Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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Comisión de verificación en el sur de Bolívar
Los campesinos, víctimas de la guerra antidrogas y contrainsurgente del estado
Agencia Prensa Rural / Sábado 15 de marzo de 2008
 

En una convocatoria realizada por la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (ACVC), los días 11 y 12 de marzo de 2008 diferentes organizaciones sociales de la región, organizaciones de acompañamiento internacional, la Defensoría Regional del Pueblo, la MAPP-OEA y la delegada de la Vicepresidencia para el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario visitaron en comisión de verificación el corregimiento El Paraíso del municipio de Simití y la vereda Alto Cañabraval del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. para conocer de manera directa la situación que en materia de derechos humanos enfrenta la población de esta región.

Primer día: corregimiento El Paraíso, Simití

El martes 11 de marzo, la comisión de verificación se reunió en el corregimiento El Paraíso del municipio de Simití, con miembros de esta comunidad y de las veredas El Triángulo, La Humareda Media, La Humareda Baja y La Carolina. Allí los campesinos denunciaron la grave situación que atraviesan: por un lado, la erradicación manual de cultivos de uso ilícito acompañada de una fuerte militarización de la zona y de abusos por parte de la fuerza pública; y por otro lado, la utilización de minas antipersonales por parte de la guerrilla de las FARC como respuesta a la acción del ejército en la zona.

Los campesinos fueron enfáticos al afirmar que la erradicación de cultivos de coca por parte de la fuerza pública les ha significado la quema de casas, el hurto de sus herramientas, cultivos, enseres y objetos personales por parte de integrantes del Ejército Nacional, así como una grave situación económica por la ausencia de alternativas reales de subsistencia que les permita sustituir la coca. Una y otra vez se preguntaron: ¿Qué alternativas económicas realmente viables les plantea el Gobierno Nacional para sustituir los cultivos de coca?

Ante los constantes cuestionamientos que hicieron los campesinos a la respuesta represiva que da el gobierno a esta problemática, la delegada de la Vicepresidencia señaló que ella tenía informaciones de los funcionarios de Acción Social de que antes de la erradicación manual se ofrecieron en la zona programas de sustitución de cultivos, pero los campesinos de la zona no quisieron participar en ellos. Una intervención que desató el debate en la reunión.

Las intervenciones que dieron los campesinos sobre esta postura gubernamental no podían ser más ilustrativas de la falta de voluntad política del Gobierno Nacional para solucionar la problemática que aqueja a las comunidades campesinas del sur de Bolívar:

1. Los programas ofrecidos por el gobierno no se adelantaron en zonas de más de 300 metros de altura, pues son consideradas de reserva forestal, situación que presenta la parte alta de los municipios de San Pablo y Simití, donde se encuentran las comunidades afectadas por las actuales erradicaciones manuales. Además, la ayuda que ofreció el gobierno fue mediante el programa Familias en Acción, el cual la mayoría de familias no aceptó porque consistía en un subsidio menor al costo del transporte que debían pagar para ir al casco urbano de Simití a reclamar dicho subsidio. “Eso no es una ayuda real al campesinado, no es una alternativa real de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

2. Otra propuesta que se le hizo al campesino para sustituir la coca fueron los proyectos de cultivo de cacao. Estos proyectos tampoco se constituyeron en alternativas reales de sustitución, pues se le exigía al campesino erradicar la totalidad de la coca sembrada al comenzar el proyecto, lo que significaba quedar sin sustento mientras ocurría la primera cosecha de cacao y se comercializaba el producto. La sustitución de cultivos de uso ilícito tiene que ser gradual para que sea una alternativa real para el campesino.

3. Otra razón para que las familias no se vincularan al programa de Guardabosques, fue que en una reunión con la comunidad miembros del Ejército Nacional manifestaron que la intención gubernamental es que a futuro el Programa Guardabosques se convierta en una red de informantes. Ante esto, la comunidad decidió no vincularse por seguridad y porque considera que es una forma de vincular a los civiles en la guerra.

