las Fuerzas Especiales que ejecutan el Plan Patriota y que hacen presencia en estas áreas y que se han visto involucradas, por acción o por omisión, en los siguientes hechos y atropellos: 1. El 13 de diciembre se presentó una incursión de las autodefensas, Bloque Centauros, en la inspección de Villa La Paz. Allí detuvieron tres personas, luego las dejaron en libertad y se retiraron del lugar. 2. El 17 de diciembre volvieron de nuevo y se quedaron todo diciembre. 3. El 13 de enero en el sitio El Chuzo se presentaron enfrentamientos entre las autodefensas y el frente 43 de las FARC; según testigos, estos últimos les causaron más de 100 bajas a las autodefensas. 4. El 16 de enero apareció el Ejército en la vereda El Darién, diciendo que la población civil debía retirarse de las fincas porque iban a hacer un bombardeo. 5. Las autodefensas vienen haciendo presencia y presión en el municipio de San Martín (Meta), en pleno casco urbano, a la luz del día, salen a exigir vacuna para poder pasar la remesa, hasta el punto que han secuestrado comerciantes que se niegan a entregarles dinero. 6. Denuncian el caso de don José Uber Benito Mahecha, quien venía de la vereda El Danubio, Puerto Rico, en un campero Toyota extralargo, color verde, lo interceptaron dos motos en el sitio Alto de la Luna y desde entonces no aparece. 7. El día miércoles 2 de febrero de 2005 el señor Miguel Molina se encontraba en la vereda Caño Alfa viniendo de regreso a su casa en la vereda Miravalle en su vehículo, se encontró con el Ejército Nacional del batallón Joaquín París y lo detuvieron; él es un miembro activo del comité de educación y tesorero de la J.A.C. de la vereda. En ese momento portaba los fondos del comité por valor de $16'400.000. Dichos fondos fueron quitados por las tropas del Ejército, la comunidad fue a reclamar y entregaron el señor pero se quedaron con dos millones de pesos, robando gran parte del dinero de la comunidad. 8. En la vereda Miravalles, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, el miércoles 9 de febrero en curso de las 2 pm, tropas adscritas al batallón Joaquín París, adentraron a los predios del señor Elías Ossa, intimidándolo y robándole algunas pertenencias como prendas, gallinas, etc. También fue amenazado y extorsionado pidiéndole la suma de $500.000 a cambio de no quemarle una parte de su vivienda. Dichas tropas iban comandadas por el sargento viceprimero González, además golpearon un trabajador, lo dejaron en ropa interior y lo llevaron a partes aledañas de donde habitaba, acusándolo de miliciano y guerrillero. El sargento luego llegó furioso haciendo disparos al aire, con palabras soeces y golpeando a los campesinos con sus armas, asustados por la intimidación a que fueron sometidos entregaron sólo cien mil pesos que los acompañaban. 9. En la vereda Bajo Fundadores, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, las tropas que hacen presencia comandadas por el teniente Morales y el capitán Carlos Rodríguez del Batallón Joaquín París se instalaron en el centro educativo, violando claras normas del DIH que prohíbe este tipo de proceder, lo cual perjudica la educación de los niños y pone en riesgo su integridad y su vida. Nota: esto lo hacen todas las tropas en el área, registran las casas indiscriminadamente, matan el ganado y se lo comen sin ninguna autorización. Debido a lo anterior muchas veces se quedan algunos semovientes heridos y abaleados los cuales posteriormente se mueren causándoles pérdidas a los campesinos. 10. En la vereda El Jordán, el 15 de febrero a las 5 de la tarde fueron heridos por un artefacto explosivo lanzado por el Ejército los siguientes pobladores: Gladys López, Rubiela Triviño, Julián López, un trabajador, y los menores de edad Diana Ballesteros de 10 años, Wílmer Ballesteros de 8 años y Cristian Stiven de 4 años. Nos preocupa aún más que las fuerzas militares del Estado lleven en su filas personal encapuchado, señalando campesinos de auxiliadores de la guerrilla y sembrando el terror en los pobladores. Debido a lo anterior, el 15 de febrero fueron detenidas las siguientes personas: José Wilfredo Domínguez, identificado con
C.C. 94.302.509 de Pradera De la misma manera, las siguientes personas fueron sacadas de sus viviendas e internadas en el monte por espacio de cuatro días, sábado 19 de febrero hasta el 22 y obligadas a patrullar con personal militar: José Adonai Cuadrado 11. En la vereda Comuneros fueron detenidas las siguientes personas: John Alexánder Rubiano. Este señor fue capturado por las Fuerzas Especiales el martes 15 de febrero y dejado en libertad al día siguiente no sin antes torturarlo poniéndole cables eléctricos en el cuerpo. El 18 de febrero fueron detenidos el fiscal de la junta de la vereda Comuneros, Iván Linares Aponte, identificado con C.C. 79.598.285 y Libardo Castañeda Sánchez, quien trabajaba para el primero, fueron obligados a patrullar con el Ejército durante el tiempo de su detención, fueron dejados en libertad el martes 22 de febrero a las 7:30 am en Granada Meta, donde es notoria y permanente la presencia paramilitar. 