De genocidios y territorios

por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
17 de octubre de 2004

Detrás de las violaciones de derechos humanos, entre ellas el desplazamiento forzoso, a través de estrategias militares abiertas y encubiertas, del pretexto de persecución a la guerrillas con políticas como la seguridad "democrática", que a pesar de las expresiones gubernamentales pretenden lograr respetar los derechos de todos los ciudadanos, cada vez más se evidencia que la misma, tanto como el proceso de desmovilización paramilitar o institucionalización paramilitar, están asegurando la privatización de los territorios colectivos, ahora mediante mecanismos de presión y de testaferrato, y con el nuevo proyecto de ley de tierras que hoy sigue su discusión en el Congreso de la República, en secreto, se asegura el control territorial privado, la impunidad y el nuevo modelo de sociedad excluyente.

En los últimos 15 años en desarrollo de la estrategia militar encubierta se ha propiciado el desalojo, la concentración de las tierras y de los territorios colectivos, de campesinos mestizos, de indígenas y de afrodescendientes. Más del 65% de tierras o territorios de más de 500 hectáreas se encuentran en 0,4% propietarios, mientras el 67% del total de los desplazados internos al ser desalojados han perdido su relación directa con su tierra. Mientras tanto, las mismas tierras aseguradas por los desplazadores con ejércitos privados o con nuevos "civiles" armados o con sistemas de comunicación, establecen sistemas de seguridad y de control, y modos de asociación campesina, que bajo el espejismo de la participación se convierten en técnica más sutil de apropiación de las tierras.

En el Meta, en el Valle, en Nariño, en el bajo Atrato chocoano, en medio del cese de hostilidades, y de la connivencia, de la omisión de la fuerza pública con estructuras de "civiles" armados de la estrategia paramilitar, se viene consolidando la privatización de hecho de los territorios y de las tierras vinculadas con proyectos de monocultivo. La agroindustria de palma aceitera, caucho, cacao y en algunas situaciones la coca, vincula a campesinos que no encuentran ninguna otra opción en estas regiones. El terror armado se ha interiorizado en ellos percibiéndose como mujeres y hombres con "libertad", perfecta esclavitud, asumiendo la actitud del silencio y del olvido como única posibilidad de sobrevivir, aunque sea por un tiempo, en sus tierras, que ya no son suyas, si no de quienes los han despojado violentamente o por engaño. Pero al mismo tiempo, como lo sabe el Incoder y las instituciones del Estado, a través de repoblamientos, donde la totalidad de la población fue desplazada y no desea regresar o donde está siendo desplazada a cuentagotas. No existe ninguna garantía de retorno y ni siquiera de asegurar sus tierras. El Decreto 2007 que pretende asegurar las mismas de compra y ventas, es una quimera frente a la ausencia de voluntad política para dar respuesta al desplazamiento forzoso, tanto como por la parainstitucionalización que vive el país

Desde una idea de progreso y de reconciliación, pocos recuerdan o no quieren recordar, olvido selectivo oficial, que ese modo de producción, que esa imagología de la participación y del progreso está teñida con sangre, con la persecución y la práctica sistemática de destrucción de grupos humanos, el genocidio. Práctica que continúa perpetuándose, en medio del silencio mediático y del aliento institucional, con nuevas técnicas y mecanismos, que combinan el terror armado, el terror psicológico o el diseño de estructuras de legalidad notarial y de registro público a través del cual se legaliza la propiedad y también a través de la nueva propuesta de censo, denunciada por muchos como el nuevo mecanismo de empadronamiento que contemplaba la ley antiterrorista.

La ley del olvido pretende negar que debajo de las tierras privatizadas por la fuerza paramilitar, donde hoy se siembra la palma, el cacao, el caucho o se reforesta o se cultiva coca, se encuentran restos, miles y millares de seres humanos asesinados, torturados, desaparecidos o violentados carnalmente. Hoy entre el cinismo y el pragmatismo institucional las prácticas de terror, en muchas regiones, no matan con balas, desplazan silenciosamente, desplazan legalmente y apropian tierras de modo "legal"... Hoy se sigue discutiendo en el Congreso la ley de tierras. Hace unas semanas, la ley había quedado guardada, lo que no informaron es que el proyecto había sido escondido por unos pocos días.

El pragmatismo espiritual, los discursos de la nueva ética empresarial pretenden ocultar no sólo la responsabilidad estatal en la práctica sistemática de violaciones de derechos humanos. Esa visión pacificadora evangélica y de reconciliación sin más, desconoce el Derecho, el derecho de los pueblos y de las comunidades a existir, a decidir sobre su presente y su futuro discutiendo en condiciones de libertad. La misión por una paz sustentada en el silencio, obvia los principios internacionales del Derecho a la Verdad, a la Memoria, a la Justicia y a la Reparación Integral. Al fin, al cabo, el silencio ha sido también un modo de avalar el genocidio y la privatización del territorio, allí esta la certeza moral del Establecimiento.

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