El siguiente es el texto completo de la ponencia que la directora ejecutiva de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar, Jahel Quiroga, elaboró en el marco del evento de presentación del documento "Algunas propuestas para la humanización del conflicto armado colombiano" de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, que tuvo lugar en Bogotá el 4 de febrero de 2004. La aplicación del derecho internacional humanitario y la realización de acuerdos humanitarios: una decisión impostergable Por: Jahel Quiroga Carrillo
Las altas partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar las obligaciones humanitarias en todas las circunstancias (Artículo 1 Común a los Convenios de Ginebra) En efecto, es obligación principal del Estado, en la conducción de las hostilidades, no sólo respetar las normas y principios del derecho internacional humanitario (DIH) sino también reprimir y sancionar a sus agentes y a los particulares que violen las mismas normas y principios, como parte de su obligación de hacer respetar. No hacerlo compromete la responsabilidad internacional del Estado como alta parte contratante, es decir, lo que han hecho los miembros de sus fuerzas armadas y su estrategia paramilitar contra la población civil, contra sus bienes o contra guerrilleros fuera de combate y sus familiares, podría constituir una flagrante violación de las normas humanitarias, frente a la cual cualquier ciudadano o grupo de ellos podría denunciar ante instancias internacionales en demanda de justicia. Por no decir ante las instancias colombianas, dada la poca consolidación y aceptación del tema a nivel judicial y por los graves niveles de impunidad. Así mismo, los grupos insurgentes como partes contendientes en el conflicto armado interno tienen la obligación internacional de implementar, en sus operaciones militares y en su relación con la población civil, las normas humanitarias como un imperativo ético o como parte de su proyecto político, si lo prefieren, toda vez que pregonan el respeto por la dignidad humana como uno de las causas que los ha obligado a levantarse en armas contra el Estado. Por lo tanto, los guerrilleros son sujetos de DIH, es decir, la violación de las normas humanitarias, realizada como parte de un plan o política, o la comisión en gran escala de crímenes que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, son susceptibles de ser juzgados y sancionados por la Corte Penal Internacional. No obstante, la aplicación de la normativa humanitaria, en la práctica no se halla exenta de complejas dificultades. Sin embargo, el respeto del DIH en el conflicto interno armado colombiano, a través de acuerdos humanitarios, declaraciones unilaterales, gestos humanitarios o políticos que contribuyan a aliviar la situación de la población civil o de los combatientes puestos fuera de combate, es una decisión impostergable. Los acuerdos humanitarios son tan antiguos como la propia guerra. Desde siempre, en medio del más cruento enfrentamiento, las partes han acordado pausas y treguas para recoger los cadáveres del campo de batalla, atender a los heridos o intercambiar los prisioneros. También en Colombia, a lo largo de la historia del conflicto armado interno, se han instrumentado acuerdos humanitarios, declaraciones unilaterales, gestos humanitarios, o políticos que han contribuido a aliviar la situación de la población civil o de los combatientes puestos fuera de combate. Nuestra nación, cuyo devenir está plagado de combates y enfrentamientos, tiene en su haber un rico historial de acuerdos tendientes a reducir el impacto de la guerra sobre los combatientes y los civiles, desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días. En el último tiempo, es evidente que la ruptura de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, el 20 de febrero de 2002, ubicó en un horizonte incierto la posibilidad de una solución política negociada al conflicto social y armado que vivimos. Está percepción se torna en angustiosa certeza con la llegada al poder del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuya campaña presidencial tuvo como propuesta la guerra abierta y la negativa frontal a cualquier expresión de concertación, no sólo con la insurgencia sino con cualquier forma de oposición en el plano político, social y popular. Tras décadas de silencio y de indiferencia, hoy es aceptado que vivimos en medio de una guerra, guerra que tiene consecuencias como los prisioneros, los lisiados, los desplazados y los muertos. También la destrucción de los bienes materiales, así como las profundas huellas sicológicas que el conflicto deja en la sociedad. Se presenta así, en el orden del día, la urgencia del acercamiento entre las partes, para que conversen, pacten, acuerden, aunque sólo sea para disminuir el impacto de la