12.- En la vereda Palmeras fueron detenidas las siguientes personas: Benito Perdomo, vicepresidente de la J.A.C. y su hijo Joselo Perdomo de 12 años. La misma patrulla que detuvo a don Benito, penetró en la finca de la señora María Hilda Fiquitiva y sacó a la fuerza a las siguientes personas: Riquemes Uriel Pechuque, Jesús Antonio Cifuentes, John Alberto y otra persona de nombre Mónica y a los menores de edad María Talaga, Jairo Tarquino Talaga, Elidí Johanna Talaga. El tiempo de la detención fue desde el sábado 19 hasta el martes 22 de febrero. Fueron obligados a patrullar con el Ejército e insultados vulgarmente por efectivos de la tropa. Después de la trágica explosión sucedida el 20 de febrero del año en curso en horas de la tarde, cuyos nefastos efectos conoció la opinión pública y que también afectó a los habitantes de Toledo, se desató por parte de la fuerza pública una cacería de brujas buscando chivos expiatorios y culpables dentro de la población civil. Terminaron capturando al presidente de la J.A.C. de Puerto Toledo, señor Agustín Beltrán, junto con él varias personas, entre ellos varios afiliados de la junta y miembros de los comités, siendo vilmente golpeados y torturados dos jóvenes, uno de ellos de profesión mecánico de nombre César Useche, el otro de profesión aserrador; fueron mostrados en los medios de comunicación como los culpables de este acto. Se tomaron las escuelas de la vereda Bajo Fundadores y de Puerto Toledo como base de operaciones, teniendo que salir los profesores y alumnos de los predios. El martes 22 de febrero fue detenido en el casco urbano de Puerto Toledo, el señor Héctor Torres, por un capitán del Ejército por espacio de una hora, sin motivo o razón legal alguna. El sábado 26 de febrero el Grupo Especial Antiexplosivos hizo presencia en el casco urbano de Puerto Toledo, obligando a los dueños de vehículos a transportar la tropa y los equipos antiexplosivos, colocando en grave riesgo a estas personas, pues los colocan con sus vehículos frente a las casas que van a ser inspeccionadas. El mismo 26, se presentaron una serie de allanamientos a los diferentes inmuebles ubicados en el casco urbano de Puerto Toledo, viéndose afectada la población, pero muy especial los dueños de los negocios que a continuación reseñamos: - Billar del río. En este negocio tumbaron una
reja de la parte del frente, no sabe al interior que daños le
causaron. 14. El 28 de febrero los miembros de las autodefensas instalaron un retén en el sitio conocido como El Chuzo a sólo 15 minutos de Puerto Toledo, esto a pesar de la fuerte presencia de la fuerza pública en la zona; estos individuos amenazan a la población señalando que ahora sí tenían el apoyo del Ejército y que así era muy difícil que la guerrilla los pudiera sacar. 15. Hoy 1 de marzo, las autodefensas ya hacen presencia en los alrededores de Puerto Toledo, pues se encuentra a escasos cinco minutos del casco urbano, sin que la fuerza pública haga algo por contenerlos y mucho menos enfrentarlos como actores armados ilegales que son, al contrario, les están facilitando la entrada quedando la población civil indefensa y la voluntad de lo que estos señores quieran hacer con ellos. Las patrullas militares hacen retén y restringen la libre movilización del campesinado al igual que las remesas y demás artículos para el agro, junto con ellos aparecen dos encapuchados que son los que piden los documentos y amenazan de muerte a los campesinos. Algo que nos preocupa es la retención a los directivos de las juntas comunales que son legales y gozan de personerías jurídicas al igual la retención de menores de edad. Nosotros como miembros de las comunidades responsabilizamos al Estado de cuanto suceda a la población, ya que se conoce de la presencia de grupos paramilitares (AUC), sin que las autoridades actúen para desarticularlos; esperamos no ocurran aquí los mismos horrores del municipio de Mapiripán. Estamos a la espera de una comisión interinstitucional conformada por la Vicepresidencia, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Acnur y organizaciones de derechos humanos, que verifique y vigile los procedimientos de la fuerza pública. De igual manera, solicitamos con carácter urgente investigar sistemáticamente lo aquí denunciado y sancionar a los responsables, pues la situación es en extremo grave, como lo pueden observar. Cordialmente, Comunidades y directivos de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Miravalles, El Jordán, San Pedro, Comuneros, El Palmar y Palmeras. Adjuntamos firmas. El Comité Permanente solicita a las autoridades atender con la mayor urgencia las solicitudes realizadas por la comunidad y emprender acciones preventivas en defensa de la integridad de la población civil en el área para evitar tragedias que se puedan lamentar. |
