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Amenazas y señalamientos contra líderes de Marcha Patriótica del Huila en vísperas del paro
Agencia Prensa Rural / Domingo 18 de agosto de 2013
 

El movimiento social y político Marcha Patriótica denunció en comunicado que, desde el jueves 15 de agosto, la Policía del Huila ha impedido la salida de los vehículos de transporte público que se van desde Neiva hacia las zonas rurales del departamento, con el ánimo de evitar las concentraciones en la jornada de paro nacional programada para el lunes 19 de agosto. Por tal razón, el viernes 16 de agosto, Diego Tello Quiroga, conocido líder de Marcha Patriótica, fue delegado junto a una comisión de derechos humanos para viajar a la zona rural y verificar los hechos.

El sábado 17 de agosto, cuando Tello se dirigía al terminal de transporte de Neiva, una motocicleta verde con placas CHE 05 se acercó al taxi que lo conducía en el semáforo del ICBF – Huila, donde el moticiclista apuntó un arma hacia Tello, lanzando amenazas contra su vida.

Adicionalmente, los días 16 y 17 de agosto, el comandante de la Policía Huila, Juan Francisco Peláez, motivó a la comunidad en general a tomar videos y fotografías de las personas que acompañaran el paro, a quienes agitaran y promovieran las protestas. Peláez aseguró particularmente en la F.M. Radio que los estudiantes de universidades son quienes promueven el paro.

Señala el comunicado como antecedentes que en julio de 2013 se radicó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las continuas amenazas que son víctimas dirigentes campesinos, voceros y defensores de derechos humanos pertenecientes a Marcha Patriótica – Huila, entre ellos Diego Tello Quiroga. Y que el coronel Juan Francisco Peláez en reiteradas ocasiones ha señalado y estigmatizado a los líderes sociales agrarios y estudiantiles.

Marcha Patriótica exige las garantías de ley para el ejercicio del derecho a la protesta, así como medidas para proteger a los líderes de esta organización social y política, pidiendo también justicia frente a las amenazas, señalamientos y hostigamientos de los que son víctimas. Responsabilizan al presidente Juan Manuel Santos Calderón y al coronel Juan Francisco Peláez por las consecuencias que dichos señalamientos puedan acarrear para los activistas populares.