A esta situación se suma que la guerrilla de las FARC ha recurrido a colocar minas antipersonales en los lugares donde prevé hará presencia la fuerza pública, como respuesta a la erradicación manual que se viene presentando en la zona. El minado de potreros, orillas de caminos, algunas lomas e incluso terrenos cercanos a las viviendas campesinas, le ha significando a la comunidad una restricción en su movilidad y en algunos casos el desplazamiento de sus parcelas hacia los caseríos o el casco urbano de San Pablo, pues su vida y seguridad se ven amenazadas por la utilización de estos artefactos, como ocurrió en recientes días en el sitio La Y en la vereda Aguas Lindas, cuando el señor Hernando Toro resultó herido con una de estas minas antipersonales.

Esta grave situación que enfrentan las comunidades del corregimiento El Paraíso y de las veredas El Triángulo, La Humareda Media, La Humareda Baja y La Carolina, donde el ejército adelanta la erradicación manual de cultivos en medio de una fuerte militarización y abusos en la zona, donde la insurgencia viene utilizando las minas antipersonales como respuesta a esta acción y en la que se viene presentando un aumento de los enfrentamientos entre las partes en conflicto, está dejando como única alternativa para el campesino el desplazamiento forzado hacia el casco urbano de San Pablo, como de hecho ya ocurrió con 30 familias de la vereda El Triángulo, quienes tuvieron que abandonar sus parcelas.

Segundo día: Vereda Alto Cañabraval, San Pablo

Al día siguiente, miércoles 12 de marzo, la comisión de verificación se desplazó hacia la vereda Alto Cañabraval, en donde también se reunió con la comunidad y recibió las respectivas denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario que las partes de la guerra vienen cometiendo contra los civiles. A los habitantes de Alto Cañabraval se sumaron habitantes de las veredas La Fría, La Golondrina y Villanueva, todas parte del municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

En esta reunión las denuncias se centraron en la ausencia social del estado: falta de profesor para la escuela y de un promotor de salud; la presencia de grupos paramilitares, ahora bajo la designación de “Águilas Negras”; las infracciones al derecho internacional humanitario por parte de miembros del Batallón Nueva Granada; y las consecuencias que tuvieron para la comunidad las fumigaciones con glifosato realizadas en junio del año pasado.

En un primer momento, la comunidad de Alto Cañabraval manifestó su inconformidad frente al incumplimiento del estado colombiano, en concreto las administraciones municipales y departamentales, de sus deberes constitucionales de salud y educación. La comunidad no cuenta con un profesor nombrado por el gobierno local para atender las necesidades escolares de aproximadamente 150 niños. Por el contrario, el profesor que hace presencia allí es un joven bachiller enviado por la Diócesis. Peor aún es la situación en el tema de salud: la comunidad cuenta con un puesto de salud relativamente dotado, pero carece de un profesional de la salud que atienda mínimamente los casos en que se requiere atención inmediata.

En un segundo momento, manifestaron su preocupación porque el paramilitarismo continúa haciendo presencia en la región ahora con el nombre de “Águilas Negras”. Hace aproximadamente 15 días hubo una incursión de este grupo ilegal en la vereda Cañabraval Bajo, exigiendo documentos de identidad a las personas que se encontraban allí. Lo que más preocupa de esta situación son las amenazas que con estos grupos paramilitares hacen miembros del Ejército Nacional a la comunidad: “dicen que van a pasar la lista de unas personas a la ’Águilas negras’, entonces uno se pregunta si actúan aliados o no”.

En un tercer momento, la comunidad fue reiterativa en denunciar las infracciones al derecho internacional humanitario que los miembros del Batallón Nueva Granada cometen en los caseríos: acampan en las casas de los civiles, encubren sus distintivos o no usan la camisa respectiva de su uniforme para dificultar su identificación y niegan sus cargos dentro de la tropa cuando los miembros de la comunidad preguntan por ellos.

