Asociación Campesina del Catatumbo
:: Norte de Santander, Colombia ::
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Catatumbo
Solidaridad internacional
Simón Palacio / Miércoles 31 de julio de 2013
 
Mariela Kohon y sindicalistas británicos, estadounidenses y canadienses en el Catatumbo.

El abandono representado en la silla vacía del Ejecutivo en el Catatumbo es la mejor representación de la política pública del Estado con el sector. Ya son seis semanas de protestas y el Gobierno mantiene sus inamovibles: negar la declaratoria de reserva campesina.

Justice For Colombia

El día a día de los campesinos en el Catatumbo pasa en medio de la tensión, las asambleas en las que se buscan soluciones, pero además, se tiene espacio para recibir delegaciones internacionales que han acudido a su llamado y contar la realidad que se vive.

Justice for Colombia es una organización británica defensora de derechos humanos que, con respaldo de sindicalistas y parlamentarios, visitó el país. El pasado 23 de julio acudieron al llamado desde el Catatumbo: atravesaron el Atlántico y visitaron el nororiente colombiano para conocer de primera mano la problemática campesina.

Mariela Kohon, su directora, encabezó la visita y manifestó las preocupaciones despertadas en Londres por el tratamiento policial a la protesta. “Esperamos voluntad política del Ejecutivo para conversar con los campesinos y que cese la violencia contra ellos. Miles de sindicalistas y cientos de parlamentarios británicos están atentos a los desarrollos de este conflicto”, puntualizó.

Parlamentarios británicos

También hicieron un llamado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que se siente a dialogar, con el único condicionamiento de cumplir la ley 160 de 1994 y declarar la zona de reserva campesina del Catatumbo.

La solidaridad europea sirvió también para que, en un intercambio de opiniones con la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), le explicaran a los visitantes las razones gubernamentales para negar la petición: los planes de extracción minera de al menos 300 millones de toneladas de carbón y los 1.700 millones de barriles de crudo que se encuentran bajo su territorio son prioridad para la locomotora minero-energética del Gobierno y los apetitos multinacionales. Ese es el obstáculo legal y político para la reserva campesina.

Sindicato americano

El sindicato metalúrgico de los Estados Unidos también hizo presencia en la región mostrando la solidaridad de los trabajadores norteamericanos. Dan Kovalik, vocero del sindicato, dijo que la lucha campesina por su territorio y por el medio ambiente es muy justa. “Aquí ellos –los campesinos- fueron víctimas de la violencia con 11 mil muertos y sus peticiones de tierra tienen sentido”, subrayó.

Por su parte, Jorge García Orgales, representante del sindicato trasatlántico Workers United, que agrupa trabajadores de la metalúrgica con dos millones de trabajadores de Canadá, Londres e Irlanda, se mostró sorprendido luego de verificar la crisis humanitaria producida por la ausencia del Estado.

“Llegamos ilusionados por las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla”, dijo García, quién además sentenció que la paz sin justicia social no puede llamarse así. “Colombia no puede pensarse en una democracia si no cumple sus leyes y las reservas campesinas son ley. Catatumbo está demostrando si la paz es posible o no”.

El desaire oficial

La solidaridad internacional constató el desaire oficial para con la región. Les llamó la atención, además del veto a la protesta y el exacerbado militarismo, los niveles de pobreza que, según fuentes oficiales, llega al 40.6% y una pobreza extrema del 10%, sumado al atraso en 1.373 kilómetros de la estructura vial del Catatumbo. Hechos significativos para reclamar un desarrollo rural integral en la zona. Mientras tanto, el Ejecutivo entregaba casas en Cúcuta sin hacer referencia al caso Catatumbo.

Basta ya

“Basta ya” es la petición al gobierno Santos. La masacre de Ocaña y dos veintenas de heridos es el fruto de los ataques de la Fuerza Pública a los puntos de concentración del campesinado. En un reciente enfrentamiento un periodista del Colectivo Brecha fue herido de gravedad y trasladado a Cúcuta para ser atendido por especialistas, luego de ser impactado en su rostro por una bomba recalzada utilizada por el Esmad de la Policía Nacional.

A este incidente se suman dos agresiones más a periodistas alternativos que hacen el trabajo de informar desde el otro lado de la oficialidad. La exigencia de los comunicadores es ceder la sistemática agresión contra quienes han seguido al pie de la letra su oficio de informar. Desde el semanario VOZ se hace un llamado a la Fuerza Pública de advertencia recordándoles que los periodistas alternativos en Colombia no son “objetivos legítimos”.