Declaración pública ante la preclusion de la investigación al general Rito Alejo Del Río

Esto no puede llamarse justicia

Operación Génesis, ilustración de Matiz para Prensa Rural

El 9 de marzo de 2004 el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación que se adelantaba contra el general en retiro Rito Alejo Del Río Rojas, por conformación de grupos paramilitares y otros delitos.

Desde mediados de los años 90 no ha sido un secreto para nadie en la región de Urabá ni en la del Bajo y Medio Atrato, la estrecha unidad de acción existente entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares que actúan bajo las siglas de ACCU o de AUC. Para algunas capas sociales esto es algo positivo, pues encuentran en ellos la defensa de sus intereses o posibilidades de empleo remunerado, en cambio para muchas comunidades desprotegidas que habitan en zonas rurales, en las riberas de los ríos o en barrios periféricos estigmatizados por sus preferencias políticas, esto ha significado un verdadero baño de sangre y la negación de todos sus derechos. El cúmulo de asesinatos y masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, atentados, bombardeos indiscriminados, amenazas, extorsiones, actos de violencia sexual, saqueos y pillajes, retenes, incursiones armadas, controles y allanamientos, bloqueos alimentarios y de transporte y toda suerte de chantajes, formas todas de violencia que se han llevado a la práctica con modalidades de barbarie y de sevicia difíciles de imaginar y de narrar, son crímenes que desde hace muchos años están levantando clamores por verdad, justicia y reparación.

En las calles y plazas de los principales centros urbanos de la región, en sus cafeterías, bares y restaurantes, en las mismas oficinas públicas, sitios de comercio, iglesias y centros educativos, le señalan a uno los vehículos y comandos paramilitares que departen amigablemente y comparten los mismos espacios con la fuerza pública sin ninguna clandestinidad, pero cuando se plantea llevar estas realidades, absolutamente contrarias a la ley, a los estrados judiciales, en todo el mundo aflora el instinto de conservación, dados los riesgos enormes que para cualquier sentido común saltan a la vista.

El aporte del general retirado Rito Alejo Del Río a esta estructura de violencia, mientras se desempeñó como comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa, durante los años 1996 y 1997, es otro "secreto a voces" en toda la región. Las capas privilegiadas lo reconocen, desde sus intereses, como "el Pacificador de Urabá y del Atrato", pero las comunidades, familias y capas sociales que sufrieron el reverso de esa "pacificación", que son enormes franjas de población civil empobrecida e indefensa, no cesan de pedir justicia y el cese de las agresiones que aún se prolongan. El general Del Río diseñó y dirigió la "Operación Génesis" en febrero de 1997, la cual evidenció, ya sin pudor alguno, la connivencia militar-paramilitar; desplazó a muchos millares de afrodescendientes de las riberas del Atrato y de sus afluentes e instauró el dominio paramilitar que hoy se prolonga, escoltando a las empresas madereras, palmeras y de narcotráfico, que han ido arrebatando a las comunidades afrocolombianas del Pacífico los territorios que la Ley 70 había permitido adjudicarles. Se asentó así un paramilitarismo que a la vez está escoltando la destrucción del más rico patrimonio de biodiversidad de la nación y uno de los más ricos de la humanidad.

Desde el 12 de marzo de 1997 y hasta la fecha, la Comisión de Justicia y Paz y otras muchas organizaciones sociales, étnicas, humanitarias, religiosas y de derechos humanos, hemos dejado constancias ante las más altas instancias del Gobierno y del Estado, sobre los crímenes que se han ido perpetrando en la región de Urabá y del Bajo y Medio Atrato. Muchas de estas constancias, sobre todo las que corresponden al período de los generales Del Río y Carreño Sandoval, fueron aportadas al proceso precluido. Por eso es moralmente inadmisible que, como lo hace el Fiscal en su fallo, refiriéndose al entonces Jefe del Estado, afirme que: "como este proceso no contiene información en qué sustentar una denuncia, mucho menos considerar que esté 'plenamente probado su conocimiento de los hechos'... no tiene procedencia compulsar copias para que se le investigue" (fl.77)