Los dos hechos más graves que se han presentado son:

- Las amenazas proferidas a los integrantes del proyecto Tienda Comunitaria el pasado 10 de febrero de 2008, cuando tropas del ejército llegaron a la vereda La Golondrina y dijeron que la Tienda Comunitaria se trataba de “un proyecto de la guerrilla”. La administradora del proyecto se vio compelida a realizar las respectivas aclaraciones, ante lo cual los soldados respondieron: “Nosotros no nos metemos con proyectos de la comunidad, pero cuando vengan las Águilas Negras acaban con todo”. Este hecho se repitió en la vereda Villanueva y Montecarmelo, también del municipio de San Pablo.

- Desde el miércoles 6 de febrero hasta el sábado 9 de febrero de 2008, en la vereda Alto Cañabraval del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, tropas del Batallón Nueva Granada utilizaron las viviendas de los civiles como lugar de refugio, constituyéndose esto una clara infracción al derecho internacional humanitario y en particular al principio de distinción, pues al ser utilizados los bienes civiles por alguna de las partes en conflicto, éstos se ven expuestos a ser atacados por el contrincante, siendo los civiles los más afectados en este tipo de situaciones.

Y en un último momento, la comunidad expuso a la comisión de verificación las consecuencias que dejaron las fumigaciones con glifosato realizadas en junio de 2007: afectación de cultivos de maíz, yuca, plátano, fumigación del acueducto veredal y del proyecto de cacao que la comunidad estaba planteando como alternativa para sustituir los cultivos de coca. Desde la mirada del campesino, esta manera de actuar del gobierno se convierte en una invitación a la guerra, pues deja al campesino sin opciones reales de subsistencia.

Compromisos de los entes estatales

Frente a la problemática manifestada por la comunidad a la comisión de verificación, los entes gubernamentales allí presentes hicieron los siguientes compromisos:

Delegada de la Vicepresidencia para el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

- Reportar ante Acción Social y las entidades correspondientes, las denuncias y quejas de la comunidad.

- Recoger denuncias concretas para reportar la problemática de las minas antipersonales y adelantar las gestiones a que haya lugar con respecto a este tema.

- Hablar con el coronel Herrera del Batallón Nueva Granada, para presentarle las denuncias que se están haciendo contra sus tropas.

- Realizar las gestiones correspondientes ante Carlos Franco, director del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

- Establecer una agenda con la comunidad para hacerle seguimiento a la situación de la región.

- Mediante oficio gestionar ante la alcaldía de San Pablo, el promotor de salud y el profesor que requiere la vereda de Alto Cañaveral.

- Ante el inminente riesgo de desplazamiento de algunas veredas del sur de Bolívar, activar de nuevo el Comité Interinstitucional de Desplazamiento, de manera extraordinaria: este espacio ya fue convocado para el martes 18 de marzo en el casco urbano de San Pablo.

- Consultar el procedimiento que debe adelantar una víctima de mina antipersonal y socializarlo con las comunidades del sur de Bolívar.

- Tramitar ante la fuerza pública los casos denunciados a la comisión.

Defensoría del Pueblo

- Mediante requerimiento pedir a Acción Social que se apersone de la situación que enfrenta la comunidad de la vereda El Triángulo que se encuentra en situación de desplazamiento, así como también prevenir el desplazamiento de otras personas.

- Entablar comunicación con el jefe de las Fuerzas Militares para reportar los abusos denunciados contra la población civil.

- Manifestó la necesidad de la colaboración de las comunidad para desactivar las minas antipersonales.

- Hacer un listado de las personas perjudicadas por las fumigaciones, para hacer los avalúos y las respectivas gestiones ante la Policía Antinarcóticos para obtener las debidas indemnizaciones.

- Mediante requerimiento solicitar ante la alcaldía de San Pablo y la secretaría departamental de Bolívar, la designación del promotor de salud y el profesor para la escuela de Alto Cañabraval.