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Discusión al punto 4, solución a los problemas de las drogas
¿Sera posible finiquitar el Narcotráfico?
Ignacio Landa / Sábado 7 de diciembre de 2013
 

Hay varias lecciones que nos ha dejado los intensos 27 años de combate oficial contra las drogas y los cultivos de uso ilícito en el país. La primera y principal es su evidente fracaso cargado de conflicto armado, glifosato, desplazamiento y muerte. Mucho se ha gastado pero mal se ha enfrentado a este monstruo grande de muchas ramas y alianzas, algunas luctuosas, más con la droga utilizada como arma de guerra. Después de todo, el poder del narcotráfico, en continua metamorfosis, consigue permear a todos, y se fortalece económica y militarmente día a día, año a año, emanando corrupción, violencia y temor en todos los territorios por donde transita y se asienta. En Colombia las estructuras armadas del narcotráfico tienen accionar por todo el país y con los más paradójicos socios dominan varias zonas infectadas de coca y cristalizaderos. Han acaparado tierras y rimbombantes negocios, minería, inmuebles y contrabando, controlan funcionarios, políticos y el jugoso micro-tráfico en las ciudades. En toda esta cadena fúnebre, que según algunas fuentes genera al país un suculento botín de 16,6 billones de pesos (2,5% del PIB), se ha provocado mucho perjuicio. Desde los campos hasta sus consumidores ó en los tugurios pasando siempre por la corrupción en los despachos. Sin lugar a dudas, los más golpeados han sido los pequeños cultivadores colombianos de coca, que en ningún caso son culpables de esta lacra mundializada que de hecho nos supera a todos.

Estos humildes campesinos han sido usualmente criminalizados por esta actividad económica a que se han visto muchas veces avocados en las aisladas zonas de colonización donde viven. Extensas áreas por fuera de la frontera agrícola históricamente olvidadas del estado, sin vías ni servicios sociales básicos dignos, no han tenido opciones para desarrollarse. Sus poblaciones han crecido inestablemente, entre las bonanzas y los desvelos de fumigaciones o combates, estigmatizados a merced de la ilegalidad y de los grupos armados dominantes y los que circundan.

Esta fatal subcultura cada vez más arraigada ha generado gravísimas consecuencias como la pérdida de valores propios en regiones enteras, el despojo y la acumulación de tierras, más pobreza y deforestación, llevando consigo la profundización de la violencia, el individualismo y el descontrol social, caldo de cultivo ideal para seguir engrosando las filas armadas.

En base a los trabajos de campo de las evaluaciones intermedia y final del programa “Si Se Puede” realizada junto al Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos-OCDI para la Gobernación de Nariño, extraemos datos y enseñanzas para visualizar a muchos anónimos cultivadores de coca y con el ánimo de que sirvan para animar la discusión sobre los nuevos programas que sin duda pronto se tendrán que empezar a desarrollar. Nos referimos específicamente a dos municipios de la cordillera oriental nariñense donde se tomaron los datos, pero de alguna manera, con las consiguientes diferencias regionales y culturales, parte de estos resultados se puede extrapolar al resto de campesinos productores de cultivos ilícitos.

En el caso de esta región, muchas de las luchas campesinas fueron aplacadas por la tremenda confrontación armada contaminada de narcotráfico. Ahora no son muchos los lideres campesinos que se lancen desinteresadamente para buscar el beneficio de su comunidad. Están algunos lideres de siempre que jalonan los procesos y aparecen nuevos liderazgos de jóvenes que son más fácilmente influenciables política y económicamente. Al respecto resaltar la gran vulnerabilidad sociales de estas poblaciones campesinas. Se observó que buena parte de los más de 300 campesinas y campesinos encuestados, la mayoría adultos, no tuvieron posibilidades de acceder a estudio y tienen un nivel académico francamente bajo, estamos hablando en términos aproximados de un 78% de analfabetos funcionales. La inmensa mayoría de la población califica como SISBEN 1, lo que ratifica lo percibido en esas comunidades en cuanto a pobreza y necesidades básicas insatisfechas. La comprensión de estos datos es vital para fundamentar el bajo nivel de desarrollo relativo y entender en parte las problemáticas que los acechan.

