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El desplazamiento forzado en el país
Brian Alvarado Pino / Viernes 7 de diciembre de 2007
 

¿Qué pasa con el estado y sus políticas?

Realmente el país tomó conciencia de la gravedad del problema del desplazamiento hace muy poco, aun cuando desde casi 1985 hasta nuestros días las cifras de personas desplazadas ha llegado aproximadamente a los cuatro millones.

Sin embargo, ningún gobierno en el poder ha tomado de verdad las riendas del asunto, aunque sí es de alguna manera importante ciertos avances en cuestión de políticas públicas, lo cual no significa la eficacia de las mismas.

El recrudecimiento del conflicto social y armado interno del país desde mediados de la década del 80 ha sido vital para que el fenómeno del desplazamiento se acreciente cada vez más. Sin embargo no ha habido período más crítico respecto a esta cuestión que el del señor Álvaro Uribe Vélez. Desde su posesión, en el año 2002, cuando su política (de “seguridad democrática”) se ve netamente dirigida a lo militar, dicho problema se ha hecho notar más que nunca. Las ciudades y departamentos principales del país, sobre todo Bogotá y sus municipios aledaños, han sido inundados por miles y miles de personas que huyen de la guerra. Mientras tanto, las políticas públicas, que podrían de otra forma, regular o aliviar el problema, son totalmente pasivas e insuficientes. Si no fuera por las agencias de cooperación y diferentes organizaciones no gubernamentales, el tratamiento del desplazamiento sería aún más precario y limitado. Y es precisamente en este tipo de organizaciones en las cuales el Gobierno Nacional ha dejado una tarea que solamente le pertenece a él por su ineficacia para manejar el conflicto respecto a los fenómenos humanitarios y sociales, que son en últimas los más afectados.

En materia legislativa existe la Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. En esta ley se especifica claramente a quién se considera como desplazado y el procedimiento legal y jurídico para su reconocimiento, y para que posteriormente sea ayudado por el mismo estado. Sin embargo, aun cuando esta ley existe, su aplicación ha sido evidentemente precaria y limitada, ya que no se ha logrado ni prevenir ni atender adecuadamente este fenómeno. Además, el Gobierno Nacional, con su política de guerra, lo que hace es incumplir uno de los porqués de la ley, en la medida en que no ha prevenido, sino incentivado el desplazamiento forzado.

El desplazamiento forzado y los actores armados

Para nadie es un secreto que el desplazamiento forzado de las personas en el país es causado, única y exclusivamente, por el conflicto social y armado que vive Colombia. Sea cual sea el actor armado responsable —paramilitares, guerrillas (FARC-EP o ELN) o la fuerza pública—, todos tienen un grado de culpabilidad, directa o indirecta, que deben aceptar, independientemente de ideologías o de cualquier otra cosa.

Los campos de Colombia han sido por “excelencia” y tradición los lugares de enfrentamiento de estos grupos armados, por lo cual la sociedad civil que habita allí vive en una zozobra constante y muchas veces se ve obligada a salir corriendo, ya sea por amenazas, porque han sufrido el homicidio de algún —o algunos— seres queridos o porque simplemente su calidad de vida es precaria e inaguantable.

Sin embargo, los territorios en los cuales se vive más crudamente el conflicto no son cualquier lugar. Es de notable importancia darnos cuenta que dichos territorios son estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural del país, y que por tal razón no son sólo los actores armados quienes confluyen allí; indirectamente entes privados, con la ayuda del gobierno o de grupos paramilitares, obligan a los pobladores a salir de estos lugares en beneficio de su interés propio.

Y es por esto que de un tiempo para acá se ha visto en el país una explosión de megaproyectos que aprovechan los recursos físicos y naturales del país, pero lo que no se hace saber es que por esos megaproyectos muchos grupos étnicos y de campesinos se han visto forzados a abandonar esos territorios para darle paso a la empresa privada y a sus individualistas intereses.

Grupos étnicos y de campesinos

El desplazamiento forzado en Colombia no sólo se da de forma individual o de una o dos familias en particular. Es decir, el problema tiene una magnitud mucho más grande. Se desplaza en gran medida a comunidades enteras de personas, que pueden llegar hasta miles y miles de un mismo territorio, y con ello se fractura e interrumpe cualquier proceso organizativo que se haya adelantado en dichas comunidades en pro del bienestar de las personas y de la garantía de los derechos humanos.

Se podría decir que hay departamentos más vulnerables que otros en cuestión de este fenómeno, pero históricamente cualquier departamento en el país ha sido afectado por este flagelo, y por ello no se puede reducir a simples cifras.

Los movimientos sociales en Colombia han sido mermados o simplemente destruidos por el flagelo de la guerra, desplazando a sus miembros de sus territorios. En los últimos años, desde el 2000, se ha acrecentado más y más el éxodo de personas hacia las ciudades. ¿Y por qué este período ha sido tan marcado por el desplazamiento? Pues porque es precisamente desde ese año, o más exactamente desde el 2002, que las políticas de estado han sido funcionales al desplazamiento. Este gobierno – el de Uribe- ha privilegiado de forma absurda a lo militar y al desarrollo económico privado, adjudicando megaproyectos a megaindustrias en deterioro de las comunidades indígenas y campesinas. Y de esto hay muchos testimonios como la masacre y desplazamiento de grupos étnicos como: los wayúu, los embera, los nasa y muchos más que han visto vulnerados sus derechos con la irrupción de grupos armados en pro de la empresa privada.

