17 presos de la penitenciaría de Girón entraron en huelga de hambre desde el día 5 de febrero reclamando tratamiento de mediana o mínima seguridad de acuerdo a su clasificación dada por la misma penitenciaría.

11 presos del patio 8 y seis del patio 9, entre ellos tres presos políticos, decidieron adelantar una huelga de hambre de carácter indefinido a fin de buscar soluciones a sus peticiones largamente planteadas a la dirección del penal, sin encontrar ninguna respuesta satisfactoria y poner de presente la violación sistemática por parte del Inpec de sus derechos: a la aplicación del sistema progresivo, la función de la pena y la igualdad; con el resto de presos del país clasificados en mediana o mínima seguridad y recluidos en establecimientos de mediana o mínima seguridad.

La penitenciaría de Palo Gordo fue diseñada para ser un establecimiento de alta seguridad y de allí la gran inversión económica en sofisticados sistemas de seguridad y donde no se garantiza dar un tratamiento de mediana y mínima a quienes allí se encuentran recluidos. Esa es una realidad que la administración de la penitenciaría ha tratado de ocultar generando una violación continuada a los derechos de los presos (políticos, sociales y paramilitares) que se encuentran en esta situación.

En la madrugada de hoy fueron trasladados del área de recepción de la Penitenciaría de Girón (Palo Gordo) cinco de los siete presos políticos que se encontraban en huelga de hambre desde el 8 de enero reclamando su traslado a cárceles de mediana seguridad. En este caso su condición de cautelados por la CIDH contribuyó a la difusión de sus situación y a la presión que otros entes estatales tales como Cancillería realizaran al Inpec a fin de que garantizara los derechos de los huelguistas que llevaban más de dos años pidiendo que se les diera tratamiento de mediana seguridad. En el momento estamos pendientes de establecer los sitios de reclusión a donde fueron trasladados.

¿Son acaso privilegiados estos siete presos políticos a quienes ya se empezó a resolver sus peticiones frente a los cientos de casos que están en idénticas condiciones en la penitenciaría de Girón? Pensamos que no, y debe dársele igual solución a todos quienes se encuentren clasificados en fase de mediana en la penitenciaria, es lo que identifica a un estado de derecho y no esperar a que el cansancio y desilusión lleve a los presos a tomar medidas extremas para su salud –tres ya han cosido sus bocas- a fin de reclamar lo que por ley y Constitución les corresponde.

Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos a fin de que se pronuncien sobre esta situación que vulnera los derechos de personas en condiciones especiales de sujeción que los pone en mayores niveles de vulnerabilidad y al mismo Inpec para que tome las determinaciones administrativas a que haya lugar y no espere como el caso de los primeros huelguistas de hambre a deteriorar su estado de salud para hacer lo que le corresponde.

Seccional Santander FCSPP