Colombia: desarrollo excluyente sin sostenibilidad

por Libardo Sarmiento Anzola
Desde Abajo
23 de septiembre de 2004

¿Quién no añora los ríos donde se bañó o pescó en su niñez? ¿Quién no extraña el entorno verde de su municipio o de la periferia de las grandes ciudades? Colombia se ha transformado a ritmos agigantados y quien lleva la peor parte son: sus ríos, montañas, páramos, nevados, humedales y zonas boscosas. Si no queremos heredar a las generaciones futuras un gran desierto y miles de historias de lo que tuvimos y malgastamos, un alto en la depredación es urgente.

Para el año 2029, el 70% de la población colombiana estará en riesgo de no contar con suficiente agua para su abastecimiento. Esta preocupante proyección se desprende del Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia, publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, en julio de 2004.

Uno de los hallazgos que más alarma es la proporción anual de pérdidas de capa vegetal. Un promedio de 101 mil hectáreas de bosques se perdieron al año en Colombia entre 1994 y 2001, para un total de 667.285 hectáreas. En general, el 60% de la madera cortada en los bosques tropicales del mundo es exportada a los países ricos del Norte. Las zonas geográficas críticas del país son la región Caribe, el piedemonte amazónico y la zona andina. La cobertura de bosques de Colombia pasó, entonces, de 56,3 millones de hectáreas en 1994, a 55,6 millones en 2001.

De acuerdo con Carlos Costa Posada, director del Ideam, si bien la coca y la amapola han menguado las reservas boscosas, sobre todo en los parques naturales (las áreas con cultivos ilícitos ocupan 102.071 hectáreas, esto es, 0,09% del territorio nacional, distribuidas en 21 de los 32 departamentos de Colombia), la deforestación obedece a un problema integral de desarrollo en el país, en términos de distribución de la propiedad de la tierra. Las zonas vírgenes se convierten en áreas de colonización, demandadas por las poblaciones campesinas pobres, desplazadas por la ampliación de los latifundios. En los últimos 20 años, en el país han sufrido desplazamiento forzoso cerca de 3,5 millones de personas. Los latifundistas, que representan sólo 1% de la población (incluye a empresarios del agro, políticos y paramilitares) son propietarios de 55% de la tierra cultivable en Colombia. En contraste, 85% de la población rural vive bajo condiciones de extrema pobreza.

No obstante, los insumos utilizados para el procesamiento de la coca en los laboratorios clandestinos que se camuflan en la selva generan graves daños en ríos y quebradas. De otra parte, según el Ideam, se registra también una brusca y acelerada disminución de la capa de nieves perpetuas en los picos colombianos. Cada año retrocede diez metros, lo que equivale a un 5%. Glaciares como el del Quindío y el de Puracé ya desaparecieron.

Menos nieve, más calentamiento y mayor desbalance en los ecosistemas y en el ciclo del agua se reflejan en las cifras sobre recursos hídricos y procesos de desertificación. Al deterioro de la capa vegetal que protege las fuentes de agua, se suma la presión poblacional sobre las mismas y el índice del 17% del territorio nacional susceptible de convertirse en desierto. Para el año 2015, la población colombiana alcanzará la cifra de 55 millones de habitantes. La "huella ecológica" de esta sociedad, esto es, el espacio verdaderamente ocupado en término de demanda de recursos (tierra, agua, aire) y residuos aumenta de manera acelerada, acumulando un gran déficit.

El modelo de desarrollo capitalista dependiente, característico de la sociedad colombiana, presenta una creciente brecha en la sustentabilidad ambiental y social. La expoliación de los recursos naturales en las sociedades capitalistas se basa en una racionalidad social a corto plazo, determinada por la ganancia y la acumulación del capital, generando externalidades de alto impacto negativo en los ecosistemas producto de la destrucción por el despilfarro del desarrollo económico en los procesos productivos y los desechos que genera la sociedad de consumo.

La "huella ecológica" es el área de territorio productivo o ecosistema necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico. El déficit ecológico se presenta cuando el nivel de consumo de recursos y descarga de residuos de una economía o población específica excede a la producción natural sostenible del espacio territorial que ocupa y a su capacidad asimilativa (en términos espaciales es la diferencia entre la huella ecológica efectiva de esta población, con su economía, y el área geográfica que ocupa).

Otra manera complementaria a la "huella ecológica" de analizar la influencia de la comunidad sobre los recursos naturales, en términos del impacto ambiental, es a partir de la ecuación de Ehrlich: I =f (P* A*T), donde I = impacto; P = tamaño de la población; A = estructura y niveles de consumo y residuos; T = efectos de contaminación producidos por la tecnología y los procesos productivos. Por tanto, el impacto ambiental que genera el desarrollo capitalista será mayor en la medida en que aumente su población, se eleven sus ingresos y, por tanto, el "consumismo", al igual que las tecnologías y los residuos sean contaminantes.

Así, por ejemplo, el río Bogotá se ha convertido en una alcantarilla a cielo abierto. Este tiene una extensión de 380 kilómetros a lo largo de los cuales se localizan 41 poblaciones, incluida Bogotá. Nace en el páramo de Guacheteque, municipio de Vallapinzón (Cundinamarca) a 3.300 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el río Magdalena, columna vertebral del comercio fluvial colombiano, en Girardot, a 280 metros sobre el nivel del mar. Al pasar por la cuenca alta, el río Bogotá recibe cromo, sulfuros, sangre y excrementos de las curtiembres y los mataderos. En su paso por la capital del país recibe 442 toneladas diarias de desechos, 89 kilogramos de plomo, 5,2 toneladas de detergentes y 1.473 toneladas de sólidos, además de mercurio y cadmio. En un fallo reciente de acción popular (agosto de 2004), después de 12 años de iniciado, el tribunal administrativo de Cundinamarca responsabilizó al Estado, a los ribereños y a las empresas de servicios públicos de la tragedia ambiental del río Bogotá, exigiendo declarar la emergencia y fijar un cronograma para su recuperación.

