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Ponencia propuesta presentada al foro: Cultivos de coca, consumo de drogas y narcotráfico. Bogotá, Octubre 25 de 2013
Zonas de Reserva Campesina (ZRC), cultivos de coca, consumo de drogas y narcotráfico: La regularización como solución
 

La guerra antidroga en el país, se ha dirigido contra los campesinos cultivadores estigmatizándolos como delincuentes, desplazándolos con fumigaciones y erradicaciones llevándoloa a la cárcel. Pero veamos cuales son los antecedentes del problema: podemos ubicar como causa original de la guerra colombiana es una tragedia recurrente de nuestra historia: la concentración de la propiedad de la tierra, antes solo representada por el latifundio, ahora también presente en “modernas y racionales” empresas del agronegocio y la explotación minero-energética, que no deben ser tan “eficientes”, dado que parecen necesitar también del despojo recurrente de las tierras incorporadas a la frontera agrícola por los campesinos. Todo el escándalo reciente de la modificación a la ley de baldíos apunta a esto.

Al reseñar el acuerdo del primer punto agrario en La Habana, El Tiempo destacaba: “el gobierno ha sido claro -y ayer lo reiteró- en que la propiedad privada legal no se tocará para la reforma agraria, independientemente del tamaño que tenga”, mientras a renglón seguido aclara que para el “fondo de tierras” a constituirse, “no se ha considerado el latifundio legalmente adquirido”, asumiendo así la oscura versión de que existen maneras legales de constituir un latifundio. El geógrafo ingles David Harvey, acuñó en el 2003, el término “acumulación por desposesión o despojo”, y esto equivale a que desde fines del siglo XX, se acumula a partir del despojo de sectores que antes de la era neoliberal le eran vedados al capital, estos sectores en el norte del planeta, históricamente eran manejados dentro de la economía estatal pública: la salud, la educación, la vivienda etc. es decir todos las áreas económicas, que han sido victimas de las privatizaciones. Pero en el sur del planeta además de los bienes del Estado, también quedan tierras donde aplicar la misma estrategia. Por eso lo que empezó con el discurso de calificar a las Zonas de Reserva Campesina como “republiquetas independientes”, se ha convertido en la posición del gobierno cuando resguarda al latifundio y lo protege en los acuerdos de La Habana.

Con la modificación a la ley de baldíos ahora vienen por más: ahora se haría legalmente lo que empezó con las masacres del paramilitarismo y el desplazamiento que estas generan, que siempre buscó la apropiación por grandes capitales de los predios creados por fuera de la frontera agrícola original, construidos por el campesinado en los baldíos recibidos de la reforma agraria desde los años 60, en los baldíos que entonces entregó el Estado, precisamente para eludir el reparto de las tierras dentro de la frontera agrícola. El capital nunca ha tenido escrúpulos o para re-editar sus orígenes sangrientos, o para con violencia o sin ella, establecerle relaciones de tributación a otras formas económicas, cuando descalifica y combate a las Zonas de Reserva Campesina, cuando pretende blindar al latifundio, lo que esta haciendo acorralar a los campesinos autónomos, hasta convertirlos en siervos del medioevo, por la vía de la “alianza del zorro con la gallina”.
Cualquier propuesta de sustitución de los ingresos de origen ilícito que los cultivos de hoja de coca producen en las áreas de bosque húmedo, debe considerar estos antecedentes históricos y analizar la coyuntura y el entorno descritos.

La aparición de los cultivos de coca en el Putumayo, el Guaviare o el Catatumbo data de los años 70 y 80 del siglo XX, y es consecuencia de tres factores:

1. El poblamiento de las regiones con campesinos desplazados desde la frontera agrícola, por el latifundio, por la guerra o llevados por la reforma agraria, ejemplos concretos provenientes de los valles fértiles del alto río Cauca, del Tolima o del sur del Cesar;

2. La apertura económica que desde los 80 empezó a hacer inviable la pequeña producción agropecuaria, situación agravada con la firma de TLC;

3. Unos suelos en su mayor parte con escaza capa vegetal y en consecuencia mayoritariamente de baja productividad;

4. La incomunicación de las regiones, por la mala calidad de la vía principal, y la escases de vías de penetración, que aumenta la dificultad de comercialización para cualquier producto.

Los 4 factores combinados implicaron que una mercancía que podía cultivarse en los malos suelos del bosque húmedo, que podía procesarse y sobre todo venderse en el mismo sitio llevara las de ganar, frente a aquellas resultantes de cultivos tradicionales conocidos de la agricultura de dentro de la frontera agrícola. Es clave entender que las características principales de la mercancía que llenó esos campos, son en primer lugar sus aceptables rendimientos por hectárea en suelos malos, segundo el hecho de poderse procesar en el campo, y además la posibilidad de venderla en la misma región sin someterse a la tortura de las pésimas carreteras. El primer factor es productor del insumo hoja de coca, y el segundo y el tercero son los que permiten la transformación hasta pasta básica de cocaína para el mercado.

