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Manifestaciones europeas contra la impunidad en Colombia por Cristiano
Morsolin*
El documento analiza cómo las modificaciones legales en el marco de la política de seguridad, como el decreto 128 de 2003 y la ley 975 llamada de "justicia y paz", blindan contra la sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a través de la estrategia paramilitar. En sus recomendaciones, la CIJ llama al gobierno colombiano a revisar su política de seguridad para que sea compatible con los principios básicos del estado de derecho y las obligaciones internacionales de Colombia y a rechazar cualquier legislación que contribuya a la impunidad. Igualmente, la CIJ hace eco de las decenas de pronunciamientos en los que se ha exigido, se ha exhortado, se ha llamado al gobierno colombiano para que de modo efectivo se desmantelen las estructuras paramilitares y se castigue a los militares comprometidos en esta estrategia, e invita a la comunidad internacional a asegurar que toda "estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad y que garanticen el estado de derecho". "Dada la legislación vigente que legaliza la impunidad y la magnitud de los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, la Corte Penal Internacional debería tomar cartas en el asunto", concluyó la CIJ en la presentación de Bruselas el miércoles 21 de septiembre de 2005. Desde Europa, un informe más, otra voz, otra constancia que se suma, en medio del silenciamiento, de la tergiversación y del espejismo mediático, a las expresiones de familiares, de víctimas, de organizaciones que afirman el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral frente a un proceso en que se legitima, se legaliza y se institucionaliza el paramilitarismo. Eurodiputados piden al Consejo de la UE que no sea cómplice de la impunidad "Estamos profundamente preocupados por la ley de ‘justicia y paz’ adoptada por Colombia, destinada a otorgar amnistía a los paramilitares por el conjunto de los crímenes cometidos (asesinato, tortura, narcotráfico, secuestros, prostitución forzada, etc.) y asegurándoles impunidad. Lanzamos un llamamiento urgente al Consejo de la UE para que no apoye ni política, ni financieramente un proceso de desmovilización contrario a los principios internacionales del derecho humanitario que permitirían la persecución de las actividades criminales", dijo Raül Romeva, diputado europeo del Partido Verde, ponente del Parlamento Europeo (PE) por el código de conducta para la exportación de armas, en una sesión de presentación del último informe de la CIJ acerca de la evaluación de los problemas del estado de derecho en Colombia. Desde hace varios decenios, Colombia sufre un conflicto armado, negado por el Gobierno y que cuesta cada año más de seis mil muertos. A partir de un acuerdo con uno de los actores de dicho conflicto, los grupos paramilitares, el presidente Uribe preparó una ley, adoptada en 2005, que crea un programa, ampliamente subvencionado, de reintegración de ellos sin que sus crímenes sean perseguidos. Esta ley extiende los beneficios del decreto 129 de 2003, que permitió el 'blanqueo' de más de ocho mil crímenes a los responsables de los peores delitos. El gobierno colombiano ha iniciado una intensa campaña para buscar el apoyo de la comunidad internacional a dicha ley, en particular de la UE. "Un defensor de los derechos humanos no puede sino pronunciarse firmemente contra esta ley, declarada contraria a las normas internacionales en materia jurídica, tanto por las Naciones Unidas (ONU) como por la Organización de Estados Americanos (OEA)", dijo Hélène Flautre, diputada de los Verdes/ALE y presidente de la subcomisión de Derechos Humanos del PE. Los diputados verdes/ALE piden al gobierno colombiano congelar y revisar la ley de 'justicia y paz'. El Gobierno debería primero hacer un inventario escrupuloso de las dimensiones del fenómeno paramilitar. "Álvaro Uribe debe explicar cuántos paramilitares hay, dónde están sus helicópteros, aviones y armas, y cuántos procesos judiciales ha iniciado realmente", dijo Alain Lipietz, presidente de la delegación del PE ante la Comunidad de Países Andinos por los verdes/ALE. La ley no contiene ni medidas prácticas para desmantelar efectivamente las estructuras paramilitares que se prolongan hasta dentro del cuerpo militar regular, ni alguna información acerca de los medios para indemnizar a las víctimas y restablecerles en sus derechos. Punto igualmente de gran importancia: los informes de las instituciones oficiales internacionales, en particular aquellos de la ONU, se ignoran completamente. "Lanzamos un llamamiento a los Estados miembros de la UE pidiendo que paren cualquier ayuda militar a Colombia y que tomen medidas para que ni una sola arma se venda a este