Si bien buena parte de esas poblaciones poseen tierra; una media de 1,96 ha. por familia, el 26% tienen extensiones inferiores a una hectárea, un 46% declaran poseer entre 1 y 3 hectáreas y otro 20% extensiones de más de 3 hectáreas; el problema de legalización por afectación de ley 2 de 1959 y baldíos está vigente, tan solo un 17% tienen escritura frente a un muy mayoritario 66% que mantienen el documento de compraventa como prueba de su propiedad sobre el terreno.
Tan solo un tercio de los campesinos dicen conocen la Constitución colombiana, sus derechos y obligaciones, habiéndose tejido un concepto muy autóctono de la legalidad, que evidencia el vacío en educación civil en sentido de comprensión integral sobre las Leyes y la misión y funcionamiento del Estado. Además se recabaron percepciones mayoritarias que muestran la poca credibilidad que despiertan las autoridades e instituciones del Estado, cuya moral y ética queda en entredicho, siendo la Policía (59,9%), la Alcaldía (50,5%), el Gobierno (47%) y el Ejército (45%), por este orden, las instituciones que más desconfianza generan entre la población y la iglesia la institución más valorada en cuanto a confianza con un 52%. Por ejemplo consideran que “No son honestos”: políticos en un 74,5%, alcaldes en un 65%, policías en un 64% y militares en un 59% de los encuestados.
El sistema judicial, del que un 53% no confía, es sentido como perverso, injusto, complejo e ininteligible. Nuevamente se reflejan el desconocimiento, la falta de instrucción y la irremediable ilegalidad como única solución económica para estos aislados agricultores, de pronto transformados en delincuentes, sin mucho amparo ni garantías.

De igual manera, no había una definición clara sobre si la presencia de la Policía y el Ejército eran una garantía para la población (un 47% que SÍ y el 44% que No), lo que evidencia la influencia de las Farc y el miedo ciudadano a verse inmerso en medio de combates y represalias.
Según la opinión de los/as entrevistados/as para caminar hacia una Cultura de la Legalidad, aspectos como, más educación a todo nivel (77,75%), mayores oportunidades de generación de ingresos (74,5%) y mayor participación ciudadana (71,25%), deberían ser tenidas en cuenta.
Las conductas mayoritarias responden a cumplir la ley y aceptar sus consecuencias y a no tomar la justicia por su mano, lo que configura ciudadanos con inmensas ganas de salir adelante e integrarse a la civilidad con respeto. Sin embargo sigue mostrándose muy marcada la desconfianza y el individualismo con manifestaciones notorias de que uno personalmente cumple su palabra y sus tratos pero con serias dudas sobre que lo hacen los demás. Todo ello se deja ver en los débiles procesos de organización comunitaria y liderazgo con la dificultad para construir ciudadanía y emprender propuestas asociativas y de trabajo en común.

Los principales peligros para la legalidad identificados son por encima del conflicto armado (65%), el narcotráfico (67%) y la corrupción (66,25%) que lo impregnan todo, más aun dentro de un conflicto armado de larga duración.
Estos datos están enviando señales claras de Inconformidad que requieren oído. Resulta claro que si los campesinos, siembran coca lo hacen mayoritariamente por necesidad, ante la situación de penuria económica en la que viven. Y ante la inseguridad y zozobra que experimentan a la mínima que se les tienda la mano y se les cumpla, la gran mayoría abandonará esta economía.

La experiencia nariñense del “Si Se Puede”, ideada por Antonio Navarro y puesta en marcha con financiación de la Unión Europea, es un modelo de Desarrollo Rural Integral que con los debidos ajustes y adaptaciones regionales, muy bien se puede reproducir en otras zonas deprimidas del país. Este es un punto de partida, un referente que se debe considerar y repensar como movilizador de la acción comunal e institucional para establecer una economía lícita que busca un nivel de vida digno para toda la población, que de una manera u otra está afectada.

La tarea es ardua y deberá llevar consigo la transitoriedad y un compromiso decidido de inversión productiva y social. Se debe fortalecer el tejido social y la decaída organización comunitaria, formalizar la propiedad de la tierra, Promover la generación de ingresos a través de actividades lícitas y el acceso a los servicios básicos (educación, agua potable, salud), favorecer la soberanía alimentaria y nutricional y mejorar la infraestructura productiva y de vías para la comercialización y la comunicación. Todo ello integrado en una escuela sana de liderazgo campesino.

Una propuesta integral como esa demanda voluntad política, compromiso de financiación y buena capacidad de gestión y articulación institucional entre actores y las temáticas involucradas: Gobierno, Gobernaciones, Municipios, Organismos Internacionales, Universidades, otros programas y proyectos, empresa privada, ONG`s, etc. Desde todos los Ministerios, con un papel protagónico a jugar desde Agricultura y Desarrollo Rural por varios componentes vitales, como desarrollo agropecuario, financiación, legalización de tierras, riego y de manera integral desde todas sus ramas y dependencias adscritas como el Banco Agrario, FINAGRO ó el INCODER.