Más allá de cuestiones políticas, económicas y de las cifras

Es indudable la importancia y el impacto social que produce el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, y más grave aún la situación de la mujer en éste, aunque sin importar su sexo, raza, credo o cultura está situación afecta a cualquier persona de una manera preocupante.

Pero es preocupante la situación de las mujeres porque en gran medida son ellas quienes más sufren este flagelo, y no es que los hombres y niños no lo sufran de la misma forma, sólo que a la mujer desplazada asisten muchos cambios y traumas de especial importancia para la sociedad, para el núcleo familiar en especial y, obviamente, para ellas mismas.

La mujer campesina, indígena, afrocolombiana, o cualquiera sea su identidad cultural o étnica, en situación de desplazamiento, llega principalmente a los principales corredores urbanos del país, aunque a veces también a poblaciones donde creen que pueden empezar una nueva vida, no sólo con el drama de haberse despojado de lo que algún día tuvieron, sino con una gran carga emocional y social. Pasaron de ser las madres que cuidaban de sus hijos mientras ellos jugaban, hacían sus tareas o dormían, a ser madres que sólo les preocupa ya que sus hijos puedan comer el día de hoy porque no tienen cómo sostenerse, de ser esposas que amaban y apoyaban a sus maridos en algunos oficios de la vida diaria campesina a compartir con ellos la zozobra de no tener un techo dónde vivir ni unas tierras dónde cultivar, de ser amigas, vecinas amas de casa que se preocupaban porque su familia y comunidad estuviera unida.

Cuando la mujer desplazada ve que su vida anterior se desmoronó en cuestión de días o segundos se encuentra con que tiene que enfrentar un nuevo rol en la sociedad. Llega a la ciudad muchas veces sola con sus hijos, porque su compañero ha muerto o ha desaparecido víctima del conflicto armado, o con una familia que se ha desarraigado enteramente de su pasado y se enfrenta con el dilema de ya no ser más una mujer que sólo se ocupaba de su casa y de quehaceres domésticos, sino que tiene que trabajar duramente para lograr reconstruir su tejido social a la par de su esposo, quien antes era sólo él quien se ocupaba, en su gran mayoría, de ese tipo de asuntos. En ese momento, la mujer desplazada se ve obligada a reconfigurar su labor y muchas veces por esta razón el núcleo familiar se ve fragmentado.

Las cifras de diferente tipo de organizaciones, gubernamentales o no, demuestran que la mujer desplazada puede enrolarse “más fácilmente” a los nuevos cambios de vida que enfrenta, aunque las labores que desempeña como nueva habitante de la ciudad son casi siempre, o en su gran mayoría, como empleadas del servicio doméstico o similares. El que puedan enrolarse “más fácilmente” a estas nuevas condiciones no quiere decir que el proceso no sea traumático. Los hombres, en cambio, en su gran generalidad, acostumbrados sólo a las labores de la vida agraria, son más propensos a engrosar las filas de desempleados del país, desgraciadamente porque la vida urbana les exige un perfil diferente al que ellos puedan tener.

La mujer campesina, indígena o afrocolombiana que se ve obligada a desplazarse por el conflicto armado del país y enfrentada a esos nuevos retos que le impone la ciudad, reconfigura su rol en la familia, porque ya no son más esas personas “pasivas” en la comunidad, sino que muchas veces son ellas las que mantienen socioeconómicamente a su núcleo familiar o contribuyen a la par con ello junto con su compañero. Sea cual sea la situación la mujer desplazada, es ahora una persona que tiene que enfrentar cambios radicales, y de esta forma su identidad se ve modificada.

¿Por qué? Pues porque todas estas mujeres en sus comunidades no pasaban de ser simples amas de casa y madres, lo cual no es completamente malo, pero la mujer desplazada evidencia sus problemas de falta de oportunidades y de inequidad cuando se ve avocada a enfrentar cuestiones de liderazgo. Es decir, una mujer que siempre había estado relegada a labores domésticas, y de alguna u otra manera, bajo un régimen patriarcal, donde el hombre es quien lleva enteramente las riendas, cuando llega a las grandes urbes y se da cuenta que su compañero ya no puede sólo con la familia, o ya simplemente no está él a su lado, pues ve la necesidad de involucrarse en un proceso de reconocimiento como persona con iguales y diversas capacidades, con las cuales cuenta para sacar adelante su familia, y sin embargo se da cuenta también que el mundo exige perfiles con los que, quizá, ella no cuenta porque en su comunidad no había espacio a la formación de liderazgo femenino.

No obstante, existen en el sistema legal y político las herramientas para hacer valer sus derechos, para hacer valer su igualdad de género frente a la vida y la sociedad.