Asociación Campesina del Catatumbo
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Comunicado del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana
Apoyo a los campesinos del Catatumbo en lucha y resistencia por su dignidad
 

El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana se suma a las múltiples expresiones de apoyo, solidaridad y acompañamiento de las organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación internacional, colectivos de derechos humanos y la comunidad internacional que han levantado su voz de protesta y rechazo a las formas como el gobierno colombiano, su fuerza pública y el mismo presidente Juan Manuel Santos han tratado la crisis humanitaria por la que atraviesa la región del Catatumbo.

En efecto, el actual gobierno nacional, las elites políticas que representa, las cúpulas del ejército, la policía, la fuerza aérea y los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana, han asumido una posición y un enfoque contrainsurgente para tratar, fragmentar, desprestigiar y reprimir las justas demandas y reivindicaciones actuales de los campesinos del Catatumbo, como el incumplimiento de la declaratoria de la zona de reserva; la revisión de la política de fumigación de los cultivos ilícitos y el rechazo a las políticas asistencialistas para el campo. Esto, sin contar con las reivindicaciones históricas en materia de desarrollo rural de los campesinos e indígenas de esta rica región, dotada de un mosaico rico en recursos naturales representados entre otros, en el petróleo, el carbón, la biodiversidad y suelos aptos para la implementación de los megaproyectos que levantan y concretan las locomotoras del desarrollo de Juan Manuel Santos.

Cuatro muertos, centenares de heridos y el estigma de ser milicianos de las FARC o el ELN, ha sido el precio que los campesinos del Catatumbo en resistencia, movilización y han tenido que pagar, para que el gobierno se siente a una mesa de interlocución a ofrecer programas, que esperamos no incumpla de nuevo, como lo ha venido haciendo por más de varias décadas con una región sumida en la pobreza, la precariedad de sus servicios públicos, la inexistencia de infraestructura vial, eléctrica y de comunicaciones y con el agravante de ser una de las regiones más golpeadas por la violencia política, a la cabeza de la cual se pusieron los grupos paramilitares en alianza perversa con el ejército, la policía, las compañías multinacionales e instituciones como la fiscalía general de la nación.

Esta violencia se ha cuantificado en los siguientes términos por parte de algunas organizaciones campesinas y de derechos humanos de la región: “…más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 600 desaparecidos, más de 100.000 desplazados, torturas, abusos sexuales) todo para despojar de sus tierras a campesinos e indígenas y apropiarse de sus tierras, desalojar las zonas donde ahora conocemos se adelantan y se van adelantar la explotación de carbón a cielo abierto, la explotación de petróleo y la construcción de infraestructura para los megaproyectos de siembra de Palma Aceitera” (Compromiso, 2012).

Pero adicionalmente, el gobierno de Juan Manuel Santos, la cúpula militar, los mal denominados padres de la patria, y los partidos políticos agrupados en la Unidad Nacional, han visto en un tiempo record, como se ha podido implementar y poner a prueba la nueva forma del “Fuero Militar”, recientemente aprobada, especialmente uno de sus aspectos más discutido por los pocos demócratas que hay en Cámara y Congreso, y por los sectores de oposición al gobierno que quedó consagrado en el artículo 10, según el cual se autoriza a los militares y policías a declarar como “Blanco Legitimo” a la población civil, cuando bajo al discrecionalidad de las fuerzas armadas del estado, ellas podrán definir e identificar a los milicianos o a los guerrilleros vestidos de civil y no tendrán pena ni castigo cuando decidan que estos son sus blancos civiles. Asistiremos entonces a otra novedosa forma de falsos positivos: los blancos legítimos, figura que además viola flagrantemente el principio de distinción para conflictos internos estipulado en los protocolos de Ginebra, particularmente en el protocolo común 3 que obliga a distinguir el personal civil del militar.

Por ello, ni el ejército, ni el ESMAD, ni la inteligencia militar tuvo consideración alguna para disparar sus fusiles contra 4 humildes campesinos en completo estado de indefección y contra el resto de campesinos movilizados, produciendo varios centenares de heridos. Por ello, desde el Presidente Juan Manuel Santos, el General Palomino, el Ministerio de Defensa, los altos mandos militares y los voceros y representantes de los medios de comunicación al unísono han salido a estigmatizar a los campesinos del Catatumbo señalando que su movimiento esta infiltrado por las guerrillas y que muchos de ellos son milicianos, con lo cual pretenden legitimar el asesinato a sangre fría de los cuatro campesinos, definidos sumariamente como “blancos legítimos”.

Por todo lo anterior, el equipo del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, nos sumamos a los voces de protesta y rechazo contra el gobierno nacional por la forma, el sentido, contenido y la represión con la que se ha negado a cumplir con sus responsabilidades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales con una región excluida secularmente y a quien se le prometió, se le financió y se le avaló todo el proceso y procedimientos para que constituyera una Zona de Reserva Campesina previa sustracción de un fragmento de la Reserva Forestal Serranía de Los Motilones (ley 2/1959). Hoy el gobierno nacional y el propio INCODER obstaculizan la constitución de la Zona de Reserva Campesina.

Equipo del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos.

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, junio 29 de 2013