Esta estrategia requiere de dedicación y acompañamiento decidido en campo y funcionalidad operativa para su puesta en marcha. Cuestiones de reorientación productiva, organización comunitaria, y comercialización necesitan de espacios y tiempo, empeño, gestión de procesos y apoyos decididos, imprescindibles estos para impulsar la venta de la producción. El tránsito a una cultura y economía fundamentada en la legalidad también requiere urgente establecer procesos firmes y exhaustivos de educación y participación ciudadana y se necesitan años para lograr verdaderos cambios de mentalidad en estas comunidades tan desarticuladas, a quienes es justo y necesario cumplir a cabalidad.

Ante un programa amable y honesto que aborde las problemáticas campesinas, la receptividad, participación y el entusiasmo de los incrédulos campesinos está asegurado. Con el empoderamiento técnico productivo de los destinatarios, la mejora en la seguridad y convivencia, incentivos a la comercialización y la estabilización de ingresos, los impactos serán invaluables; recuperación de ciudadanía social y productiva a aportar a la nación cuando anteriormente vivían a espaldas del Estado.

Ahora que después de 50 años, el fin del conflicto armado con las FARC parece estar cerca, se juega mucho el país en la vigente discusión del punto 4, donde se podría acordar el comienzo del fin de este flagelo. Bien sabemos que no habrá Paz mientras viva el narcotráfico. Desde luego, la revisión de la nefasta política nacional anti drogas y el fin de las fumigaciones aéreas no pueden escapar a un acuerdo que puede anhelar más. La gran baza está sobre la mesa y ha sido avalada por muchos dentro y fuera de la academia, desde diferentes visiones políticas, me refiero a un acuerdo que emprenda la ruta hacia la Legalización regulada. Esta decisión que sale de sus fronteras, no es fácil pero tiene perspectiva lógica y legal. Colombia, que sigue poniendo muchos muertos y sufrimiento, tiene autoridad moral para liderar este necesario proceso de reforma de la caduca Convención Única de 1961. Las dos partes saben que esa decisión generará mucha polémica, resistencias y sangre, pero deben persuadir al mundo para que desde UNGASS 2016 la comunidad internacional tome ese camino legalista. Las Farc tienen mucho que aportar y legitimidad a recuperar si se compromete decididamente con el fin de esta lacra que inunda la mayor parte de los territorios donde llega su influencia. El Gobierno y la fuerzas de seguridad del estado también. A las puertas del 2014, no me creo que con una decisión firme de las partes, el nivel tecnológico a disposición de los servicios de inteligencia y apoyos claros desde los EEUU y UE no se pueda acorralar y desentrañar este mal endémico.

El fin del narcotráfico no se puede limitar a sustituir todos los cultivos y acabar con todas las matas de la hoja sagrada, cosa que las partes podrían acordar incluso a hacerlo conjuntamente. Si no se atacan sus oscuras estructuras y sus cabezas viven, sus tentáculos moverán para comprar o eliminar a quien sea necesario, seguir deforestando bosque y conseguir mas hoja. Se debe enfrentar al monstruo con toda la determinación política y jurídica y apoyo multilateral, desde todos los frentes y ángulos, y a todas sus redes, política, económica y militarmente, a sus lavados de activos y testaferros, rutas y aliados de cuello blanco, proveedores de insumos y precursores químicos.

Más sin embargo, este frente común contra el narcotráfico necesita también depurar normas ético – morales cuestionables pero con plena vigencia social. La construcción de ciudadanía requiere paz, equidad, justicia y respetar los derechos humanos, ningún proceso de ́supuesto cambio hacia formas estables de democracia y cultura de la legalidad será sostenible sin esas premisas.
Triste ironía que la ancestral y sagrada hoja de coca, pletórica en calcio, aminoácidos, vitaminas y otros minerales, valores medicinales y alimenticios desvelados por la Universidad de Harvard desde los años 60, no pueda desarrollar localmente su incipiente papel que sin duda habrá de jugar en la solución de la desnutrición mundial. Sin embargo, con la legalización de los mercados de las drogas, se abre una oportunidad productiva incuestionable para que Colombia produzca y exporte al mundo no solo cocaína, opio y cannabis en un mercado de drogas totalmente regularizado sino también consuma y venda su hasta hoy satanizada pero bendita, hoja de coca. Con procesados de alto valor agregado como harinas, mates, vinos, caramelos, cosméticos, y una larga lista de productos que de hecho ya se producen en la región andina y en los mismos Estados Unidos. La agroindustria de la coca es una alternativa real que puede generar espacios para dignificar la hoja y el trabajo de estos sufridos campesinos.