Si bien la investigación que ahora se precluye se inició solamente contra el general Del Río, con sustento en acusaciones hechas por funcionarios públicos y algunos soldados, sin embargo desde el 22 de agosto de 2001 se solicitó formalmente al Fiscal General de la Nación que dentro del mismo proceso se investigaran más de 200 crímenes de lesa humanidad allí documentados, que eran la verdadera materia en la cual habían tomado cuerpo las conductas de paramilitarismo y de "concierto para delinquir" del general sindicado y de otros numerosos funcionarios, conductas que nunca fueron abstractas. Pero además se le rogó al Fiscal General que asumiera la investigación dentro de los parámetros del derecho internacional, pues era evidente que allí no se estaba frente a crímenes aislados o fortuitos, sino frente a prácticas sistemáticas que reproducían un mismo parámetro de agresión en diversos espacios y tiempos, respondiendo a una estrategia o política que encontraba respaldo, protección o tolerancia en agentes del Estado de diversas ramas, categorías y jerarquías.

El Fiscal General se negó a considerar siquiera si se aplicaban las tipificaciones penales contempladas en el derecho internacional; se negó a decretar las conexidades exigidas por la naturaleza misma de los crímenes y su contexto; se negó a vincular a otros funcionarios cuyas conductas activas u omisivas constituyeron condiciones de posibilidad fundamentales de los crímenes denunciados; se negó a examinar el papel que cumplieron las instituciones en el diseño, determinación, facilitación y ejecución de los crímenes; se negó a enfocar la investigación con el objetivo primordial de hacer cesar los efectos o continuidades de las conductas criminales, como lo pide el Código de Procedimiento Penal en uno de sus principios rectores (art.21) y se negó a reconocer una parte civil en calidad de actor popular, que invocó el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto estrecho margen de representación de la humanidad, que es la más profundamente ofendida por el crimen de lesa humanidad. Esta última negativa, sin embargo, fue corregida por la Corte Constitucional al revisar una sentencia de acción de tutela por denegación de justicia (T-249/03), conceptuando en su sentencia de revisión que la búsqueda de verdad y justicia frente a crímenes tan horrendos, legitima por sí sola la constitución en parte civil como actor popular, sin necesidad de probar daños patrimoniales.

Queremos dejar sentado de una vez que repudiamos esta manera de "investigar" conductas que afectan a grandes capas de población y que por lo tanto contienen todas las características de acciones criminales sistemáticas, planificadas y concertadas, bajo las cuales se manifiesta una verdadera política represiva que desconoce toda ley y toda ética. Dado que en este caso el fallo ha sido suscrito por la cabeza misma del ente investigativo y no tiene sentido, por lo tanto, un recurso de reposición, condenamos desde ya, enérgicamente, esta manera de investigar como abiertamente favorable a la impunidad y a la continuidad de las acciones criminales. Afirmamos tajantemente que así no se investigan los crímenes de lesa humanidad, y si se les investiga así, es porque de antemano se pretende garantizar su impunidad.

Al proceso fueron allegados testimonios de algunos miembros retirados del Ejército y de la Policía, quienes suministraron numerosas informaciones concretas. También la ex alcaldesa de Apartadó dio su testimonio sobre lo que ella vivió y sufrió dramáticamente en el desempeño de su cargo. Por su parte Justicia y Paz aportó constancias de numerosas matanzas colectivas e individuales, desapariciones, desplazamientos y otros muchos crímenes perpetrados en seis comunidades de la región. Estremece registrar, por ejemplo, el asesinato de Marino López Mena, en Bijao del Cacarica, el 27 de febrero de 1997, en plena "Operación Génesis", cuando militares y paramilitares jugaron fútbol con su cabeza ante la extrema conmoción de toda su comunidad; el asesinato de Daniel Pino en la noche del 4 de abril de 1999 en San José de Apartadó, cuando le abrieron las entrañas con un machete y él agonizó durante una hora tratando de impedir que sus vísceras se dispersaran por el suelo, mientras acompañantes internacionales y su comunidad se veían impotentes para auxiliarlo; el asesinato de Heriberto Areiza y de Ricaurte Monroy, el 26 de noviembre de 1997, en La Balsita, de Dabeiba, a quienes les arrancaron los ojos, les arrancaron la piel de varias partes del cuerpo y les echaron ácidos en las heridas; el asesinato de Wilmer Mena, el 15 de junio de 1997 en Bellavista-Bojayá, cuando en presencia de todo el pueblo le enterraron un cuchillo en el cuello y luego le cortaron sus brazos, impidiéndole a los suyos siquiera sepultar su cadáver; el asesinato de Edilberto Jiménez, en Pavarandó, el 28 de mayo de 1997, a quien pasearon amarrado por todo el pueblo luego de cortarle el cabello, para asesinarlo frente a la puerta de la casa de sus padres.