país", añade Raül Romeva. "Queremos que la guerra termine en Colombia, y con ella la cultura de violencia e impunidad inauditas", dijo Romeva. "La ley de 'justicia y paz' sirve para lo contrario: pone aceite al fuego". Para Amnistía Internacional, la UE no debe proporcionar apoyo económico a la ley sobre los paramilitares Mientras el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, se prepara para captar apoyos entre los europarlamentarios, Amnistía Internacional siente preocupación porque la UE podría estar a punto de aprobar un conjunto de medidas destinadas a financiar el polémico plan colombiano de desmovilización de paramilitares. El vicepresidente de Colombia se reunirá con dirigentes de partidos del PE, a quienes se espera que intente convencer de las bondades de la ley de "justicia y paz" que recientemente se ha aprobado en su país y para asegurarse ayuda financiera y política de la UE. Amnistía Internacional advierte que la nueva ley colombiana no llevará ni paz ni justicia a un país devastado por la guerra, sino que, por el contrario, impedirá que se realicen investigaciones judiciales imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y la guerrilla. En un informe publicado a principios de este mes y titulado "Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?", Amnistía Internacional aporta pruebas de que la estrategia de desmovilización utilizada por el gobierno colombiano no sólo no garantiza el desmantelamiento de los grupos paramilitares, sino que facilita el "reciclaje" en el conflicto de los combatientes ilegales, incluidos los responsables de graves abusos contra los derechos humanos, lo que refuerza el problema endémico de la impunidad en Colombia. "Si la UE decide, actuando en contra de su propios objetivos políticos, apoyar económica y políticamente la estrategia de desmovilización de Colombia, fracasará en el intento de garantizar el fin de la crisis de derechos humanos en Colombia y sentará un peligroso precedente. La UE proporcionaría legitimidad internacional a una ley que no cumple las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación", declaró Dick Oosting, director de la oficina de Amnistía Internacional ante la UE. Amnistía Internacional pide a la UE que no tome una decisión precipitada sobre esta cuestión de derechos humanos básicos y que la remita en primer lugar al grupo de Derechos Humanos del Consejo de la UE, integrado en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, y al Comité del Consejo de Ministros de la Unión Europea para América Latina (Colat), concluye la nota de prensa de Amnistía Internacional del miércoles 21 de septiembre de 2005. Manifestaciones de la sociedad civil en seis capitales europeas La sociedad civil europea y colombiana está muy activa en este proceso de presión política y movilización. En respuesta de la excepción de inconstitucionalidad de la ley de "justicia y paz" presentada en Bogotá por el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, un grupo de 150 ONG y organizaciones sociales de Europa ha firmado una carta abierta para presionar a la UE para que no apoye el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares con relación con la ley antes mencionada. El llamado, difundido también por la Organización Internacional del Trabajo, fue suscrito el miércoles 31 de agosto por organizaciones civiles, sociales y religiosas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza, entre ellas 75 europeas y 68 colombianas, 8 sudamericanas y 4 internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y FIAN Internacional. En Italia se ha realizado el III Foro Internacional "¡Colombia Vive!" en la ciudad de Cascina el 17 y 18 de septiembre. Carla Mariano, secretaria de la Red Italiana de Solidaridad con las Comunidades de Paz del Chocó y Urabá en Colombia (que está conformada por varios gobiernos regionales de Umbría y Toscana, y por municipios importantes como Roma y Narni, entre otros), explica que "el foro estuvo dedicado a profundizar el tema de la protección de los procesos de resistencia civil en Colombia (en particular las comunidades de paz y de resistencia civil), en la perspectiva de concertar tanto con los representantes colombianos como con las organizaciones italianas y europeas participantes, líneas generales de acción que califiquen en términos de eficacia los esfuerzos que colectiva e individualmente estas organizaciones realizan o podrían realizar en esta materia". Estaban presentes delegaciones de Colombia, Francia, Suiza, Alemania y España; y se ha decidido una movilización europea a través de manifestaciones organizadas simultáneamente en Madrid, Lisboa, Berlín, Roma, Viena y Londres, presentando este documento que subraya que "hoy hace siete meses, el día 21 de febrero de 2005, ocurrió una horrible masacre de