guerra. Es el clamor por los acuerdos humanitarios, que hoy están en boca de todo el mundo. Si bien el objetivo principal es la superación del conflicto armado interno, es claro que en tanto llega la anhelada solución política que ponga fin al conflicto de manera digna, cierta y duradera, se pueden realizar acuerdos que reduzcan la crudeza de la confrontación. Las consecuencias inmediatas de los acuerdos son la reducción del número de víctimas, la mejoría en la calidad de la vida cotidiana de las comunidades directamente afectadas y la cicatrización de las heridas sociales que deja la guerra. Así mismo, aunque los acuerdos humanitarios no conducen necesariamente a la paz, ni se les puede considerar un escalón obligado para alcanzarla, sí es evidente que el acercamiento entre las partes para concertar temas comunes, como dice la Corte Constitucional, puede relativizar las hostilidades en tanto quienes se enfrentan a muerte en el campo de batalla se ven enfrentados a encontrar puntos concordantes sobre aspectos específicos. Hoy en día diversos sectores de la sociedad sufren dramáticamente las consecuencias del conflicto armado, sectores con quienes guardamos infinita solidaridad y a quienes estamos dispuestos a acompañar hasta lograr la paz y la reconciliación. Hoy, cientos de familias esperan con ansiedad el regreso o liberación de sus seres queridos de manos de la oposición armada o del Establecimiento, el mismo dolor da, millones de familias desplazadas de sus hogares, miles empobrecidas por el robo descarado de sus bienes que hacen parte del botín de guerra de los paramilitares, todo a nombre de un conflicto armado que, después de cuatro décadas continúa sin resolverse. Sin embargo, históricamente han sido los sectores políticos y sociales de oposición al Establecimiento las principales víctimas del largo conflicto que padece nuestro país. Un doloroso ejemplo de ello es la tragedia que han vivido y continúan viviendo los militantes y sobrevivientes del movimiento político Unión Patriótica (UP), a quienes me referiré brevemente, pero sin ocultar su verdadera identidad para evitar que se tergiverse su memoria. La UP nació como resultado de los acuerdos políticos suscritos en La Uribe, Meta, entre las FARC y el Gobierno Nacional el 28 de marzo de 1984. Es decir, como anota el historiador Gonzalo Sánchez: su nacimiento estaba marcado expresamente por la función facilitadora de una solución negociada al conflicto armado en el marco de los acuerdos de la Uribe y del diálogo nacional propiciado por el ex presidente Belisario Betancur. De este nacimiento se desprende un hipócrita argumento sobre las causas del exterminio de la UP, surgido del Establecimiento y adoptado luego por algunos políticos, académicos y científicos sociales que posan de democráticos en los grandes foros: la combinación de las formas de lucha, la causa principal del genocidio de la UP. Pues no hubo tal combinación, pues la UP nació con la intención de servir también de espacio político para la incorporación de la guerrilla de las FARC a la vida civil. Cito de nuevo a Gonzalo Sánchez: Sabido esto, nadie tenía el derecho de ocultar, minimizar o justificar el exterminio de la UP con el argumento de que se trataba de una fuerza política que guardaba simpatías o vínculos con la insurgencia, pues se trataba precisamente de eso: de una fuerza que el Estado se había comprometido solemnemente a respetar para que sirviera de puente en ese difícil tránsito de las armas a la política, es decir, para que cumpliera el papel que por doquier en América Latina desempeñaron tantos movimientos conocidos por todos, como el MAS de Venezuela, el Frente Sandinista en Nicaragua, la Unión Revolucionaria Guatemalteca, el Frente Farabundo Martí en el Salvador. Si algún pecado le cabía a la UP era el de haber tenido la audacia de ensayar ese recorrido al comienzo de un proceso de paz y no al término del mismo, como lo hicieron los otros mencionados. La UP tuvo entonces que pagar la doble moral del Establecimiento que la utilizó con promesas de que garantizaría su actividad política con la guerrilla, para después fustigarla con el argumento de que la estaban matando porque no había hecho "deslinde" con ella, cuando precisamente había sido creada como una avanzada política para que la insurgencia después de los acuerdos de paz no diera "un salto al vacío". Sin embargo, la estrecha visión del establecimiento colombiano, con un cultura política atrasada y excluyente, habituado a la maquinaria y a la trampa, no tuvo la grandeza suficiente para aceptar que la UP rápidamente se constituía en una alternativa real de poder, que fue la verdadera causa de su exterminio. En efecto, ante la amenaza de perder terreno en las corporaciones públicas y en el manejo de las riquezas en las regiones, desencadenó