Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Se instaló mesa de negociación en Medellín tras paro en el Nordeste Antioqueño
Primera reunión entre los voceros de las comunidades agrarias y mineras con representantes de la gobernación de Antioquia y otros funcionarios
Cahucopana / Sábado 24 de agosto de 2013
 

La reunión se realizó el día de ayer 23 de agosto en la gobernación de Antioquia entre los voceros de las comunidades agrarias, indígenas y mineras de diversas regiones de este departamento que se encuentran movilizadas exigiendo sus derechos en el marco del paro agrario nacional, con representantes de la institucionalidad entre los que se encontraban la viceministra de Minas y Energía Natalia Gutiérrez, representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Defensa, el Secretario de Gobierno Departamental Santiago Londoño, representante del INCODER, Procuraduría de Antioquia, Secretaria de Minas, Corantioquia, el coronel de la Séptima División del Ejército, alcaldes de los municipios de Segovia y Remedios, entre otros. Estas conversaciones no arrojaron ningún resultado en materia de solucionar los múltiples problemas que aquejan a las comunidades que esperan que cese el abandona estatal y la represión que tanto los afecta.

La reunión en la que se esperaba la presencia del gobernador de Antioquia, lo cual no sucedió, inició con el descontento de los voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo por la presencia de miembros de ejército y del Ministerio de Defensa, quienes reiteradamente han lanzado acusaciones en contra de las movilizaciones populares a través de los medios masivos de comunicación, arguyendo que estas se encuentran infiltradas por la insurgencia, por lo que le pidieron a los miembros de la fuerza pública que se retractara de tales afirmaciones estigmatizadoras, lo cual no ha sucedido hasta ahora.

Los representantes de los campesinos manifestaron que la inmensa riqueza que se encuentra en el Nordeste Antioqueño contrasta con el olvido y el abandono estatal que durante décadas se han materializado en el pésimo estado de las vías, en deficiencia en materia de educación en todos los niveles, en inexistencia de centros de salud, en viviendas precarias, lo que se traduce en una enorme crisis humanitaria que afecta a la región. Ante las recriminaciones institucionales por los bloqueos de vías y por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales, quienes exigieron que los voceros populares expresaran públicamente su rechazo a estas acciones, se dejó en claro por parte de los voceros que de no existir acciones de presión de seguro que ningún representante del Estado se encontraría negociando con ningún sector popular.

Entre las exigencias que realizan los campesinos en materia de producción agropecuaria se demandan la derogatoria de leyes contrarias al campesinado como la que les imponen el uso de semillas transgénicas que están acabando e ilegalizando las semillas nativas y que ponen en mayor riesgo la soberanía alimentaria, proponen la promoción de los productos campesinos garantizando el acceso a los mercados, la suspensión de los tratados de libre comercio con USA, la Unión Europea, Israel, Corea del Sur, China y todos los que estén proyectados, piden apoyo a proyectos productivos alternativos en pro de garantizar la soberanía alimentaria, así como la legalización y la dotación de baldíos habitados por campesinos por parte de INCODER, como también detener la extranjerización de la tierra y que se cree un fondo de tierras para aquellas comunidades que no las posean.

Del mismo modo plantean la extinción de dominio de tierras ociosas acaparadas por latifundistas, pidiendo que cese la pretensión gubernamental de modificar y reducir las Unidades Agrícolas Familiares y que por el contrario se mantengan como están ahora o se aumenten, generando una territorialidad campesina mediante el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina, garantizando los insumos y la comercialización de las comunidades indígenas y campesinas.

Por su parte los representantes de los mineros plantearon a las autoridades lo pérdida de soberanía nacional que se desprende del entreguismo gubernamental a las multinacionales mineras que para ellos se han tomado al país y que no dejan nada de la riqueza que amasan en la región, situación que los afecta en gran medida por los amparos administrativos que el gobierno le da a las multinacionales que pretenden erradicar a como dé lugar la pequeña y mediana minería, sabiendo que en la mina más pequeña trabajan entre 80 y 100 personas, por lo que es preocupante la situación que de la mano con la grave crisis humanitaria que se vive en la región podría desencadenar una ola de violencia por mineros arrastrados por el desespero y por la constante persecución y represión de las que son objeto.