ocho miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Todos los indicios, así como la corroboración de diferentes testigos, señalan a soldados de la brigada 17 del ejército colombiano como los autores de esta barbarie, donde murieron cuatro menores de edad. Después de este tiempo no se conocen los resultados de ninguna investigación, los culpables viven tranquilos y sin embargo las víctimas, de la Comunidad de Paz, siguen recibiendo amenazas y hostigamientos y han tenido que desplazarse y abandonar sus propios hogares por la ocupación de la fuerza pública de su comunidad. Desde aquí, desde seis diferentes capitales europeas, Madrid, Lisboa, Berlín, Roma, Viena y Londres, exigimos justicia y respeto al ejemplar caminar que empezaron a recorrer las comunidades de paz y en resistencia frente a la barbarie de la guerra y del grave conflicto interno que desangra a Colombia. Durante estos últimos años la comunidad de paz de San José de Apartadó, así como otras comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, han padecido masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, bloqueos económicos y violaciones de toda índole, que han intentado apagar la llama de la resistencia, de la vida, de la utopía y de la construcción desde abajo de otra Colombia posible. Denunciamos públicamente la situación grave y crítica que padece la comunidad de paz de San José de Apartadó, pero también queremos hacer ver a la opinión pública europea la grave crisis humanitaria y el contexto actual de guerra permanente que padecen con gran brutalidad e intensidad las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de los departamentos de Arauca, Cauca y la región del Catatumbo, así como todas aquellas que se encuentran en los territorios que acecha el denominado Plan Patriota, con asesinatos, desapariciones, detenciones masivas y torturas continuadas por los diferentes actores armados, especialmente por la acción de militares-paramilitares. Además de repudiar y condenar firmemente la muerte y asesinato del defensor de derechos humanos Luciano Romero, quien fue brutalmente asesinado hace pocos días. En consecuencia, exigimos al gobierno colombiano que respete los derechos humanos en el conjunto del país, y que paren el asesinato y violación de la población civil. Exigimos que el Estado colombiano detenga, arreste y condene con firmeza a los militares sindicados de violar los derechos humanos en Colombia. Unos militares que, junto al accionar paramilitar, se han convertido en una macabra y temible máquina de horror, sangre y muerte en todo el país. También pedimos y exigimos con firmeza que nuestros gobiernos no legitimen ni financien el actual proceso de legalización paramilitar, un proceso que comportará el olvido y la impunidad de graves crímenes de lesa humanidad, así como también les solicitamos a que presionen al gobierno colombiano para que el Estado sea máximo garante del respeto a los derechos humanos y no su mayor violador como ocurre actualmente". El puente con Colombia El mismo miércoles 21 de septiembre de 2005, también, en Bogotá, diversos medios de información convocaron a un foro sobre "Paramilitarismo, desmovilización y política" en el que participaron integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre ellos Iván Cepeda y Alirio Uribe, el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, sectores políticos y asesores del Gobierno como José Obdulio Gaviria. "La imputación de los cargos a los autores de delitos atroces se viene con todo", dijo el fiscal general, Mario Iguarán. Ante la inquietud de Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sobre el cálculo de que de 22 mil paramilitares desmovilizados sólo 200 sean juzgados a la luz de la ley de "justicia y paz", el fiscal señaló que esa cifra no depende ni de la Fiscalía, ni de la Procuraduría, ni de la Defensoría, sino de la voluntad que ellos tengan para colaborar con la justicia. Durante el foro también hubo duros cuestionamientos a la ley de "justicia y paz", como los hechos por Iván Cepeda, hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda, y Amérigo Incalcaterra, el director encargado de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Incalcaterra señaló que la ley no hace referencia ni al conflicto armado interno ni al derecho internacional humanitario. Agregó que convierte el paramilitarismo en delito político, lo que permite que los miembros de esas organizaciones puedan ser beneficiados con amnistías e indultos, "medidas que conducen al olvido o al perdón de la conducta delictiva".También dijo que la ley no habla del procesamiento de servidores públicos que hayan participado de alguna forma en crímenes cometidos por los paramilitares. De la misma manera indicó que la norma aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente