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Memoria de Jesús María Valle sigue vigente diez años después de su muerte
Agencia de Prensa IPC / Martes 19 de febrero de 2008
 

Con una variada agenda de actividades que incluyen actos simbólicos, eventos académicos, jornadas de reflexión, presentaciones artísticas y culturales, un amplio grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín rendirán un sentido homenaje a la memoria del desaparecido activista y abogado Jesús María Valle Jaramillo, recordado por sus vehementes denuncias sobre incursiones paramilitares a municipios del Norte de Antioquia con la connivencia de Fuerzas del Estado, en particular a Ituango, su pueblo natal.

Las actividades, que llevarán por nombre: “Jornadas por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad: las víctimas son las que cuentan”, iniciarán este martes 19 de febrero con la conferencia a cargo de Iván Velásquez Gómez, magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), la cual tendrá lugar en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).

El acto central de la jornada se llevará a cabo el próximo 27 de febrero, día en que se cumplirán 10 años del magnicidio de Valle Jaramillo. Ese día, los defensores de derechos humanos de la ciudad pondrán una ofrenda floral en la misma oficina y a la misma hora en que fue asesinado el activista, en el Edificio Colón, ubicado en la Calle Ayacucho entre Bolívar y Carabobo y desde ahí, marcharán hasta el Palacio de Justicia, ubicado en el Centro Administrativo La Alpujarra.

Además, para el 29 de febrero, día del natalicio de Valle Jaramillo, los organizadores tienen programado una variada programación cultural denominada “Gran carnaval por la paz, la libertad, la dignidad y la justicia social”, que tendrá como epicentro la Universidad de Antioquia, claustro universitario al que el jurista estuvo vinculado varios años como docente en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Asimismo, diferentes movimientos estudiantiles y grupos de trabajo en derechos humanos realizarán una serie de actividades paralelas durante el resto de este mes, con el fin de exaltar la labor en pro de la defensa de los derechos humanos que en vida realizó el inmolado activista.

Entre las mismas se destaca el concurso de cuento breve y ensayo, convocado por la Revista Estudios de Derecho de la U de A; el concurso de Oratoria a cargo del maestro J. Restrepo Escobar; la presentación del informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad realizado por la Personería de Medellín y la conferencia “Los derechos de las víctimas”, a cargo de Iván Cepeda Castro, presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y que se realizará en el Teatro Camilo Torres de la U de A el próximo 25 de febrero.

Pero no sólo las ONG, la universidad pública y los académicos se han vinculado a esta Jornada. En su sesión del próximo 27 de febrero, el Concejo de Medellín, a través del edil Nicolás Albeiro Echeverrí, propondrá institucionalizar esta fecha como el día clásico de los activistas en Derechos Humanos, propuesta que, a juicio de Carlos Ruiz, coordinador general de la Jornada, viene ganando adeptos al interior de la Corporación.

“Creemos que es una buena manera de preservar la memoria de un hombre que lucho y perdió la vida por una causa como la defensa de los derechos humanos. Es tal el reconocimiento a esta labor que un grupo de estudiantes de la U de A le plantearán a las directivas bautizar la facultad de Derecho con el nombre de Jesús María Valle”, señaló Ruiz.

Denuncias que no fueron escuchadas

Al momento de su muerte, Valle Jaramillo oficiaba como presidente del entonces Comité de Derechos Humanos de Medellín. Fue precisamente desde dicha instancia que denunció cómo un grupo de hombres de las desaparecidas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandados por Salvatore Mancuso y apoyado por efectivos de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, incursionó en los años 1996 y 1997 en los corregimientos El Aro y La Granja del municipio de Ituango, ocasionando la muerte de por lo menos 19 labriegos y la destrucción total del casco urbano de ambas localidades.

En sus denuncias advirtió la complicidad del entonces general de la IV Brigada del Ejército, Carlos Ospina Ovalle, con los hombres de Mancuso, lo que le significó una denuncia por injuria y calumnia por parte del alto mando castrense. Sus reclamos también fueron dirigidos al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y a su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno (q.e.p.d), quienes desestimaron la situación de su municipio, tal como lo dijo el 6 de febrero de 1998 ante un fiscal regional en Medellín en declaración juramentada.
“En forma oportuna, le pedí protección al doctor Álvaro Uribe Vélez, lo hice como concejal del municipio de Ituango y como miembro del Comité de Derechos Humanos pero nunca fui oído; hasta que se presentó la masacre de El Aro, donde catorce campesinos fueron asesinados, algunos torturados e incendiadas todas las casas de El Aro”, se lee en su declaración.

Por los hechos de El Aro, La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el 2006 al Estado colombiano tras considerarlo responsable por omisión y lo sentenció a proveer justicia, condenar a los responsables y pagar una indemnización cercana a los 1.5 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Un fallo de esta naturaleza podría repetirse este año, precisamente en el caso de Jesús María Valle, toda vez que la Comisión Colombiana de Juristas y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (Gidh) presentaron ante el organismo una demanda contra El Estado colombiano al considerar que hubo responsabilidad, por acción u omisión, en la muerte del activista de derechos humanos.

Si bien el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por omisión en la muerte de Valle Jaramillo, María Victoria Fallon, integrante del Gidh declaró a la Agencia de Prensa IPC que el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguirá su curso hasta el desenlace final.

“Ya se realizó la audiencia pública ante La Corte, donde se presentaron los testimonios de los testigos. Ahora lo que sigue es presentar los alegatos documentales y quedamos a espera del fallo de la Corte, que muy probablemente será este año”, declaró María Victoria Fallon, integrante del Gidh.

Además, por el caso de Valle Jaramillo, el Consejo de Estado ya condenó a la Nación al pago de una indemnización a los familiares, la misma que fue rechazada por varios miembros de la familia tras considerar que con ello “no se establece la verdad sobre su crimen”, del cual se señala como autor intelectual al hoy desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.