Paracos y ejército, de la mano en el Urabá chocoano
Avanza la "seguridad democrática" de los empresarios violando los derechos humanos

Agencia Prensa Rural

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció la operación conjunta de tropas regulares e irregulares en un operativo contra las comunidades de la cuenca del Jiguamiandó, en la región del Urabá, en el noroeste de Colombia.

La organización humanitaria asegura en su comunicado que la operación militar, registrada entre el 28 de febrero y el 3 de marzo pasados, incluyó arbitrariedades tales como retención de los pobladores, intimidaciones, tratos crueles, señalamientos, saqueo de bienes y amenazas de uniformados con insignias de la Brigada XVII, así como la presencia de reconocidos paramilitares y desertores de la guerrilla.

Los pobladores civiles de Nueva Esperanza se vieron obligados a desplazarse por la presencia armada, después de lo cual se registraron contactos armados entre las tropas y las FARC-EP.

Justicia y Paz señala textualmente: "Hoy sin disimulo alguno, sin recato o sin posibilidad de vergüenza institucional, las actuaciones militares regulares de la Brigada XVII son explícitamente irregulares, no hay distancia, no existe diferenciación. Presencias militares al lado de bases paramilitares y de 'civiles' armados en los cascos urbanos de Mutatá, de Belén de Bajirá, de Carmen del Darién, de Riosucio. Las fronteras que existieron clandestinamente desde 1996 se vienen rompiendo cada vez más. A los ojos de la sensatez racional, a los ojos de la sensibilidad de cualquier ser humano no le bastarían más razones, más pruebas, más expresiones para concluir que estamos ante un orden existente absolutamente torcido, perverso, bárbaro, cínico".

Detrás de estas agresiones contra las comunidades de Jiguamiandó, más que la lucha contra la insurgencia, como se argumenta desde el Estado, se esconden los intereses agroindustriales de la palma aceitera que durante años han tratado de eliminar las comunidades campesinas para extender su economía y su noción de progreso, asentados hoy en la "seguridad democrática" para garantizar la desocupación de las tierras y la mano de obra barata de las comunidades desposeídas a la fuerza.

 
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