Muerte anunciada

Mientras en las conversaciones de La Habana se llega al tema de los mecanismos de participación política y de las garantías para que las FARC — y seguramente también el ELN — dejen las armas y se vinculen a la vida democrática, resulta oportuno que los analistas, los medios de comunicación y la sociedad en general revisen el comportamiento asumido de la coalición mayoritaria en el Congreso - la Mesa de Unidad Nacional-: existe evidencia de comportamientos antidemocráticos y excluyentes frente a las minorías políticas y, más todavía, frente a las minorías étnicas.

Durante las primeras semanas del año se ha hecho pública la preocupación de los partidos políticos pequeños frente a la reforma política establecida en el Acto Legislativo 01 de 2009, que elevó el umbral al 3 por ciento.

Una primera revisión de las cifras indicaría que están en peligro de desaparecer:

 el Partido Verde, sin sus grandes electores Mockus y Fajardo;
 el Polo Democrático Alternativo (PDA), sin el arrastre o la maquinaria electoral asociados con la Alcaldía Mayor de Bogotá;
 el propio “grupo significativo de ciudadanos” o Movimiento Progresistas que eligió al alcalde Petro;
 Cambio Radical, si el ministro Vargas Lleras no encabeza su lista al Senado.
 el movimiento MIRA.

El gobierno nacional — por intermedio del ministro del Interior, Fernando Carrillo —trabaja en una fórmula que pueda ser incluida en el Estatuto de la Oposición y que ofrezca una alternativa para que estas colectividades no desaparezcan en las elecciones de 2014, evitando que se cometa un auténtico partidicidio.

Cambio en las reglas de juego

Sin embargo resulta intrigante que nadie se haya pronunciado sobre la proscripción de los partidos y movimientos de origen étnico: ni quienes se consideran guardianes de la Constitución de 1991 y de la democracia participativa, ni los representantes del ámbito multiétnico y pluricultural, ni los intelectuales, ni los demócratas a secas, ni los medios de comunicación.

La ley 1475 de 2011, “por medio de la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, propinó un baculazo mortal a estas colectividades políticas en su artículo 28, inciso segundo: “Los partidos y movimientos con personería jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones públicas de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas” (énfasis añadido).

Eso significa que los partidos y movimientos — que hoy tienen personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral por contar con un congresista elegido por las circunscripciones de minorías étnicas — si aspiran a seguir existiendo deben lanzar candidatos al Senado y a la Cámara de Representante y superar el umbral del 3 por ciento, objetivo que hoy no parecen lograr ni el PDA, ni MIRA, ni Cambio Radical ni el Partido Verde.

Me refiero concretamente a los siguientes partidos y movimientos políticos:

 el Partido Alianza Social Independiente (ASI);
 Autoridades Indígenas de Colombia (AICO);
 el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO);
 el Movimiento Político Afrovides.

No dudo en calificar este partidicidio como un acto de discriminación por parte del Estado colombiano en contra de las minorías étnicas: para los partidos de origen indígena significa terminar con una valiosa experiencia — de 20 años en el caso de la Alianza Social Independiente (ASI) y de 14 años en el caso de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). No pasa igual con los afrocolombianos: han creado varios partidos fugaces y profundamente infiltrados por la parapolítica.

Contra la discriminación racial

La “Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”, adoptada el 21 de diciembre de 1965 y ratificada por Colombia el 2 de septiembre de 1981, define con precisión los hechos o actos de discriminación racial:

“En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”

Sobre este particular corresponde conceptuar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y al Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y formas conexas de intolerancia, del sistema de derechos humanos de la ONU.

El gobierno colombiano deberá justificar su actuación frente a esta situación que raya en la discriminación racial.

Buen precedente

Cuando este tema se ponga sobre la palestra en medio de los diálogos de La Habana, se recordará cómo el partido Alianza Social Indígena (hoy Alianza Social Independiente -ASI) fue la plataforma que permitió participar y expresarse a los desmovilizados del grupo de autodefensa indígena “Manuel Quintín Lame”: suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno, se desmovilizaron, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y promovieron democráticamente sus proyectos políticos desde la ASI, junto con otros sectores sociales y políticos que se integraron como cofundadores.Podría decirse que tras veinte años de una desmovilización exitosa, una reforma política a hurtadillas los dejará por fuera del juego democrático, borrando del mapa político, su experiencia, su historia y su tradición.

Se trata sin duda de un acto de intolerancia de parte de los partidos mayoritarios, pues les incomoda que expresiones políticas diversas se hayan venido consolidando como proyectos construidos desde lo municipal a lo nacional.

La ASI nació hace veinte años: logró elegir concejales y alcaldes en pequeños municipios de categoría 6 y 5. En las pasadas elecciones departamentales y municipales, obtuvieron los siguientes resultados:

 3 gobernaciones propias (Cauca, Guaviare y Vichada),
 otras 3 gobernaciones en coalición (Chocó, Caldas y Nariño);
 2 más, apoyadas por la ASI, pero sin compromiso alguno (Antioquia y Atlántico);
 19 diputados;
 21 concejales de ciudad capital;
 54 alcaldes;
 754 concejales.

Este proyecto político está representado en el Congreso por el senador Indígena Marco Aníbal Avirama y por el representante por Antioquia Juan Manuel Valdés. Tiene mejor organización y más presencia política que el Polo Democrático Alternativo o que el Partido Verde.

Evitar la exclusión

Sería de esperar que la ASI supere el umbral del 3 por ciento, con la suma de las votaciones de cámara de representantes en el 2014, con más holgura que cualquier otra expresión de las denominadas minorías políticas. Sin embargo, la amenaza de exclusión política debilita la democracia y niega la representación de la Colombia diversa, multiétnica y pluricultural.

El Congreso ha legislado pensando en los pequeños intereses de sus integrantes y no en la construcción de una sociedad democrática. Ha buscado concentrar el poder en partidos fuertes, excluyendo del juego a los sectores minoritarios que también hace parte de la sociedad colombiana.

El gobierno nacional deberá apersonarse efectivamente del tema de la participación de los partidos de las minorías étnicas en la reforma del Estatuto de la Oposición.