Otros graves problemas ambientales, además de la contaminación del río Bogotá, son los conflictos por el uso del suelo. Un ejemplo: con el crecimiento del Distrito Capital y los municipios circunvecinos se están ocupando áreas agrícolas altamente productivas para usos residenciales, industriales, turismo, recreativos y de servicios educativos. La alta demanda de manera desproporcionada el precio de la tierra desplazando a campesinos y sus actividades agrícolas y generándose una continua praderización y destrucción de bosques en el territorio, o especialización en actividades de alto rendimiento como las flores y la ganadería lechera intensiva. Las regiones que se encuentran en el centro del Departamento de Cundinamarca demandan gran consumo (residencial e industrial) de agua; y, finalmente la contaminación del aire y los voluminosos residuos son fuente creciente de conflictos ambientales.

En resumen, la conurbanización y expansión del Distrito Capital produce un daño ambiental múltiple y exterminante que se extiende al entorno regional: aire envenenado, contaminación de aguas, desestabilización de ecosistemas, caos visual, polución auditiva, basuras, malos olores, desertización y sellamiento de la naturaleza por la expansión de la cultura del cemento. En Bogotá y la Sabana de Bogotá se ha concentrado en las últimas décadas el 25% de la población colombiana, esto es, más de 11 millones de personas. Tendencia que tiende a acelerarse, producto de la violencia generalizada y del mayor empobrecimiento de la población que cree encontrar en la capital del país o los municipios circunvecinos un lugar de esperanza dentro de su destino trágico.

En general, este es un reflejo de las significativas transformaciones que vienen registrando en los últimos 60 años los ecosistemas colombianos. Se ha perdido más de la mitad de cobertura boscosa y casi la totalidad de algunas formaciones como el bosque seco tropical y el bosque subandino. La totalidad de las corrientes de aguas andinas están contaminadas, redujeron su oferta recreativa y una cuarta parte de la población no accede al suministro de agua potable. La pesca y la caza han desaparecido prácticamente en la zona andina y en el sistema Magdalena. 45% de los suelos se usan para fines diferentes a los de su vocación y 10% presenta erosión severa. La calidad del aire que se había mantenido estable hasta los años 60 se ha degradado rápidamente en las dos últimas décadas en las principales ciudades y hoy Bogotá es la tercera ciudad más contaminada en América Latina [1].

Uribe se raja en lo ambiental

El Estado y la sociedad colombiana no se dan por entendidos de esta catástrofe ambiental. Según el informe de la Contraloría General de la Nación "Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente 2003-2004", entregado al Congreso para su estudio y debate, en septiembre de 2004, las metas en materia ambiental a las que se comprometió el gobierno de Alvaro Uribe no se han cumplido y tanto el presupuesto como la inversión del Estado en este campo han caído dramáticamente. El gasto nacional ambiental pasó de $610.440 millones en 2002 a $473.536 en 2004, es decir que hubo un decrecimiento del 22,5%. El informe advierte, por ejemplo, que no se ha incorporado ni una sola hectárea al sistema de áreas protegidas de las 165 mil que fijó como meta el Gobierno. Tampoco se ha firmado una normatividad sobre bioseguridad ni hay recursos para llevar iniciativas como el proyecto de zonas marinas y costeras, y el cultivo de las 120 mil hectáreas de bosques en áreas abastecedoras de agua a las que se comprometió el Ministerio de Ambiente. Así mismo, no hay acciones de la cartera para resolver los problemas de los rellenos sanitarios.

La gestión ambiental en los municipios y departamentos igualmente es pobre. Los recursos orientados a la compra de terrenos para preservar las fuentes de agua que surten a los acueductos de sus localidades no se lleva a cabo. Según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, los alcaldes deben invertir el 1% de los ingresos totales en este rubro. Los principales problemas en las regiones, según el informe de la Contraloría, son la mala calidad del agua que se consume y el manejo y disposición final de basuras. Muy pocos son los lugares donde se garantiza un tratamiento adecuado de los residuos sólidos y de las aguas residuales.

La huella de lo acontecido es una sombría realidad que muestra la insostenibilidad del estilo de desarrollo nacional. Un breve resumen de los conflictos ambientales actuales, según regiones naturales del país, pone en evidencia otra de las fisuras del modelo hegemónico capitalista de desarrollo (además de la violencia endémica y la polarización social entre unos pocos ricos y una mayoría pobre); y nos centra en lo fundamental, no existe voluntad política para enfrentar los graves problemas ambientales de Colombia. No existe una política ambiental coherente con las necesidades y graves problemas que afrontan las regiones.

Nota:

[1] Julio Carrizosa, 1997, Lo económico desde una visión ambiental compleja, en: Revista Ecología Política, Icaria Editorial, Barcelona, p. 44-45.

 
Lo agrario Derechos humanos Plan Colombia Movimientos sociales Desarrollo regional Opinión Internacional Contáctenos Últimas Noticias Conflicto Medio ambiente ¿Qué es Prensa Rural?