la guerra sucia contra el movimiento político y popular de oposición, para impedir el ascenso al poder real. El balance no pudo ser más dramático: inmediatamente después de su nacimiento son asesinados 2 candidatos presidenciales; 9 congresistas; 70 concejales, decenas de diputados; miles de dirigentes comunales, sindicales, juveniles, mujeres. Las comunidades fueron las más afectadas: visibilizadas en el mapa electoral fueron víctimas de asesinatos selectivos, masacres, despojo de sus bienes, desplazamientos. A sangre y fuego se borró a la UP de regiones como Urabá y el Meta, entre otras. Se produce así una de las mas grandes tragedias de la nación colombiana, no sólo en los planos humanos y políticos: ocurre una fractura quizás definitiva en la posibilidad de participación de la insurgencia en la vida política nacional acorde con los parámetros del Establecimiento, también se aleja una solución negociada al conflicto armado interno. Ahí están las victimas de la UP, sus familiares y la sociedad, pendientes de que se haga justicia, pendientes de que se dignifique su memoria, a través de la difusión pública de la verdad de su exterminio, contrario a lo que está pasando en estos días en los debates en el congreso sobre el proyecto de ley de alternatividad penal para los paramilitares, donde se está es "dignificando" la memoria de los perpetradores, de los victimarios, de los asesinos, justificando su accionar contra la población civil, en una pública confesión de haber cometido crímenes de guerra al violar principalmente el principio de distinción, pilar del DIH. Según ese principio, las normas humanitarias distinguen entre combatientes y no combatientes, entre quienes participan en las hostilidades y la población civil. Y las víctimas de la UP fueron civiles, pues los guerrilleros regresaron a sus frentes poco tiempo después, al no contar con garantías para hacer política civilista. A merced de la guerra sucia quedaron las comunidades y sus líderes que han padecido y padecen la estigmatización, el despojo y la muerte. Algunos académicos criollos han expuesto recientemente la peregrina teoría de que hay diversos tipos de civiles: aquellos totalmente fuera del conflicto; los más o menos involucrados y los más cercanos, que se califican de colaboradores, olvidando que los civiles son tales y en un conflicto tienen derecho a la inmunidad, independiente de sus afinidades, simpatías, de sus ideales y de sus anhelos. Flaco favor le hacen a la población civil estas teorías. Por eso desde las víctimas de la UP le apostamos a la reconciliación que es la verdadera paz que necesitamos, sobre la base de que se respeten los derechos de ellas a saber que pasó con sus familiares asesinados o desaparecidos, a que se sancione a los responsables materiales e intelectuales, a ser reparados de forma integral, no sólo a indemnizarlos económicamente sino también a garantizarles que esos hechos o similares no volverán a ocurrir ni a ellos ni a la sociedad humana. Y una forma de allanar hoy el camino es impidiendo que los paramilitares que hoy se encuentran en un falso proceso de paz sean perdonados de toda causa y por el contrario sean obligados a confesar sus crímenes y a contribuir con información sobre el paradero de los desaparecidos, revelando además la estructura de mando, la identidad de sus jefes y de su relación con miembros de la Fuerza Pública. Los familiares de los secuestrados, de los detenidos políticos pueden contar con nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad constante. Por eso proponemos a todos los colombianos en su conjunto, con el respaldo de la comunidad internacional, pedirle a las partes que se sienten de inmediato a la mesa para discutir y alcanzar acuerdos humanitarios en todos aquellos temas que se deriven del conflicto armado interno. Vale decir, la liberación de las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto, creación de comisiones para determinar el paradero de familiares desaparecidos, vivos o muertos, la garantía del paso de la ayuda humanitaria, el fin del bloqueo de alimentos y medicinas para la población civil; la protección de los niños ante los rigores del conflicto; el respeto a los bienes de la población civil; el cumplimiento al derecho a no ser desplazado, entre otros muchos. Así mismo, proponemos que las deliberaciones de las partes se realicen en presencia de las víctimas, de forma tal que los acuerdos a que lleguen no se alcen al margen de éstas. Estamos convencidos de que los acuerdos humanitarios son una necesidad urgente para reducir los efectos del conflicto armado interno; que la paz para los colombianos es posible y alcanzable, y que esa paz sólo será duradera si se levanta sobre la verdad la justicia y la reparación de las victimas y de la sociedad colombiana. Muchas gracias. |