Sentando bases

por Alfredo Molano Bravo

La aristocracia de Santa Marta ha sido siempre reaccionaria y corrompida; fue aliada de los realistas durante las guerras de independencia de España. Es una elite holgazana que ha vivido siempre de negociar con lo que supone, por orden divina, propio: la madera fina de la Sierra Nevada, los fértiles terrenos de la llamada zona bananera, los pliegues cafeteros del río Córdoba, la bahía de la de ciudad, la Isla de Salamanca. También --¡y cómo no!-- fue la principal beneficiaria de la bonanza marimbera. Fueron millones de dólares los que le entraron por embarques a la gárrula casta. La costumbre hace ley. Con esa ley y ese capital ha salido, ahora que puede hacerlo en libertad, a sentar las bases para la privatización del Parque Tayrona y la construcción de un puerto industrial en Sitio Nuevo (M).

Sobra entrar en detalles sobre el Tayrona. El país lo conoce desde su creación en los años 70, y lo ha defendido como un patrimonio ambiental y cultura de la Nación. Pero el interés privado no duerme y ahora acecha. Hace años anda tras el parque, sus ensenadas, sus bahías, sus humedales y, claro está, Ciudad Perdida, la ciudad de los tayronas. Para "implementar" el proyecto eran necesarias dos cosas: primero, el control paramilitar de la Sierra --o por lo menos, de la cara norte-- oficio hecho por un señor de horca y cuchillo, que a cambio de seguridad para los inversionistas en el proyecto, ha obtenido la seguridad para llenarse de dinero comerciando con cocaína y armas. En segundo lugar, la protección y el apoyo de los gobiernos central y local. Todo lo han obtenido. Ahora, con el visto bueno de todas las instancias y autoridades se disponen al zarpazo final: robarle el parque a la nación y transformarlo en una urbanización hotelera de cinco estrellas. Los inversionistas extranjeros --sobre todo españoles-- tienen metidas las manos, y se las frotan de regusto.

En la defensa del patrimonio público han sido asesinados varios funcionarios del Estado, atropellados a sangre y fuego los derechos adquiridos por colonos, campesinos e indígenas, y liquidado físicamente los dirigentes populares de Ciénaga, Santa Marta y Taganga. El genocidio de un centenar de pescadores en Trojas de Cataca sigue impune pero, sin duda, ha facilitado el segundo paso: la construcción del Puerto Industrial de Palermo, corregimiento de Sitio Nuevo. Es necesario recordar que los manglares de Salamanca fueron condenados a muerte por dos fuerzas poderosísimas de la región: los terratenientes, que cerraron los canales por donde le entraba a la ciénaga el agua dulce del Magdalena, y los empresarios samarios que, en su afán por rivalizar con Barranquilla, impulsaron una carretera barata y sin prevenciones ambientales que cerró las bocas de agua salada a la ciénaga. Resultados: se arrasó uno de los manglares más ricos y bellos del mundo.

Ahora una compañía de inversionistas extranjeros --asociada con el capital samario-- ha decidido construir un gran puerto en Sitio Nuevo, con el apoyo de esa cueva de Alí Babá llamada Corpomagdalena. Desconociendo las normas y autoridades ambientales de la Nación, la trinca ha comenzado una carretera sobre los humedales que nutren a la Ciénaga, extorsionado a los colonos para que trasfieran sus derechos de posesión a la empresa y, claro, comprado autoridades locales. Con el argumento del TLC --ahora se usa para todo--, los inversionistas han entrado a saco en la rapiña de toda la región que va desde el río Magdalena hasta el río Palomino. Las masacres de campesinos e indígenas realizadas a lo largo de la Troncal del Caribe a comienzos de los 90 permitieron despejar el horizonte para la privatización --ad portas-- del Tayrona. La masacre de la Ciénaga Grande abrió el camino para construir el nuevo puerto. El gobernador del Magdalena afirma que defenderá como sea los dos proyectos y que cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República.

El Tiempo, aunque no lo dice, lo sugiere: detrás de todo hay plata de narcos. "La paramilitarización del departamento es escandalosa; impera la ley del miedo y no hay jurisdicción que valga para los verdaderos amos locales". En una entrevista Enrique Santos Calderón, que es siempre impredecible, apunta: es particularmente grave para el país la progresiva fusión de narcos, paras y gamonales en la costa. Y declara: "todos los campesinos guardabosques que recibieron el chequecito de manos del Presidente están bajo el control de Hernán Giraldo", el jefe para que comparte ahora el poder con Jorge 40. Con estos antecedentes y "jurisprudencias", los parques nacionales y las zonas de reserva forestal de todo el país quedan expuestos a ser liquidados poco a poco. Ya el Gobierno, los empresarios y sus socios tienen en la mira el Amacayacu y el Tuparro, pero seguirán, hasta con el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá.

 
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