Nos deja sin palabras el comprobar que en la etapa instructiva abierta por el Fiscal General Osorio Isaza el 9 de octubre de 2002, no se produce una sola diligencia para investigar o siquiera verificar alguno de los centenares de crímenes denunciados. La identidad de las víctimas, las circunstancias de su persecución y muerte, los contextos de su exterminio y centenares de informaciones que hubieran ayudado a esclarecer el porqué, el cómo, el dónde, el cuándo y el quién de tan horrendas cadenas de crímenes, no interesaron en absoluto a la Fiscalía. Esto contrasta enormemente con la actividad procesal desarrollada por la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos mientras tuvo bajo su responsabilidad el expediente, pero una vez anulado lo actuado, por el Fiscal Osorio Isaza, la mayoría de los funcionarios que tuvieron alguna actuación dentro de la instrucción del proceso o la captura del general Del Río el 21 de julio de 2001, tuvieron que refugiarse en otros países a causa de las amenazas de muerte a que fueron sometidos. El mismo vicefiscal general de la Nación se vio obligado a renunciar y a irse al exilio.

Pero aún más: varios de los valientes miembros retirados del Ejército o de la Policía que rindieron testimonio, señalaron la ubicación precisa de bases paramilitares amparadas por la cercanía de bases militares; placas de vehículos utilizados por los victimarios; nombres y descripciones morfológicas de algunos de éstos; haciendas frecuentadas por ellos; caminos y vías públicas donde suelen instaurar sus retenes conjuntos o separados. Sin embargo, en el curso de la investigación no se ordenó una sola observación, análisis o verificación de lo denunciado; ninguna tarea de inteligencia; ninguna inspección "in loco". Todo esto es más alarmante cuando es de público dominio que en los alrededores de San José de Apartadó, de Dabeiba, de Vigía del Fuerte, La Balsa en Cacarica, de la Cuenca del Jiguamiandó y en muchos puntos del Atrato, persisten bases paramilitares que incluso han sido vistas por comisiones oficiales del Gobierno y del Estado y por misiones internacionales y que siguen perpetrando crímenes ante la tolerancia total de las instituciones del Estado. Nuevamente queremos sentar muy en firme nuestra protesta. Señor Fiscal: Así no se investiga ningún crimen, y menos crímenes de lesa humanidad.

La opinión pública se preguntará, entonces, cómo pudo desarrollarse esta investigación para que un Fiscal General de la Nación tomara una decisión tan firme de precluirla. El método judicial que desgraciadamente ha hecho carrera en Colombia, es limitar el proceso a un juego de confrontación de testimonios que se hace en un escritorio. Y a nadie se le oculta que en el contexto de violencia y de miseria en que vivimos, el testimonio se volvió lo más manipulable: puede ser cooptado por el soborno o por la intimidación. Pero aun dentro del esquema del "sólo testimonio", la Fiscalía sólo convocó a cierto número de militares, a quienes por fuerza de las circunstancias no se puede atribuir imparcialidad alguna, toda vez que eran militares que, en caso de acusar al general Del Río, podrían quedar involucrados como cómplices o encubridores, ya que fueron sus subalternos. Leyendo sus testimonios, se les puede aplicar la cita de una vieja sentencia de la Corte Suprema, que el Fiscal pretende aplicar a un testigo de cargo que declara en la soledad de su prisión, sin caer en cuenta de que se aplica más bien, con sobrada razón, al conjunto de militares que declararon a ruegos de la defensa: "los tratadistas aconsejan desconfiar de aquellos testigos que al referir un hecho lo hacen en forma tal que parece que estuviera repitiendo una lección" (fl57 del fallo).

