Foro Agrario por la Defensa de los Derechos Humanos
Graves denuncias contra el Ejército

Cobro para el ingreso de productos a la zona, asesinatos selectivos de campesinos por parte de paramilitares y abandono estatal son solo algunas de las realidades que los campesinos denunciaron en el Bajo Ariari

Redacción Voz
18 de junio de 2003

Toledo, un corregimiento de Puerto Rico ubicado en el bajo Ariari, departamento del Meta, colinda con el río Güéjar, el cual se constituye en el medio de transporte más común para sus habitantes. Su suelo enlodado en invierno y polvoroso en verano debido a la falta de pavimentación no impide que sus habitantes trabajen noche y día para alcanzar sus metas y darle una vida con futuro a sus hijos. Las cerca de 32 veredas que conforman la región y sus más de 10 mil habitantes no tienen garantías para vivir dignamente, la ausencia del Estado es notoria, cuando no se ve ni por casualidad un poste de la luz y la única alternativa para obtenerla es una planta eléctrica adquirida por los habitantes. Ni hablar de líneas telefónicas, agua potable, salud y mucho menos educación. Allí casi la totalidad del campesinado vive de los cultivos, pero para esa labor tampoco hay garantías estatales, motivo por el cual muchos han salido rumbo hacia las ciudades y han abandonado sus parcelas.

En este pobre pero hermoso rincón del país se llevó a cabo el pasado 12 de junio el Foro Agrario por la Defensa de los Derechos Humanos, evento al cual asistieron cerca de 4 mil campesinos de las regiones cercanas, además de delegados de varias ONG de derechos humanos como CODHES, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Reiniciar, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS, Fensuagro y varios medios de comunicación, entre otros. Aunque el Gobierno Nacional no hizo presencia, se denunciaron los atropellos ocurridos por parte del Ejército en esa zona del país.

En el evento, además de denunciar el abandono en que el Estado tiene a la región, se dieron a conocer los hechos de violación de derechos humanos tales como bloqueo económico por parte de los paramilitares y del Ejército quienes hacen cobros exorbitantes a cada uno de los finqueros por hectárea de tierra, por cabeza de ganado y hasta por ingresar a la zona combustible, remesas, insumos y otros. Debido a esta situación los productos se tornan supremamente costosos.

Sobre "paras" y Ejército

De la misma manera se dieron a conocer la serie de asesinatos selectivos por parte de los "paras", de los cuales han sido víctimas varios campesinos por ser considerados auxiliadores de la guerrilla, sólo por el hecho de vivir en zonas en donde la insurgencia ha hecho presencia tradicionalmente. Esta situación ha desencadenado un desplazamiento masivo de campesinos, de los cuales la mayoría son niños y mujeres.

En este sentido se dieron los nombres de algunas de las víctimas como Arquímedes Murcia, dirigente comunal quien fuera asesinado en la vereda Canadá; Oswaldo Vásquez, asesinado en el sector entre Fuente de Oro y Puerto Lleras, este último fue perpetrado por los paramilitares. Hay que anotar que estas zonas están bajo el control del Ejército.

Según las denuncias, el pasado 25 de mayo el señor José Ángel Jiménez González fue detenido en un retén en Puerto Rico (municipio del Meta), el cual estaba comandado por el teniente "Salas", quien posteriormente lo entregó a reconocidos paramilitares que lo torturaron, lo degollaron y lo "rajaron", según las propias palabras de los campesinos. El cadáver del campesino fue arrojado como un animal a la laguna de San Vicente. Lo peor es que esta víctima reposa en el cementerio de la región como un N.N, así como otros campesinos que han corrido la misma suerte.

Además se denunció que el Batallón 58 Libertadores de La Uribe, al mando del teniente Salazar, ha sido promotor de torturas toda vez que ha detenido a campesinos quienes han podido atestiguar dichas versiones. El caso ocurrió con Edgar Montaño, quien fue detenido por 15 días, golpeado y agredido sicológicamente, quien fue prácticamente "desterrado" perdiendo sus pocos bienes y su lugar de trabajo. Algo similar ocurrió con Ángel Bayona, quien fue detenido por 24 horas y obligado a "confesar" cosas que no conocía. Lo propio ocurrió con Orlando Rodríguez quien fue detenido, torturado y amenazado con ser quemado.

Ponen en riesgo la vida de los civiles

Además de esta dramática situación que viven estos pobladores de tan lejana tierra colombiana, ha llegado a la zona la política de detención arbitraria de la población civil, para, según las denuncias, colocarlos como escudos humanos, a lo que se le suma la utilización de escuelas, casetas comunales y viviendas como asentamientos militares en violación flagrante al derecho Internacional Humanitario.

Vale la pena destacar la denuncia pública que se hizo ante las entidades de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, así como al Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, en donde se reseña el delito de omisión y encubrimiento en la violación de derechos humanos al comandante del Batallón Albán, Néstor Robinson, así como al comandante de los Batallones N° 7 Héroes de Arauca, N° 38 Centauros del Llano, Cazadores del Caquetá; Batallón 58 Libertadores de Uribe, Batallón 21 de Vargas; los mayores Giraldo, Saldaña, Rodríguez y Ramos; los capitanes Parra, Plazas, Jesús A. Gómez y Argos, así como al teniente Salazar, mejor conocido como Salas.

Algo muy importante es que el documento establece un grado de encubrimiento de los paramilitares, ya que estos hechos han ocurrido en zonas en donde hace presencia el Ejército (Villa la Paz, Caño Rayado, la Unión, Mata Bambú, Brisas del Güéjar, Alto Cunumia y sus jurisdicciones) pero no hay resultados efectivos en la lucha contra la impunidad, ni siquiera mecanismos que garanticen seguridad para los campesinos que se atreven a denunciar.

La denuncia fue enviada a la Defensoría del Pueblo, a Human Right Watch, a la Organización de Estados Americanos, a la Confederación de Juntas de Acción Comunal Nacional y Regional, a los Personero de Puerto Lleras y Puerto Rico, a la Vicepresidencia de la República, Cruz Roja Nacional e Internacional, Amnistía Internacional y a los diferentes medios de comunicación.

"Paras" esperaban a la Comisión

Como es apenas lógico en un Foro de Derechos Humanos, deben hacer presencia representantes de las diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que fue lo que sucedió en Puerto Toledo el pasado 12 de julio. Desde Bogotá se desplazó una comisión de defensores de derechos humanos, así como varios periodistas, incluyendo una internacional y la reportera de Voz. Concluido el Foro, al día siguiente la Comisión inició su viaje de retorno hacia la capital, cuando se recibió la información de que los paramilitares les estaban esperando en el camino, más exactamente en el municipio de Vista Hermosa, razón por la cual debieron quedarse un día más en un pueblo cercano.

Por fortuna los delegados de las ONG gestionaron vía telefónica la manera de garantizar a la comisión su retorno sanos y salvos a Bogotá. No obstante queda la duda de que los defensores de derechos humanos y la propia prensa puedan desplazarse con tranquilidad hacia las zonas de conflicto y de cuáles son las reales garantías para el buen desempeño de su labor.

Contáctenos Conflicto Medio ambiente ¿Qué es Prensa Rural?