Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Mirando la paz desde la ventana
Colectivo Popular de Mujeres TEA / Lunes 19 de agosto de 2013
 

El Colectivo Popular de Mujeres TEA abre la ventana para dirigir la mirada al transcurrir de los diálogos en la mesa de La Habana y avizorar el impacto que causan las propuestas y comportamiento de las partes en interlocución, con el ánimo de resaltar la necesidad de la participación popular en la construcción de la paz con justicia social.

Es importante destacar el apoyo con que cuentan las partes en negociación por parte de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, más el acompañamiento de los gobiernos de Venezuela y Chile, además el saludo y apoyo expresado por la ONU, la Unión Europea, la OEA, Unasur, los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Valoramos positivamente la presentación de la agenda de cinco puntos presentada por las FARC-EP y acordada con el Gobierno, con la cual se dio comienzo a los diálogos. Nos causa gran preocupación la posición del Gobierno de adelantar los diálogos en medio de la guerra y los operativos militares, los bombardeos permanentes en los territorios rurales y la pérdida de vidas humanas a consecuencia de la confrontación, que ha sido y sigue siendo mantenida para defender capitales privados extranjeros; también nos inquieta la exclusión que se ha hecho a las organizaciones sociales, sindicales y populares para hacer parte de la mesa.

Reconocemos efectivamente el primer acuerdo parcial de la mesa, promover el acceso a la tierra para la población campesina a través de un Fondo de Tierras para la Paz, el cual se alimentará de baldíos de la nación y tierras públicas o privadas apropiadas ilegalmente; sin embargo, rechazamos la reformulación del tamaño y funcionamiento de las Unidades Agrarias Familiares y la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras, porque son normas excluyentes y amarradas a soluciones de conveniencia para unos pocos.

Al dirigir la mirada a las tierras de baldíos, se vislumbra que estos son terrenos de mala calidad, ubicados en lugares apartados de las montañas; mientras que las mejores tierras, aptas para la producción agrícola, se encuentran concentradas en pocas manos, convirtiendo a Colombia en el país con mayor desigualdad en el mundo en cuánto a propiedad de la tierra se refiere; estas grandes concentraciones de tierra no pueden ser tocadas ni redistribuidas de acuerdo a las necesidades del campesinado colombiano y menos planteadas como un tema para el proceso de negociación.

Adicionalmente, es desalentador observar que las instituciones encargadas para las labores de asignación de tierras que propone el acuerdo son tradicionalmente débiles y tomadas por paramilitares en varias regiones del país y algo mucho más grave aun: se advierte que será un proceso largo, que se gastará más de una década y que va en contravía de los derechos de las comunidades despojadas y desplazadas históricamente en Colombia.

¿Qué le espera entonces al campesino?

Mientras se adelantan los diálogos, uno de los mayores grupos azucareros y agroindustriales de Colombia, Riopaila S.A., burla la ley para adueñarse de más de 40 mil hectáreas de tierra ubicadas en el departamento de Vichada, en zonas de baldíos, procedimiento que se llevó a cabo mediante acciones tramposas de 27 empresas falsas, con el interés de que estas tierras sean convertidas más tarde en grandes haciendas para la producción de biocombustibles. Esas actuaciones, tan dicientes sobre el accionar de colombianos que representan el poder capitalista en el país, muestran con claridad el desinterés de estos empresarios por apoyar los diálogos de paz.

Dirigir la mirada a las actuaciones del Gobierno pone de manifiesto el doble juego con que ha venido manejando el proceso de paz, pese a que el Presidente de la República defiende los diálogos ante la opinión pública, impulsa por todos los medios la locomotora minero-energética, que presenta al país como un paraíso para la inversión en minería y la industria extractiva, permitiendo la corrupción administrativa y la flexibilidad en las normas.

Prueba de ello es el acontecer en la explotación minera por parte de la empresa AngloGold Ashanti en Cajamarca (Tolima), donde se ha tolerado que la empresa se apropie de 35.500 hectáreas. Donde se extrae el oro se mueven diariamente cien mil toneladas de roca, se usan ocho toneladas de cianuro y gastan 70 millones de litros de agua y, lo peor, esta situación obligó al desplazamiento del 38% de la población, bajo el terror de las autoridades militares.

La solución que ha recibido la población desplazada ha sido involucrarla en la otra inversión que ha generado la empresa: prostíbulos, casinos, discotecas, bares, hoteluchos, donde afloran homicidios y desapariciones forzadas, pero sobre todo destruyen y alteran la vida cultural de las familias.

Ante estos hechos nos preguntamos: ¿Donde quedó la familia campesina con sus fincas, sus haberes, sus costumbres, su cultura, sus abuelos, la historia de su municipio? Como colectivo de mujeres TEA nos sorprende el destino a que son sometidas las mujeres de las familias desplazadas. ¿Quién les responde a los colombianos y colombianas por los daños ambientales y sociales causados? ¿Y qué sucede frente a la vida y la permanencia de los campesinos en sus territorios?

Al detener la mirada sobre las políticas actuales del Gobierno encontramos que ha permitido la aprobación de un fuero penal militar para la guerra, ha cambiado la doctrina militar, eliminando la imposibilidad de juzgamiento a los militares por los delitos contra la población civil, auspiciando la injusticia y la impunidad, la ausencia de garantías y desafueros castrenses. Ante la situación vivida en estos días por los campesinos del Catatumbo se demuestra que el desafuero castrense se estrenó con ellos. Estas acciones por parte del Gobierno Nacional destruyen la posibilidad de aclimatar la paz al interior de las comunidades colombianas.

La experiencia vivida por las organizaciones sociales y populares que han manifestado su inconformidad ante el Gobierno (movilizaciones campesinas del Catatumbo y paro minero) con la ley de seguridad ciudadana, se ha reflejado en la criminalización a la protesta popular, penalizando la libertad de expresión y la objeción critica frente a las políticas inequitativas del Estado; lo cual reafirma cómo mientras se habla de paz se oprime a los sectores populares.

Al atisbar el ambiente social desde la ventana encontramos abundante contaminación negativa producida por los medios de comunicación al servicio del gran capital y las transnacionales, que emiten programas y opiniones en contra del proceso de paz, todo dirigido a desanimar y entorpecer el apoyo de la ciudadanía a los esfuerzos de alcanzar la paz.

Las mujeres que hacemos parte de las organizaciones populares percibimos que los enemigos que siempre han destruido la paz siguen en su empeño obstaculizador, tratando de colocar las actividades y posibilidades de paz cuesta arriba, pero desconocen que el valor y la unidad de un pueblo son invencibles.

Hacemos un llamado a todas nuestras compañeras y sus organizaciones para redoblar los esfuerzos en el trabajo y seguir adelante en el apoyo a la mesa de diálogo, fortaleciendo el trabajo a nivel regional, nacional e internacional, única forma de de alcanzar la paz con justicia social.

Porque la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos y colombianas.