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Carimagua: los desplazados como mano de obra barata
Héctor Mondragón / Viernes 30 de mayo de 2008
 

La masa de desplazados es convertida en masa de superexplotados. En Carimagua se intenta convertir a los desplazados en aparceros baratos en pleno siglo XXI.

Ante el escándalo que provocó la decisión del Ministerio de Agricultura y la dirección del Incoder de arrebatar a los desplazados por la violencia la hacienda Carimagua que había sido destinada para ellos, el Ministro Andrés Felipe Arias anuncia, desde el pasado 15 de mayo, un “nuevo” proyecto que tendría espacio para familias desplazadas cultiven “caucho, palma, forestales, marañón, cítricos, mango, soya, maíz, arroz y pastos” durante 50 años, pero bajo el dominio de un empresario que gane la licitación que abrirá el mismo gobierno.

Luego la tierra no será entregada a los desplazados, sino que el estado la pondrá a disposición de un empresario, el que presente el proyecto ganador, y los desplazados suministrarán la mano de obra bajo un sistema de aparcería, feudalismo del siglo XXI con trabajadores baratos garantizados por el desplazamiento.

Cuando más de 4 millones de personas, cerca de 800 mil familias, fueron separadas a la fuerza de sus tierras y territorios no solamente se les arrebató el suelo, la valorización que causará en la tierra la inversión pública o privada en grandes proyectos de infraestructura, petróleo o minería y todas la riquezas naturales de la región, sino que otra riqueza, mucho más grande, las mismas personas, quedaron secuestradas por la clase empresarial, verdadera logia beneficiaria por excelencia de la violencia: fue capturada la masa de despojados, convertidos ahora en mano de obra barata al servicio del gran capital y los hacendados.

La masa de desplazados, en la miseria, se ha convertido en mano de obra disponible, tanto en las ciudades como en las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera, donde el sistema de las mal llamadas “cooperativas de trabajo asociado” garantiza los peores salarios y las ningunas prestaciones sociales. Las huelgas de los corteros de caña en 2003 y 2005 y las de los trabajadores de la palma en 2005 y 2008 han sido el testimonio de las condiciones de miseria que viven estos obreros abaratados por el desplazamiento forzado y la destrucción a sangre y fuego de los sindicatos. Las recientes huelgas en el Magdalena medio santandereano, en Puerto Wilches y Yarima, con apoyo de toda la población manifestado en el paro cívico de Puerto Wilches, expresan la resistencia contra el régimen de superexplotación del que no solamente son víctimas los desplazados sino toda la clase trabajadora debido al efecto general que sobre todo el “mercado” de fuerza de trabajo tiene la existencia de un ejército de desplazados necesitados que ofrecen barata su mano de obra.

El modelo Carimagua es una adaptación perversa del instaurado por los sultanes malayos, ya que aprovecha la tragedia del desplazamiento para instaurarse y para diluir las relaciones laborales en un contrato de aparcería, en que los trabajadores desplazados quedan a merced de las empresas uribistas que concursan con proyectos productivos para beneficiarse de tierras del estado. Matan dos pájaros de un solo tiro: destruyen el derecho del desplazado para apoderarse de su trabajo; y destruyen el derecho del estado, para lucrarse con sus tierras; modelo que se nutre de la violencia para conseguir trabajadores baratos y tierras y del control burocrático del aparato del estado para fabricar proyectos a favor del capital burocrático y autoadjudicárselos.

El “nuevo” modelo de Carimagua es pues una trampa grosera que busca desconocer completamente a los desplazados los derechos a la reparación y la restitución de sus tierras.

El gobierno de Uribe y Ministro Arias en particular, pretenden que se olvide que los desplazados son víctimas de un delito y no pueden ser tratadas como cualquier persona sin tierra, que “voluntariamente” solicita ser incluida en un proyecto. Son personas que tienen unos derechos adquiridos a la indemnización y a la restitución, por su calidad de víctimas de un crimen, derechos que el estado debe garantizar y que en este caso no solamente desconoce sino que invierte, institucionalizando la conversión del desplazamiento en mina de mano de obra barata.

En lugar de restituirles sus tierras y de indemnizarlos por los perjuicios sufridos, a los desplazados se les quiere atar a determinados proyectos productivos de un capitalismo burocrático que impone sus intereses por medio del gobierno y sus entidades. Por ejemplo, también en el Meta, en algunas de las muy contadas fincas que han sido “entregadas” a los desplazados, no se les reconoce propiedad sino que se quiere condicionar su presencia en las fincas y su subsistencia a que participen de proyectos de plantación de caña de azúcar para producir etanol. Los directivos de Incoder abusan de sus funciones para imponer proyectos de determinadas empresas privadas. Se rechaza los proyectos productivos elaborados por los desplazados o escogidos por ello y se implantan los del empresariado burocrático uribista.

Si en la colonia los mercaderes portugueses e ingleses arrancaban de África y ponían a disposición de los antepasados de la actual aristocracia uribista a miles de africanos secuestrados al otro lado del Atlántico; la guerra actual ha secuestrado a más de 4 millones de personas quitándoles la tierra y el territorio y atándolas a la cadena de los empresarios.

El “nuevo” proyecto de Carimagua es pues la institucionalización de este nuevo modelo esclavista. Si el ministro Arias se ha visto obligado a reconocer que la tierra de Carimagua sí pueden ser cultivada por pequeños productores (y es más, que no sirve para grandes plantaciones ni para monocultivos), sin embrago lo ha hecho solamente para engendrar otra forma de entregar todo burocráticamente a algún empresariado licitante, que se lucrará con los bienes del estado y la sociedad y con la tragedia del campesino desplazado.