El resto de la actividad procesal se invirtió en descalificar a los testigos de cargo, sin el menor esfuerzo de verificación objetiva de lo que dijeron, sino con un exclusivo esfuerzo imaginativo de escritorio, donde se hace derroche de arbitrariedad y de parcialidad para negar gratuitamente lo que ellos afirmaron bajo juramento, sin tener siquiera el cuidado de consultar a expertos en psiquiatría cuando se emiten juicios atrevidos sobre la salud mental de los deponentes. Cuando estaba próxima a cerrarse la etapa de instrucción, la parte civil le formuló al Fiscal 150 preguntas a través de las cuales se reclamaba por omisiones graves en la investigación, preguntas que el Fiscal se negó a responder bajo el pretexto de que la parte civil no debe hacer uso del derecho de petición sino del "ius postulationis", expresión latina que traduce "derecho de petición".

La estigmatización de los testigos de cargo preocupa no sólo porque, en un contexto de tan enormes riesgos como el que vivimos, desestimula y retrae a cualquier otro eventual testigo, sino porque este proceso pone al descubierto persecuciones y desenlaces fatales, que afectaron a no pocos miembros de la misma Fiscalía, ante los cuales también faltan las palabras para reaccionar. El Fiscal se negó a investigar las presiones que motivaron la retractación del ex soldado Oswaldo Giraldo Yepes, a pesar de que en el mismo expediente hay pruebas suficientes que demuestran dichas presiones. El Fiscal se negó también a propiciar el nombramiento de un fiscal imparcial que avocara el caso del mencionado ex soldado, mientras dicho testigo soporta todavía una prolongada reclusión, a su juicio fundada en montajes, al tiempo que sus victimarios lo mantienen a él y a su familia bajo terribles amenazas y chantajes. El Fiscal se negó también a examinar, como pieza de sumo interés para este proceso, el asesinato del ex concejal de Apartadó José de Jesús Guzmán, asesinado el 15 de septiembre de 2001 mientras se preparaba a rendir su testimonio dentro de este proceso, lo que obligó también a abandonar el país a la funcionaria de la Fiscalía que había recibido sus primeras informaciones. También se negó el Fiscal a examinar las falsas acusaciones que el general Del Río hizo contra algunos líderes sindicales, sociales y políticos, valiéndose de testigos pagados, para hacerlos aparecer como responsables de ofrecer sobornos a quien declarara contra él. La directora de Redepaz, el ex presidente de la USO Hernando Hernández Pardo y el secretario del Partido Comunista fueron sus víctimas en esa ocasión.

Otros muchos testimonios que la parte civil exigió que se aportaran al proceso pero que el Fiscal ni siquiera se dignó examinar, evidencian que el general Del Río no sólo delinquió en Urabá y en el bajo Atrato sino que en la mayoría de las unidades militares por donde pasó hubo alguien que delatara sus estrechas relaciones con los escuadrones de la muerte y su participación en el diseño o ejecución de crímenes contra poblaciones civiles, al servicio de los cuales puso no pocas veces su autoridad de comandante.

No menos pasmoso es comprobar cómo la Procuraduría, que tuvo acceso a los mismos elementos probatorios y que incluso en su momento dejó constancia de que la retractación del ex soldado Giraldo Yepes fue producto de violencia moral y no debía ser tomada en cuenta, sin embargo eludió también la comprobación de los crímenes y absolvió al general Del Río en contra de la realidad procesal. Es también escandalosa su falta de vigilancia sobre lo que ocurrió al testigo Giraldo Yepes, a quien abandonó al arbitrio de sus verdugos faltando a su deber de vigilancia y protección.

Tenemos tristemente que concluir que esto no puede llamarse justicia. Así no se investiga ningún crimen, y mucho menos un crimen de lesa humanidad.