La mercancía que se procesa localmente y luego se tranza en los mercados de las regiones es la pasta básica de cocaína, no la hoja de coca, la cual no tiene uso comercial en la región, ni tampoco fuera de ella, por ahora solo ha sido el insumo para la producción ilegal. Además, la transformación local es condición necesaria para que llegue al mercado, porque las malas vías y la alta pluviosidad impiden el desplazamiento de la hoja de coca, producto natural perecible.

No es correcto el planteamiento de que el procesamiento de la hoja de coca para producir pasta básica de cocaína es un acto obligado por guerrilleros y narcotraficantes, y que en circunstancias diferentes los campesinos seguirían trabajando cultivos tradicionales, las causas de la producción de la mercancía ilegal son económicas. Estamos ante un escenario de “tierras peores” en términos clásicos, tanto por la baja calidad de los suelos, como por el aislamiento físico de los mercados, son tierras que no tenían posibilidades de producir renta diferencial. En ese sentido la gran mayoría de las áreas cocaleras de Colombia, son territorios que solo pudieron incorporarse al mercado, gracias al cultivo de la hoja de coca, que hasta ahora se usa como insumo de la mercancía ilegal pasta básica de cocaína.

Hoy también es jurídicamente incorrecto hablar de cultivos ilícitos, la ilegal es la mercancía, la pasta básica de cocaína. Varias sentencias de la corte han refrendado la legalidad de la hoja de coca, en su carácter de cultivo tradicional de los pueblos originarios andinos. La reincorporación del Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención Mundial de Estupefacientes el 10 de enero del 2013, después de declarar la incompatibilidad con su constitución, del artículo 49 de la Convención que prohibía el mascado (mambeo) de hoja de coca, así como su cultivo, le dan carácter internacional a la reivindicación de la planta.

La condena a la hoja, tiene un origen racista y es independiente al tipo de uso que se le de, sin embargo ahora se adapta a las nuevas circunstancias y elabora una clasificación científicamente incorrecta, se habla de una planta “buena” para los usos tradicionales y otra diferente “mala” para producir la mercancía ilegal. Pero la planta es una sola, es la misma.

El nivel de utilidad local de la mercancía pasta básica de cocaína, varía en las diferentes zonas productoras del país en función de los rendimientos de la hoja de coca por hectárea, del costo de los insumos agrícolas y sobre todo del costo de los insumos para la transformación desde el producto natural hasta el químico. En buena medida el precio de estos insumos para transformar coca en pasta, esta condicionados por la corrupción que genera su trafico de ingreso, negocio de los organismos de control del Estado. El uso alternativo que se de a la tierra, para ser sustentable debe lograr un ingreso igual o superior a los 20 a 30 millones de pesos anuales que se producen por hectárea en las zonas cocaleras. También hay que considerar la distribución del ingreso en varias cuotas proporcionales repartidas durante el año, porque sabemos que en la escala de la economía campesina, es básico el flujo continuo del ingreso para el mantenimiento de las familias.

En los Planes de Desarrollo Sostenible -PDS de las ZRC en territorios cocaleros, no basta con ubicar hipótesis de cultivos de sustitución en genérico, hay que estudiar la agrología de los predios del bosque húmedo colombiano que ocupa hoy la coca, es decir la calidad de sus suelos; y debe quedar claro que no toda la tierra sirve para los cultivos tradicionales exitosos en los fértiles valles interandinos. Además de las diferencias de calidad del suelo, el factor de cercanía a los mercados es básico para la validación de las alternativas. De donde la calidad de las carreteras de interconexión con los centros urbanos, las vías de penetración y las políticas públicas que regulen y garanticen el mercado se vuelve factores productivos de primera línea.

Respecto a los cultivos o zoocrías que se propongan como alternativos de sustitución, lo básico es que se consideren los PDS de las ZRC propuestas, teniendo claro que para validar estos no basta el argumento de que es lo que piden los cultivadores, este no es un problema de democracia, no porque los pidan la mayoría son alternativas de sustitución se vuelven factibles o correctas, tales propuestas tienen que ser pasadas por el tamiz de la agrología, la conexión, las políticas públicas de desarrollo rural y las garantías de mercado.

