Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Comunidad denuncia abusos del nuevo comando militar Júpiter en Caquetá
Semanario Voz / Martes 19 de noviembre de 2013
 

Desde hace dos meses el Gobierno nacional, en cabeza del ministro de Defensa, anunció la creación de un nuevo comando militar integrado con 50 mil efectivos para ejercer operaciones militares en el sur de la geografía colombiana. Se abrieron las puertas a nuevos atropellos por parte de las Fuerzas Militares y policiales en los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo.

Justamente en el Caquetá es el primer epicentro de las operaciones carentes de legalidad por parte de este comando militar que tiene como objetivo, según palabras del mismo ministro Juan Carlos Pinzón: “lograr la neutralización de los seis principales cabecillas del Bloque Sur de las FARC”.

Sin pensar un momento que esta región en lo corrido del año ha sufrido atropellos, improperios que intentan justificar estas acciones que de ninguna forma hacen parte de la labor constitucional que deben cumplir soldados y policías. Los ciudadanos caqueteños recordaron los hechos ocurridos el pasado mes de mayo en la inspección de la Unión Peneya, donde cerca de 40 campesinos que se encontraban ejerciendo su labor en una plantación de caucho fueron atacados con granadas de mortero desde la base militar ubicada en esta inspección.

Las Fuerzas Militares justificaron su acción como una hecho preventivo ya que los labriegos hubiesen podido ser unos “terroristas de las FARC” que intentaran atacar este fuerte.

En este mes, médicos de Unión Peneya fueron intimidaos por efectivos de este fuerte militar por atender a un labriego que se había accidentado en una motocicleta. Fueron acusados de colaboradores de la guerrilla. En este hecho debió actuar el párroco de la localidad para lograr que este campesino tuviera el derecho a recibir atención médica.

El campesinado del Caquetá recuerda los lamentables hechos en el marco del paro nacional agrario y popular donde los campesinos concentrados en la ciudad de Florencia fueron víctimas de atropellos, recibiendo golpizas por defender sus derechos. La retención ilegal por más de 120 horas efectuadas por miembros de las fuerzas estadounidenses y colombianas en contra de la familia dueña del predio donde chocó la avioneta de fumigación derribada por las FARC.

El pasado 16 de noviembre fue la primera acción de este nuevo comando en el departamento del Caquetá, el lugar fue la vereda Alto Arenosa, jurisdicción de la inspección de la Unión Peneya, municipio de la Montañita, donde a medio día se vieron 13 helicópteros y 4 avionetas en un operativo para arrojar cerca de 450 soldados, produciéndose de forma inmediata el intercambio de disparos con guerrilleros del Frente 15 de la insurgencia que hace presencia allí. El hecho causó que los militares llegaran a escudarse de las balas con las viviendas de los habitantes de este caserío. Para bien de la población civil el cruce de disparos no duró más de 15 minutos.

El sacerdote Antonio Chilatra, párroco de la Unión Peneya, rechazó la incursión militar del Ejército que llegó hasta la capilla. En conversación con nosotros el sacerdote afirmó que “durante el operativo los militares no tenían el apellido que debe caracterizar a cada efectivo y que además de forma inmediata retuvieron a todos los que participaban de la eucaristía y fueron registrados minuciosamente y en algunos casos utilizaban un dialecto ofensivo en contra de la población civil”.

Lo grave fue que el párroco Antonio Chilatra, trasladándose hasta la cabecera de la Unión Peneya en el vehículo de la parroquia, para poner en conocimiento los hechos, fue atacado con ráfagas desde un helicóptero, que impactaron a unos metros del vehículo que lo trasportaba. El sacerdote fue abordado por tropas oficiales y obligado a descender del vehículo para ser interrogado. “Esto se puede considerar como un secuestro porque los retuvieron por un lapso de tiempo de cinco horas, impidiendo la salida o el movimiento a cualquier lugar”.

Luego el sacerdote les dice que es un delito lo que están haciendo con él y con los campesinos, y que los demandará ante la diócesis de Florencia y ante las Naciones Unidas por lo ocurrido. Al dirigirse a Florencia el sacerdote dejó firmado un documento en el que delante de la comunidad les informaba que si a él le ocurría algo era culpa del Ejército.

Estas son acciones deplorables por parte de un Gobierno y sus Fuerzas Militares que incansablemente hablan de la necesidad de la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz y, sin embargo, generan la creación de nuevas formas de normalizar la muerte y la criminalización para ofrecer resultados militares en medio de un conflicto que día a día desangra un nación inmersa en la necesidad de tener una sociedad con derechos reales.