En todo esto percibimos una parcialidad personal del Fiscal General que lo hace inepto e indigno de ocupar su cargo. Es muy grave para el país que no pueda confiar en su administración de justicia, sobre todo en una etapa tan llena de violencia e injusticia como la que vivimos.

Hacemos un llamado a la máximas instancias de la administración de justicia del Estado para que exploren caminos para restaurar la credibilidad de la Justicia.

Llamamos a la Corte Constitucional para que emita una jurisprudencia clara que fije las pautas para investigar y enjuiciar crímenes de lesa humanidad, una de cuyas características esenciales es la sistematicidad de las agresiones.

Llamamos a la comunidad internacional a que avoque este cúmulo de crímenes, con plena legitimidad, en la jurisdicción universal, a través de tribunales nacionales o internacionales, ya que ha quedado en evidencia la incapacidad o falta de voluntad del Estado colombiano para procesarlos con un mínimo de idoneidad en su jurisdicción interna. Las víctimas, entre ellas los miembros de esta nación y de la humanidad que nos sentimos moralmente agredidos por esta barbarie, continuamos en nuestro clamor por verdad, justicia y reparación, y ahora de manera más apremiante aún.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, religiosas, académicas, profesionales y humanitarias, y a todas las personas conscientes de su solidaridad de especie, a unir sus esfuerzos en los de un actor popular internacional de carácter colectivo, que se concite próximamente en otro país o en otros países, en un legítimo ejercicio de jurisdicción universal.

La impunidad no puede ser la última palabra sobre tanta barbarie.

Suscriben este documento,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Comisión Colombiana de Juristas
Corporación para la Defensa y Promoción de los DD HH Reiniciar
Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Corporación Jurídica Humanidad Vigente
Fundación Manuel Cepeda Vargas
Corporación Jurídica Libertad
Proyecto Justicia y Vida
Corporación de Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes)
Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga
Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes)
Comité Regional de Derechos Humanos de Barrancabermeja (Credhos)
Corpoación Clareticana Norman Pérez Bello
Casa Colombiana de Solidaridad con los Pueblos
Asociación de Familiares de Víctimas de Violencia en Riosucio, Chocó
Consejo Comunitario Río Jiguamiandó y 9 Comunidades de Curvaradó
Comunidades de Autodeterminaciín, Vida, Dignidad de Cacarica (Cavida)
Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita-Dabeiba
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Red de Alternativas a la Globalización y a la Impunidad
Red Ecuménica de Iglesias y Organizaciones Cristianas de Colombia
Iglesia Presbiteriana de Colombia
Asociación Campesina de Antioquia
Asociación Campesina de Arauca
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC-UR), Nacional
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC-UR), Cauca
Asocomunal La Vega, Cauca
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), Nacional
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), Medellín
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), Huila
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), Cali
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), Pasto
Fundación Pichendé
Asociación de Desplazados Loma de Peyé Ádeipe
Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes)
Asociación Familias Emigrantes Sobreviviendo
Asociación de Desplazados El Triunfo
Corporación de Desplazados Renacer
Coordinadora Departamental de Desplazados del Huila
Asociación Sur Colombiana de Desplazados Internos
Asociación de Familias Desplazadas del Norte de Santander
Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Comisión de DD HH
Unión Sindical Obrera (USO)
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Departamento de DD HH
Sintraminercol, subdirectiva zona Centro
Sindicato de Trabajadores Mineros (Sintramin)
Corporación Trabajadores por la Tierra
Federación Unitaria Trabajadores Mineroenergéticos (Funtraenergética)
Sindicato Nacional de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal)
Federación Nacional Sindicatos de Obras Públicas (Fenasintraop)
Fenasintraop, subdirectiva zona Centro
Fenasintraop, subdirectiva zona Viejo Caldas, Antioquia, Chocó
Fenasintraop, subdirectiva zona Costa Norte
Fenasintraop, subdirectiva zona Occidente
Unión Nacional Trabajadores Bancarios (UNEB), Departamento de DD HH
Frente Social y Político
Presentes por el Socialismo
Unión Patriótica
Partido Comunista Colombiano
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó
María Eugenia Vásquez

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