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En circulación el segundo número de la revista Prensa Rural
Agencia Prensa Rural / Lunes 14 de abril de 2008
 

Los verdaderos intereses de la política gubernamental en materia agraria han quedado en evidencia con el caso Carimagua, una finca de 17.000 hectáreas de extensión, ubicada en el departamento del Meta, al oriente del país. Considerada como propiedad del Estado, en el año 2004 fue adjudicada a familias de desplazados sin recursos. No obstante, el presente año, el ministro de Agricultura la ofreció en alquiler a empresarios agroindustriales de la palma aceitera.

El escándalo sirvió para abrir un debate nacional alrededor de la inmensa tragedia del campesinado colombiano. Particularmente de los millones de campesinos que son desposeídos y expulsados de sus tierras por el paramilitarismo y agentes estatales. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, son cuatro millones de personas las que han sufrido el despojo; no menos que la décima parte de la población colombiana. La mayor parte de los desplazados eran propietarios de parcelas, hoy en día son jornaleros agrícolas o engrosan los sectores pobres de las grandes ciudades, recurriendo a la economía informal, el célebre “rebusque”.

La mayor parte de los desplazamientos forzados han tenido lugar durante los seis años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de “seguridad democrática”, la cual se manifiesta en la militarización de veredas y poblados, la guerra química con la que se fumigan las regiones de economía campesina y la implementación a sangre y fuego de proyectos agroindustriales, en detrimento de la agricultura tradicional.

En la última década se ha despojado al campesinado de unos seis millones de hectáreas de tierra. Ante esto, el Incoder ha entregado 54.000 hectáreas a unas 5.000 familias como reparación. Es decir, apenas el 1% de lo expoliado. Por esta razón, el caso Carimagua es sintomático de la política agraria estatal: darle la tierra de los campesinos a los empresarios agroindustriales: palmeros, narcoparamilitares, ganaderos, bananeros, madereros, etcétera. Esta política que se ha agudizado con Uribe pero viene de tiempo atrás, en especial desde el “Pacto de Chicoral” entre el gobierno de Misael Pastrana y los terratenientes. De hecho, se remonta al año de 1946 y al inicio de “La Violencia”, cuando fue congelada la ley 200 de 1936 que pretendía reformar la propiedad de la tierra.

Es larga la historia de la contrarreforma agraria con la que ha tenido lugar una concentración creciente de la propiedad rural, así como el despojo violento, la expulsión y persecución de los pequeños propietarios agrarios: campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas. Algunos se han mantenido con propuestas colectivas, declarándose como “comunidades en resistencia”, para preservar - en primera medida - la vida y la integridad de las personas, pero también su territorio y sus recursos. Han recurrido a figuras como las zonas de reserva campesina, los consejos comunitarios y las comunidades de paz.

Desgraciadamente, la oligarquía y sus señores de la guerra pasan la cuenta de cobro a estas valientes iniciativas del campesinado, a través de la estigmatización, el señalamiento, el asesinato de líderes sociales, las masacres, la militarización de la vida civil y la judicialización del movimiento campesino.

Como parte de los esfuerzos de estas comunidades campesinas en resistencia, presentamos la segunda edición de la revista Prensa Rural, en la cual documentamos aspectos de la realidad ocultada por los medios oficiales de desinformación. Hace parte de este número una reseña histórica de la trayectoria y vigencia del movimiento campesino colombiano; un breve texto homenaje a las mujeres campesinas y el manifiesto de la campaña de solidaridad con la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), organización que tiene seis de sus dirigentes encarcelados a causa de un artificioso proceso judicial en su contra.

Igualmente damos a conocer el perfil de Luis Miguel Gómez Porto, líder campesino de los Montes de María asesinado por la fuerza pública; un artículo sobre la problemática ambiental del páramo de Sumapaz en el Distrito Capital, y un análisis sobre los megaproyectos y los recursos naturales en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Completan esta edición la declaración política del cuarto encuentro nacional de víctimas de crímenes de Estado, un análisis sobre la nueva estrategia cívico-militar de la fuerza pública colombiana, la declaración política de la cuarta junta nacional de Fensuagro, y una reseña de la revista La Marcha, publicación de la ACVC.


Puntos de distribución y venta:

Arauca

Asociación Campesina de Arauca

Calle 4 No. 6-24. Tel: (7) 8836448

Arauquita

Bogotá

Librería Pensamiento Crítico; Carrera 8a No. 15-62; Tel: (1) 6088203

Ediciones Izquierda Viva; calle 32A No. 18-11; tel. 2855586.

Librería Lerner; avenida Jiménez No. 4-35; tel. 2430567.

Librería San Librario; calle 70 No. 12-48; tel. 3101738.

Magdalena Medio

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Calle 49 No. 6B-93, oficina 502. Barrancabermeja

Tel: (7) 6223016; Correo: asociacion.campesina@gmail.com

Medellín

Red Juvenil de Medellín

Calle 47 No. 40-53

Tel: (4) 2393670; Fax: 2176965

Correo: redjuvenil@redjuvenil.org

Norte de Santander

Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada

Calle 14 No. 8-41, Barrio El Páramo, Cúcuta.

Telefax: (7) 5720406; Correo: mesadeforopd@yahoo.es