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Chávez: "guerra contra latifundios" por María Esperanza Sánchez
Mediante el decreto se estableció una comisión nacional que revisará la situación de la tenencia de la tierra en el país. Esto incluye la fiscalización de los títulos de propiedad, y si se está dando uso productivo a las tierras. Hablando ante miles de seguidores en un estadio de Caracas, el mandatario recordó que apenas un 5% de los propietarios detentan un 80% de las tierras, "es dueño u ocupante, o se dice dueño". "Es una situación aberrante. Una revolución que permita este estado de injusticia no puede llamarse revolución", señaló Chávez, cuyas palabras fueron recibidas con gritos eufóricos de la multitud. Muchos ondeaban sus manos, otros silbaban o alzaban pancartas de apoyo al mandatario. A todos los rincones Chávez prometió que la comisión que evaluará la situación de la tenencia de la tierra llegará a todos los rincones del país. El proceso de fiscalización de terrenos se inició el sábado pasado con la intervención del hato El Charcote, ubicado en el central estado de Cojedes y ocupado por Agroalimentaria Flora, una subsidiaria del grupo británico Vestey. La intervención de esta finca fue amparada en un decreto que emitió el gobernador del estado Cojedes, y constituyó la primera medida de aplicación de la ley de reforma agraria, promulgada en el 2001. Varios estados han emitido ya sus propios decretos de intervención de tierras, en respuesta al pedido del presidente Hugo Chávez para que se combata el latifundio. Ofensiva de los ganaderos El plan del gobierno ha sido rechazado por la Federación Nacional de ganaderos (Fedenagas) y otros gremios de productores agrícolas del país. José Luis Betancourt, presidente de Fedenagas, declaró a BBC Mundo que con esas medidas se está vulnerando el derecho de propiedad. "Hay una concepción ideológica de parte de los funcionarios públicos que no creen en el derecho de propiedad. Ellos consideran que las tierras son usufructuadas. Bajo esa concepción es imposible que se hagan inversiones en el sector agrícola y tampoco se puede garantizar la estabilidad laboral en el campo", expresó el dirigente ganadero. Betancourt dijo además, que la intervención del hato El Charcote se hizo de forma irregular. "Fue un acto irregular, no ajustado a las leyes". Representantes de la firma Agroalimentaria Flora dicen tener documentos que prueban que son propietarios de la estancia, que ocupa 13 mil hectáreas, desde el siglo XIX. El gobierno señala, sin embargo, que al menos 3.500 hectáreas de El Charcote pertenecen al Estado. No obstante, el dirigente ganadero sostuvo que en el caso de El Charcote y otras fincas del país ha habido sentencias de tribunales, favorables a los propietarios, y que esto se está desconociendo. Oposición dividida Sin embargo, no todos los dirigentes de la oposición han rechazado de plano las nuevas medidas. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de tendencia opositora, anunció que iba a emitir su propio decreto argumentando que el latifundio era cosa del pasado. La posición de Rosales podría explicarse por el hecho de que muchos dentro de la oposición apoyan la regularización de la tenencia de la tierra, aunque no necesariamente las expropiaciones forzadas. "Nadie puede dudar que en un país con una debilidad jurídica como la que tiene Venezuela hay problemas con los títulos de propiedad y esa situación amerita ser revisada" dijo a la BBC el analista Orlando Ochoa. Sin embargo, destacó que eso no debe abordarse incitando a la confrontación política incluso con firmas extranjeras, sino incentivando al uso productivo de la tierra y penalizando por vía tributaria a quienes mantengan terrenos ociosos. Ley controvertida A fines del ano 2001, el gobierno de Chávez aprobó una controvertida ley de reforma agraria que entre otras cosas permite la redistribución de terrenos improductivos o cuya propiedad no pueda ser demostrada. Sin embargo, pese a que el gobierno en reiteradas ocasiones ha hablado sobre la necesidad de profundizar su "guerra contra el latifundio", hasta el momento sólo se ha asentado en terrenos del Estado a alrededor de 130 mil familias campesinas. Con excepción de tierras que el Estado disputa, no se ha expropiado ninguna finca de propiedad privada. Emma Ortega, del Movimiento Transformación Agraria, dijo a BBC Mundo que el proceso de reforma agraria ha sido muy limitado. "No se ha hecho lo que tenía que hacerse desde el momento que se aprobó la ley de tierras", expresó. Aunque hasta el momento los esfuerzos se han concentrado en determinar la legalidad de los títulos de propiedad, el gobierno no descarta la expropiación de terrenos privados que no estén en producción. Las autoridades dicen haber identificado más de 500 granjas, incluyendo 56 latifundios, como tierras ociosas que podrían ser sujetas a intervención. Aún faltan por inspeccionar unas 40 mil fincas. Bajo la ley de tierras de 2001, el gobierno puede cobrar altos impuestos o expropiar las tierras que no estén siendo aprovechadas. Campesinos como Emma Ortega ven con buenos ojos las nuevas medidas, pero creen que falta mucho por hacer: "En el país hay suficientes terrenos del Estado para resolver el problema de los campesinos pobres. Para esto hay que confiscar también terrenos estatales que son usufructuados ilegalmente. Hay que tocar los intereses de jerarcas, incluyendo a muchos militares. De eso se trata la revolución agraria". |