no establece mecanismos efectivos para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la verdad. "Sin eso --dijo-- no puede hacerse cabal justicia". El padre Javier Giraldo, coordinador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ha declarado que "la institucionalización del olvido sustituye la memoria, el pragmatismo se superpone a los derechos. Antes se había dicho que los desmovilizados no harían parte de la fuerza pública. A pocos meses de desmovilizados son ya policías cívicos, otros son de empresas de seguridad privada, y otros, quienes resguardan armas, serán el fermento de nuevos esquemas de fuerza. Se ha olvidado lo que significó el paramilitarismo como estrategia de desplazamiento de indígenas emberas y campesinos mestizos de Córdoba y de La Balsita, Esmeralda, Chamuscado en Antioquia. Ahora ellos disfrutarán de la infraestructura empresarial. El cinismo institucional sustentado en la política de seguridad no tiene vergüenza, todo se transfiere como responsabilidad a las víctimas, mientras las estructuras criminales se reacomodan en la nueva fase paraestatal. Definitivamente un proceso hecho a la medida de los victimarios, definitivamente el desmoronamiento del estado de derecho" ha concluido el director del banco de datos sobre violencia política en Colombia "Noche y niebla". La decisión UE puede llegar en el debate del 3 de octubre... El Colat encargó a la presidencia británica la redacción de un documento en el cual la UE fijaría su posición sobre la ley de "justicia y paz". La decisión fue aplazada para el 3 de octubre, cuando será discutida. La idea es establecer si la ley es satisfactoria como marco jurídico para que "los 25" apoyen política y económicamente los procesos de paz en Colombia. Según se supo por un canal informal, en la reunión del Colat del martes 6 de septiembre, en el punto sobre Colombia, España y Alemania fueron los países que expresaron que la UE debía apoyar el proceso de reinserción de paramilitares llevado a cabo por el gobierno colombiano. Italia, Dinamarca, Finlandia y Holanda estaban de acuerdo pero exigían que se diera un trabajo de verificación eficaz, una "evaluación" (assessment) por parte de la ONU y la OEA. Francia expresó una posición firme en contra del apoyo al proceso pero parece que estaba aislada pero con una posición. Esto condujo a que no se votara el apoyo a la ley y que se designara a la presidencia británica para que hiciera circular antes del 3 de octubre (próxima reunión del Colat) un análisis del documento que tenían y el resultado de las consultas. Si el 3 no logran consenso, eso pasará a noviembre. La información proporcionada a los miembros del Colat era bastante completa y tenía un fino análisis de la ley, las críticas existentes, etc. A este expediente se le sumaron las cartas de organizaciones internacionales y nacionales. Javier Solana nuevamente desautorizado por su apresurado apoyo al gobierno de Colombia Paul-Emile Dupret, coordinador de la secretaría del grupo de la Izquierda Unitaria Europea en el PE, ha declarado que "en respuesta a varias preguntas parlamentarias relativas a Colombia, planteadas por los diputados Vittorio Agnoletto y Sarha Wagenknecht de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) y la diputada Maria Valenciano del Partido Socialista Europeo (PSE), relativas al eventual uso de fondos de la UE para el proceso de desmovilización de paramilitares, mediante la ley de ‘justicia y paz’, bautizada por el New York Times en su editorial del 4 de julio como ‘ley de impunidad para asesinos en masa, terroristas y capos del narcotráfico’, la presidencia de la UE representada por el ministro británico Douglas Alexander, y la Comisión europea por su lado, contestaron que la UE tomó buena nota de las críticas de la ONU relativas a las insuficiencias de esta ley en cuanto a impunidad, garantías de investigación de crímenes atroces y debida reparación a las víctimas. La UE encargó a sus jefes de representaciones diplomáticas en Colombia estudiar esta ley y producir antes de cualquier decisión una evaluación exhaustiva, con un análisis y unas recomendaciones para la política de la UE en la línea de sus conclusiones de diciembre de 2004". Sectores muy variados de la sociedad europea se han pronunciado en las últimas semanas enviando a las autoridades unos llamados para oponerse a cualquier uso de fondos públicos europeos y cualquier injerencia política de la UE en un proceso que poco tiene que ver con el marco legal aceptable que la misma UE había exigido como condición para cualquier apoyo, y que al contrario, aparece cada día más como un intento de legalización de los paramilitares, de consolidación de la impunidad de sus crímenes y de refuerzo de su política de terror sobre la sociedad colombiana, privando de hecho