Cualquier programa de sustitución, debe considerar a los seres humanos detrás del problema, los cocaleros que hoy producen coca como insumo de pasta, a lo largo y ancho de Colombia, una población cercana al tercio de millón de ciudadanos con sus familias necesita de la gradualidad para el proceso de sustitución de los ingresos provenientes del producto ilícito, por ejemplo en el Catatumbo se ha fijado un horizonte de 10 años para ello. Otro elemento clave para asegurar la calidad de los nuevos productos alternativos que resulten, será la asistencia técnica a estos cultivos y zoocrías, y esto necesariamente debe convertirse en una política pública sustentable para el futuro de los territorios hoy cocaleros, es decir debe estar garantizada más allá de la coyuntura de la negociaciones actuales de paros o de la propia constitución de las ZRC.

Los propietarios del saber y de la identidad de la coca, son los pueblos originarios de Suramérica, andinos y amazónicos. Esto está incluso reconocido por la sentencia 477 de la corte suprema, que la reconoce como patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, en ese sentido un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos artesanales e industriales benéficos debe considerar una alianza productiva empresarial entre campesinos cocaleros e indígenas.

Por lo anterior los programas alternativos a los ingresos ilícitos deberán, además, contemplar la elaboración de proyectos que apunten a la utilización de la propia hoja de coca como insumo para la obtención de productos elaborados de uso lícito. Para el efecto, un eventual uso alternativo de la hoja de coca para productos benéficos debe considerar una alianza productiva entre campesinos cocaleros e indígenas, dados los avances jurídicos sobre el tema (sentencia 477 de 2011 de la Corte Constitucional y reserva boliviana sobre el artículo 49 de la Convención de estupefacientes de la ONU) y las perspectivas económicas de una eventual industrialización de la hoja de coca.

Como ANZORC, estamos abiertos a explorar este tipo de alianzas, y a incorporarlas en nuestros PDS, por ejemplo con las experiencias de procesamiento de la hoja de coca de los indígenas del Cauca. Una alianza de esta índole permitiría,primero desde el ángulo económico, apoyarse en el conocimiento tecnológico de las transformaciones legitimas de dominan los indígenas; y segundo desde el ángulo político, que los cocaleros de la regiones donde hoy se produce pasta básica de cocaína, respetaran a sus dueños legítimos y quedarán cobijados por el paraguas del uso licito y originario.

Como ANZORC, estamos abiertos a explorar la posibilidad de aplicar en nuestro país la política pública de Control Social a la Coca que hoy implementa Bolivia, ahí en el ultimo año se redujo en 12% del área sembrada, en una labor conjunta con participación del Estado y de los campesinos a través de mas de 700 de sus organizaciones sociales de base y sin ninguna clase de violencia. En Bolivia se pacta entre campesinos y Estado, que áreas se destinan a los usos lícitos de la hoja de coca para productos alimenticios y medicinales (como los que aquí produce Coca-Nasa), y cuales áreas definitivamente se deben sustituir por otros cultivos o crías, para que la hoja no se desvíe al narcotráfico. En una Colombia en paz, el Estado y las organizaciones campesinas tenemos que llegar a reproducir este modelo.

Con este horizonte planteado Anzorc comparte las propuestas de regularización y legalización de los cultivos de coca, las propuestas de regularización y tratamiento de salud pública al problema del consumo de drogas y la drogadicción, así como las propuestas de regularización y legalización del uso de la cocaína como solución estructural al problema del tráfico ilegal de esta sustancia.

Teniendo en cuenta que la sustitución de los ingresos derivados del cultivo de la hoja de coca deben ser un proceso social, estructural, gradual y concertado planteamos como inicio de la solución el cumplimiento de la ley 160 que garantice el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el ejercicio de la territorialidad y el desarrollo rural a través de las ZRC.

Para tal efecto se deberán constituir de un Sistema y un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina para concretar lo siguiente:

1. El reconocimiento de las campesinas y los campesinos

2. Un nuevo modelo de Desarrollo Rural

3. La consolidación de la economía campesina

4. Un nuevo modelo de la explotación de los recursos minero- energéticos y de redistribución de su renta

5. El reordenamiento territorial y ambiental del país

Sobre el Sistema Nacional de ZRC - SNZRC

Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos, y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del Estado en los niveles nacional, regional y local.

El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley.
El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las organizaciones campesinas que impulsan zonas de Reserva Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria.

El Sistema tendrá una Coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora pertinentes.

El SNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple.

Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por:

1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras.

2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero energéticas y el agronegocio.

3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC.

4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos.

5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa.

Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina - PNZRC

El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances.

El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas la iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución.

El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC.

El PNZRC será financiado bajo las siguientes modadlidades:

Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional

Un sistema especial de transferencias

Un sistema especial descentralizado de regalías

Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC

Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, Educación, Comunicaciones, Interior, Cultura,Ambiente y Vivienda deben incluir recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.

El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA - ANZORC

Bogotá, Octubre 25 de 2013