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Nunca antes un representante de la oligarquía había logrado suscitar un sentimiento de rechazo desde tantos y diversos sectores de la sociedad colombiana. El ocaso del caballista César Jerez
Tras la derrota, reconocida por AUV tan solo cuatro días después de los adversos resultados electorales, se escuchaba venir el eco de la crisis, evidenciado en las erosionadas fisuras del régimen, en la crisis ministerial, en regaños y rabietas a sus consortes, y finalmente, en el hundimiento en el congreso del proyecto de ley sobre reelección presidencial, el cual tenía nombre propio. De esta manera el Congreso le pasaba factura a su derrota. Para burlar la decisión de los que se abstuvieron de votar el referendo tramposo, AUV acaba de anunciar un plan B que le permitirá mantener la inversión en la guerra y cumplir con el pago de los intereses de la deuda externa, sacrificando la inversión social y los ingresos de los empobrecidos colombianos. Para tal fin ha propuesto: Ampliar la base del IVA y subir la tarifa general del 16 al 18%. Retención en la fuente para salarios incluso por debajo de los dos millones de pesos. Extender la sobretasa al impuesto de renta por dos años más --esta se creó con la reforma tributaria del 2002, actualmente es del 10%. Un impuesto a las pensiones con tarifas que arrancarían entre 2 y 4% e iría hasta el 20% en el caso de las pensiones más altas. Mantener el impuesto al patrimonio, sería del 0,2%, por dos años y no tendría destinación específica. Se hará igualmente una reforma al sistema de transferencias y de regalías, lo que perjudicará los ingresos de las regiones. Las medidas anteriores son lesivas, regresivas, y en el contexto de un desempleo rampante y de pauperización, potencialmente pueden llevar al estallido social de sectores populares de la población, escenario parecido al vivido por el colapso de los modelos neoliberales de Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia. El gobierno ha dicho que "las medidas van a las buenas o a las malas", aludiendo a que son imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, tal y como lo eran las propuestas fiscalistas del referendo. Esto generará más contradicciones entre la administración, politiqueros y gremios empresariales que aún respaldan al gobierno. La abstención del 75%, alcanzada durante el referendo, es una clara protesta al unanimismo, al autoritarismo, a la arrogancia neoliberal y a la política de guerra del actual mal gobierno. Nunca antes un representante de la oligarquía había logrado suscitar un sentimiento de rechazo desde tantos y diversos sectores de la sociedad: campesinos víctimas del paramilitarismo y del terrorismo de Estado, campesinos literalmente envenenados con el glifosato del Plan Colombia, campesinos desplazados, defensores de derechos humanos vilipendiados, sindicalistas criminalizados y permanentemente amenazados, miles de habitantes de veredas y pueblos detenidos arbitrariamente en pescas milagrosas, miles de hogares allanados en oscuras noches por todo el país, centenares de miles de deudores del UPAC, víctimas de la usura y la estafa del sistema financiero, miles de víctimas de las redes de sapos e informantes, sectores del liberalismo, "la izquierda democrática", "centroizquierdistas", "socialdemócratas", "independientes", "pseudoizquierdistas", violentólogos, pazólogos, reinsertados y hasta "manzanillos". Con una lista de perseguidos tan profusa y larga se hacía obvio que la popularidad del presidente era un embeleco mediático, artificiosa y sofisticadamente alimentado que necesariamente se estrellaría con la realidad. No obstante, las contradicciones de clase se quieren maquillar con la retórica de los intereses. De un lado se manifiesta que como el referendo se hundió, pues hay que hacer un esfuerzo fiscal mayor, que igualmente ganó la democracia, que le ganaron los votos a las balas, como si los abstencionistas hubiésemos votado. Del otro lado, se dice que perdieron la ultraderecha y la ultraizquierda, insinuando, con circunloquios, aislar la fea guerra de la realidad política, económica y social que le subyace, como queriendo indicar, sin contar con la historia, que la única alternativa actual es el parlamentarismo del amnésico, aséptico e inodoro centro. Los coletazos de la política de "seguridad democrática" expresados en la ley de alternatividad penal o de perdón y olvido para los crímenes del paramilitarismo, en la ley antiterrorista de trámite en el Congreso y en la entrega total del país a los intereses de las multinacionales, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, requieren de un proceso de unidad del movimiento popular, como alternativa de poder real, de reconciliación y de construcción de una nueva sociedad. Apolinar Díaz Callejas nos recordaba recientemente que la primera ley de facultades extraordinarias en uso de la Constitución de 1886 fue la ley 61 de 1888, llamada ley "de los caballos", que facultó al Presidente de la República "para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, las penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos por el tiempo que sea necesario..." Nuestro caballista, aunque debilitado, todavía tiene las riendas y el caballo. Del pueblo colombiano, organizado en todas las formas, dependerá que su traumático galope se detenga. |
No
le sirvió al Presidente ni la energía idiotizante del
ojo del Gran Hermano, ni la iluminación divina de los culebreros
de la iglesia Bethesda, ni aparecer en todos los medios al mismo tiempo,
no le funcionó ofrecer dádivas por votos, ni satanizar
con el peyorativo de terroristas a los abstencionistas. Todo lo que
parecía sólido en los medios de comunicación del
poder se desvaneció en el polarizado aire de la realidad política
y social del país. Para rematar, sus