Expresan los mineros que el derecho al trabajo en la región está por el suelo y que si las cosas siguen al ritmo que van las multinacionales podrían acabar con la pequeña y mediana minería en 3 años. Destacan el hecho paradójico que suscita que aunque Antioquia es uno de los departamentos más ricos y que más produce riqueza en el país, es a la vez uno de los departamentos más desiguales y en el campo no se ven por ningún lado los recursos provenientes de las regalías. Exigen tener participación en la elaboración de las políticas mineras, suspender el decreto 2235 que criminaliza y reprime la pequeña y mediana minería, formalizando la pequeña minería en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra y en las zonas del nordeste donde existe pequeña minería.

Expresan con preocupación que las fuerzas militares realizan trabajos al servicio de las multinacionales y no de defensa de la población, y que por el contrario se dedican a amedrentar y reprimir a los civiles. Piden que sea evaluada la constitucionalidad de las exenciones tributarias a las multinacionales que se da desde el gobierno de Uribe y que se han duplicado en el gobierno Santos. Por ultimo platean que la consulta previa no sea tan solo un saludo a la bandera y que las comunidades puedan decidir si efectivamente quieren la presencia de las multinacionales o definitivamente no.

Del lado de las comunidades indígenas estas exigen inversión en salud, educación, vías, servicios públicos, ya que el resguardo de 375 indígenas y 79 viviendas ha sido objeto del más hondo abandono estatal. Exigen que las multinacionales salgan de sus territorios, y expresan contundentemente que los derechos que el pueblo ha conseguido a lo largo de la historia no se han dado por la benevolencia de los gobernantes, sino por la lucha y la sangre derramada por innumerables compañeros asesinados en la lucha. En síntesis piden el respeto de sus territorios y de su cultura.

La vice ministra de minas y energía manifestó que si no fuera por la Agencia Nacional de Minas encargada de fiscalizar la actividad no existirían 9.000 sino 16.000 o más títulos mineros en todo el territorio nacional, afirmando que esta dependencia realiza 2 visitas anuales a cada mina legal o informales, afirmando que supuestamente le quita los títulos a aquellas empresas que incumplan con la legislación ambiental y laboral, cosa que hasta donde sabemos solo ha ocurrido con pequeñas minas y no con ninguna transnacional. Afirmó que desde el alto gobierno no se mete en la misma bolsa a los pequeños mineros con aquellos que tienen relaciones con grupos al margen de la ley, pero se contradijo al decir, pequeña minería sin título y sin licencia ambiental, por lo que se perseguirá a todo aquel que no posea estos requisitos.

En síntesis plantea que el gobierno hace lo que puede, que está dispuesto a apoyar a los mineros para que desde el congreso se modifiquen las leyes contrarias a la pequeña minería, que el gobierno está dispuesto a informar y a informarse de los mineros, que se debe sentar a las multinacionales en una mesa para tratar las problemáticas, incluso aceptó que ha existido abandono y olvido por los distintos gobiernos, en fin, cosas que están lejos de su competencia y que no pasan de ser saludos a la bandera dado el trato que el gobierno da a los mineros, a los campesinos, a los indígenas y a las justas protestas que estos realizan.

Lo que se puede destacar como positivo de la reunión es que los distintos sectores agrarios y mineros de distintos lugares de Antioquia en paro, decidieron agruparse en una sola Mesa de Interlocución con las autoridades locales y nacionales para dar fuerza a sus exigencias y demostrar la unidad de las comunidades populares que hoy más que nunca están dispuestos a hacer valer sus derechos.

CAHUCOPANA

COLECTIVO BRECHA