Continúan desalojos en Paraguay y protestas campesinas

por Prensa Latina
Asunción, 5 de noviembre de 2004

El Estado paraguayo sigue sin una política de reforma agraria y mientras tanto la situación es peor en el campo. La distribución de la tierra es el punto de partida. En Paraguay el 80% de las tierras está en manos del 1% de la población.

El conflicto agrario en Paraguay alcanzó hoy uno de los puntos más críticos de los últimos meses tras la decisión del Gobierno de continuar la espiral de desalojos, mientras los campesinos anunciaron que proseguirán las protestas.

Una operación policial en el norteño departamento de San Pedro, a unos 400 kilómetros de esta capital, para desactivar las ocupaciones de haciendas privadas terminó este jueves con un labriego muerto y otros 31 detenidos.

En medio del fuego cruzado por este incidente de violencia, Juan Torales, del multisectorial Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía, afirmó que el ejecutivo ataca a los campesinos en cumplimiento de la ley, pero no persigue a los latifundistas para poner fin a la desigual concentración de las tierras.

Torales denunció que alrededor de 11 millones de hectáreas fueron distribuidas de manera ilegal a personas cercanas a los últimos gobiernos, y aún las autoridades no han revisado esas irregularidades.

La muerte del campesino Aureliano Espínola, en la localidad de Naranjito, departamento de San Pedro, el más empobrecido del país, puso en su punto más crítico el conflicto agrario, seguido de la ola de desalojos practicados por las fuerzas de seguridad.

Las acciones contra las ocupaciones de haciendas y terrenos improductivos cobraron fuerza luego de que el presidente Nicanor Duarte dijo que había perdido la paciencia con los agricultores y no permitirá más invasiones.

Al respecto, el flamante ministro del Interior, Nelson Mora, aseguró que las expulsiones de los sin tierras seguirán, "pese al mal tiempo" a fin de dar plena vigencia del Estado de derecho y el orden constitucional, según un comunicado difundido hoy.

De las 54 ocupaciones registradas en diversas zonas se procedió al desalojo de 41 inmuebles rurales, indicó Mora, quien acusó a las agrupaciones campesinas de recibir apoyo de partidos políticos, sin mencionar a los líderes sociales que están en prisión.

Un muerto y más de 50 detenidos es el resultado de uno de los desalojos más violentos registrados en el departamento de San Pedro.

Luis Aguayo, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, la más pujante del sector, reiteró que pese a la violencia las luchas sociales no se detendrán hasta tanto exista una política real de reforma agraria.

Recordó el compromiso del Gobierno para solucionar los problemas del campo, en materia de educación, salud, empleo, créditos para los pequeños agricultores y la industrialización del algodón.

Al término de la tregua concedida al Ejecutivo hace dos meses, este 1 de noviembre los campesinos integrados en el Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía iniciaron la ocupación de tierras en San Pedro, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná y Misiones.

Para el próximo día 16 está convocado un paro cívico nacional por tiempo indefinido, con bloqueos de rutas, concentraciones en la capital y marchas por el interior, lo cual augura uno de los momentos más difíciles del mandato de Duarte, en poco más de un año.

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