a las víctimas del esencial derecho a la justicia, la verdad y la reparación. El proceso en curso permite además a los autores de los crímenes quedarse con los bienes de las víctimas, y en particular los millones de hectáreas que han robado a comunidades campesinas e indígenas desplazadas a todo lo largo del país. Esta decisión de la UE de proceder a un estudio significa que estas preocupaciones han sido escuchadas en Bruselas. Esta decisión de la UE de aplazar su decisión y de consultar a la ONU, las ONG, el grupo de los 24 y el Gobierno colombiano, Constituye un revés para la diplomacia colombiana que daba por seguro el apoyo político inmediato de la UE al proceso bandera del gobierno de Colombia, luego del viaje del presidente Uribe a España, durante el cual las autoridades colombianas celebraron el hecho de que el presidente Zapatero iba a ser su abogado ante sus colegas jefes de Estado de la UE. Respondiendo a una pregunta adicional del diputado de derecha José Ignacio Salafranca, perteneciente al PP y conocido por su apoyo al Plan Colombia, quien se refirió a las declaraciones del alto comisionado para la política exterior Javier Solana, en apoyo al proceso de desmovilización/legalización de los paramilitares, el presidente del Consejo de la UE opinó que sabía que la UE podría estar más involucrado en un apoyo político al proceso en curso, pero reiteró que esto se daría solamente si había un marco legal completo, que la posición de la UE lo estaba estudiando por el momento, dando a entender que Javier Solana se había apresurado en declarar que la UE apoyaba el proceso. "En febrero del 2001, el mismo Javier Solana, quien había anunciado el apoyo de la UE al Plan Colombia, fue desautorizado cuando el PE, el Consejo y la Comisión decretaron al unísono que la UE ni iba a apoyar al Plan Colombia en ninguno de sus componentes", concluye Paul-Emile Dupret. Durante el debate oficial, la diputada Maria Valenciano del PSE ha preguntado: "¿Qué garantías puede ofrecer la Comisión de que los recursos de la UE destinados a Colombia no están sirviendo para financiar proyectos de reinserción de grupos armados, cuando aún no existe un marco legal conforme a la normativa internacional que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y permita a la UE apoyar financieramente estos proyectos de desarme y reinserción? Asimismo, los fondos de la UE otorgados a Colombia con cargo al programa de apoyo a las poblaciones desarraigadas pueden ser empleados, en función del proyecto piloto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la reinserción de paramilitares desmovilizados, en lugar de servir para la vuelta a sus tierras de las poblaciones autóctonas desplazadas por el conflicto armado. Por ello, ¿tiene la Comisión datos y ejerce una labor de control sobre el empleo de los fondos del programa de apoyo a las poblaciones desarraigadas en Colombia?". El europarlamentario italiano Vittorio Agnoletto (miembro de GUE y ex portavoz del Foro Social de Genoa) ha denunciado que "nos encontramos frente a una ley que en la practica regulariza los grupos paramilitares ofreciendo la posibilidad a mafiosos y narcotraficantes de transformarse en paramilitares, utilizando esta ley de ‘justicia y paz’ que fue criticada también por Amnistía Internacional, que subraya que no se ha realizado esta desmovilización y desmilitarización. Por eso pregunto si la UE tiene la intención de financiar este proyecto que oficialmente propone la desmovilización pero en los hechos puede sustentar estos grupos paramilitares". Hay que destacar también el fuerte compromiso en favor de la paz en Colombia por parte del bloque Verdes/ALE: la presidenta del grupo Verdes ante el PE, la italiana Monica Frassoni, ha declarado "el total apoyo en el puente con la sociedad civil europea y colombiana; por eso el diputado verde Alain Lipietz (presidente de la comisión UE para las relaciones con los países andinos) ha enviado una carta al Colat: el grupo Verdes/ALE está en primera línea en este proceso. La sintonía con el grupo Verdes Europeos es total". Muchos interrogantes están abiertos pero la sociedad civil de Europa y Colombia está en alerta para exigir el respecto de los derechos humanos; está muy claro que la UE no debe apoyar un proceso de desmovilización en Colombia que no contribuye ni a la paz ni a la justicia. Se trata sólo del primer asalto para presionar la UE, pero la movilización de las organizaciones sociales está logrando buenos resultados y sigue adelante. *Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil. Fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina Selvas.
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Comisión Internacional de Juristas (CIJ) acaba de hacer público en Bruselas
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