Luego de dos días de reunión entre los voceros del Movimiento Campesino y la delegación del Gobierno Nacional encabezada por el Vicepresidente de la República Angelino Garzón, no se han llegado a acuerdos. El campesinado ha venido cediendo en sus exigencias desde hace ya varias semanas, empezando por el desbloqueo de las vías que de Ocaña comunican con la Costa Atlántica y a los municipios de la provincia de Ocaña, luego del asesinato de cuatro campesinos por acción de las balas de la fuerza pública en medio de las refriegas acaecidas en aquella ciudad.

Una vez los manifestantes se retiraron de Ocaña por el temor a seguir siendo asesinados por la represión policial y militar, parte de ellos se movilizaron y concentraron en la zona rural del municipio de Tibú.

Otra de las acciones de buena voluntad por parte del campesinado gira entorno a la aceptación de algunas condiciones impuestas por el Gobierno en cuanto a la instalación de una mesa alterna en el Colegio Francisco José de Caldas del municipio de Tibú para desarrollar los diálogos, ya que anteriormente las conversaciones se realizaban de cara y en la presencia los doscientos presidentes de las juntas de acción comunal que representan a los campesinos del Catatumbo.

Recordemos que después de una semana de trabajo con los moderadores José Noé Ríos, viceministro de trabajo y Ubensel Duque director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se acordó una metodología para desarrollar las mesas de discusión. Sin embargo, el Gobierno ni siquiera quiso firmar dicha metodología. A fin de cuentas lo que se logra socializar con la comunidad públicamente es el acuerdo borrador en donde se pone de manifiesto que es necesario que el gobierno genere confianza al campesinado, ya que ha habido cuatro muertos, decenas de heridos, algunos campesinos judicializados, señalamientos y estigmatización a los líderes de la movilización, lo que genera una gran tensión y pone en riesgo la vida e integridad de los manifestantes y los voceros del movimiento campesino.

Ante esta situación el campesinado plantea en principio dos mínimos:

Crear una ruta donde se afiance el financiamiento el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina con cronograma y metodología para llegar a acuerdos que permitan su constitución.

Suspensión de la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca en la región del Catatumbo, que ha generado que alrededor de trescientas familias se hayan visto afectadas, por tanto se solicita la implementación de subsidios de un millón quinientos mil pesos mensuales por dos años para suplir las necesidades a las que se ven enfrentadas las familias campesinas luego de la erradicación.

Llegando a estos acuerdos se distensionará la vía para el acceso y movilidad de gentes y mercancías desde y hacia Tibú.

A pesar de estos justos reclamos, el Gobierno solo dilata el proceso de diálogo en la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, exigiendo que se levante el paro como condición para “sentarse a la mesa”, pero sin el compromiso de llegar a algún acuerdo con los campesinos.

Ante la reiterada negativa del Gobierno Nacional para dar soluciones concretas a las exigencias del campesinado, el movimiento planteó el impulso de proyectos de emergencia para atender las necesidades más urgentes de la población catatumbera, tanto en las áreas rurales como en el casco urbano de Tibú.

En cuanto a infraestructura se plantea la adecuación, ampliación y pavimentación de la carretera Cúcuta – Tibú – La Gabarra y la construcción del anillo vial de San Calixto – Hacarí - El Tarra. Esta obra beneficiará a por lo menos ciento cincuenta mil personas en la región y descongestionará el transito tanto de gentes como de productos agrícolas provenientes en la región.

Estos proyectos priorizados abarcan áreas como la agricultura, la infraestructura y servicios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones económicas y sociales de los habitantes tanto de las zonas rurales como de los cascos urbanos, especialmente el del municipio de Tibú. El costo estimado para la ejecución de estos proyectos es de 252 mil millones de pesos, para lo cual se plantea convocar consejo directivo Incoder.

Con todas estas propuestas, sumadas a los puntos en los que ha cedido el campesinado, que no reclama nada imposible, que no exige nada ilegal y que ha agotado todas las vías del derecho para exigir sus derechos, el Gobierno no ha aceptado absolutamente nada, no ha querido avanzar un milímetro hacia la solución del conflicto. Por esa razón es totalmente legitimo y legal que los campesinos, habiendo agotado las vías de derecho, recurran a las vías de hecho. Al bloqueo de carreteras, a la confrontación con los cuerpos represores del establecimiento, porque es la única forma que tienen para hacerse escuchar, es gritar y decir ¡Aquí estamos, atiendan nuestras exigencias, nosotros también somos Colombia!.