Coca, guerra y paz
Una visión desde la organización social campesina
por César Jerez

Resumen de la ponencia de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, al simposio internacional de biodiversidad, etnobiología y cultura de la coca. Universidad del Valle, Cali, Colombia, Octubre 9 al 12 del 2003

“El glifosato de las fumigaciones apenas actúa en la hoja de coca, al llegar al suelo está totalmente inactivo. Yo he visto periodistas bañados en glifosato, Estoy seguro de que si fuera dañino ya lo sabríamos. ¡Lo hubiéramos leído en algún diario!”
William Wood
Filósofo y administrador de empresas,
Embajador de Estados Unidos en Colombia

Todo parece indicar que los periodistas son inmunes al veneno de Monsanto, que la filosofía ya no tiende al conocimiento de la realidad, a explicar el sentido del obrar humano, que el embajador es más bien un administrador de empresas, que no lee diarios y que los 17 años de fumigaciones con glifosato que soportamos en Colombia, son apenas una parte de lo que nos resta de futuro, de los eternos 100 años de soledad que padecemos.

Cuando desde el establecimiento colombo-estadounidense se repite sin cesar que la destrucción de los cultivos de coca, es "la lucha contra el narcotráfico", cuando se habla de "matas de droga", de "campesinos cultivadores narcotraficantes", de "destrucción de laboratorios de cocaína", se está tratando premeditadamente de introducir un mito que conduzca a la opinión pública a apoyar una política antidrogas abiertamente equívoca, lesiva y contraria a los intereses nacionales. Se trata de dar a entender que la actividad del narcotráfico existe porque existen los cultivos de coca, amapola y marihuana.

En la realidad, la actividad económica de lo cultivos de coca en las zonas de colonización campesina de Colombia son el resultando de la convergencia en estos territorios de problemas políticos, económicos y sociales. Esta actividad existe, porque existen problemas estructurales irresueltos en el campo y fundamentalmente porque existe un capital internacional del narcotráfico que demanda la materia prima de la hoja de coca.

En la génesis del problema están el irresuelto conflicto agrario colombiano, la concentración de la tenencia de la tierra, la expulsión y desplazamiento de masas campesinas, la irrupción de la apertura neoliberal, su modelo de desarrollo excluyente, el aumento del consumo de drogas en el mundo y la coyuntura, desde los años 80, del tráfico de cocaína.

Estos elementos, que hacen parte de la dinámica del conflicto político, social y armado colombiano, igualmente explican la ocurrencia de los cultivos de coca como una actividad de resistencia y de economía campesina, así como el auge del narcotráfico y sus impactos en todas las esferas del desarrollo de la sociedad colombiana.

El discurso de la "guerra contra las drogas" con el cual los Estados Unidos justifican la intervención política y militar en el conflicto colombiano, a través del Plan Colombia, esconde intereses que trascienden el proceso de producción, tráfico y consumo de estupefacientes, que tienden a garantizar el flujo continuo de recursos estratégicos como el petróleo y al establecimiento de un orden continental neomercantilista mediante la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA.

En el caso colombiano vemos cómo se busca narcotizar el conflicto y se asocia, desde el proyecto político e ideológico dominante, al narcotráfico y al terrorismo con la lucha reivindicativa de los movimientos sociales y populares, y con la lucha de los movimientos guerrilleros por el control del poder político. De tal forma, el sofisma del "narcoterrorismo" sirve para neutralizar disidencias y reprimir desafíos a la propuesta neocolonial impuesta por la administración de los Estados Unidos.

En el plano local y regional, escenario donde se desenvuelven los conflictos alrededor de la lucha por el derecho a la tierra y de la dignificación de la vida de comunidades campesinas, indígenas y negras, históricamente excluidas, la política de "guerra contra el narcoterrorismo" tiene impactos devastadores. Se ha militarizado y paramilitarizado la vida social, se destruyen las organizaciones sociales por la vía del asesinato, la desaparición o la amenaza, se ha fumigado con glifosato indiscriminadamente, se cometen detenciones masivas y arbitrarias, se violan los derechos humanos de forma masiva y sistemática.

Las fumigaciones indiscriminadas con glifosato han afectado gravemente la economía campesina, el estado de salud de los pobladores rurales y están produciendo impactos ambientales impredecibles al fumigarse selvas nativas, ríos, quebradas, ciénagas y humedales. De lo verificado en la región del valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio, se ha evidenciado que por cada hectárea de coca fumigada se fumigaron en promedio cuatro hectáreas más de selvas, cuerpos de agua y cultivos de pancoger.

La fumigaciones del Plan Colombia son una causa más del desplazamiento forzado, que se suma al accionar militar y paramilitar, al establecimiento de bloqueos alimentarios y sanitarios a zonas campesinas, haciendo mucho más precarias y pauperizando las condiciones de vida de las comunidades rurales. Las fumigaciones son un círculo vicioso que reproduce y multiplica los cultivos, pues al no tener alternativas el campesinado resiembra para resistir hasta el nuevo ciclo de fumigaciones. Se trata de una política estúpida, que sólo beneficia al complejo militar industrial estadounidense que produce las armas para la guerra, a la multinacional Monsanto, productora del glifosato, a la industria de los precursores químicos, a la burocracia clientelizada del Estado y a los carteles institucionales de la corrupción.

Estas acciones ilegitiman al actual Estado, lo alejan de sus ciudadanos, contrario a lo esperado, fortalecen a las guerrillas, y lo más grave, no solucionan el problema de los cultivos de coca ni del narcotráfico. Curiosamente, al no solucionarse el problema en Colombia, ni internacionalmente, se está manteniendo un negocio que según datos preliminares, bordea cerca de los 500 mil millones de dólares anuales. Cabe entonces preguntarse, si al campesino el narcotráfico le paga $2'400.000 por kilo de base de coca (no de cocaína), ¿quién entonces se está quedando con todo el valor agregado en la cadena del narcotráfico? ¿Y dónde se está invirtiendo este dinero? Sólo en el 2001 Colombia exportó 839 toneladas métricas de cocaína, según datos del TNI.

El movimiento campesino colombiano ha propuesto la solución en dos planos: de un lado en el de la legalización de la hoja de coca y su uso tradicional y medicinal, la legalización de las drogas y el tratamiento de salud pública a los drogadictos; de otro lado la solución está en el plano de las reformas estructurales que garanticen el acceso a la tierra mediante una reforma agraria integral que elimine el latifundio improductivo, que asegure el mercado interno para la producción agropecuaria nacional mediante un modelo de desarrollo incluyente y redistributivo. Estas propuestas son parte de la solución al conflicto político, social y armado, de la justicia social en el campo y de la paz.

 
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