En el primer día de la reanudación de los diálogos del Catatumbo en la Gobernación de Norte de Santander, los voceros de los campesinos de esta zona —que el año pasado protagonizaron un paro y bloqueo de vías por 53 días— dejaron claro que el Gobierno será objeto de una medición política por parte de esta y otras agremiaciones campesinas del país.

Tal evaluación consistirá básicamente en la respuesta que los representantes del Estado en esta mesa den sobre temas como la declaración de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la primera semana de marzo, días que se estipularon como plazo máximo en solo en este punto.

Esto, sumado a lo que se alcance a acordar en el tema de garantías de seguridad para los participantes de la mesa, también influirán en la decisión que se tome en Bogotá, en la Cumbre Agraria que preparan las 180 mesas y asociaciones campesinas del país.

Aunque este encuentro de voceros se había estipulado para el 22, 23 y 24 de febrero, quedó aplazado para los días 16, 17 y 18 de marzo.

César Jerez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y coordinador de las Zonas de Reserva Campesina del país, afirmó ayer que en este encuentro se decidiría si se desata otro paro campesino en el país.

Así le dieron apertura los voceros de los campesinos a los acercamientos con el Gobierno, en el que se refirieron a los más recientes ataques a los líderes y a otros labriegos, entre los que resaltaron muertes, hostigamientos e impunidad.

Ni un juicio por los asesinatos

Juan Carlos Quintero, vicepresidente de Ascamcat, dijo que las preocupaciones en esta mesa radican en que han pasado 8 meses tras la muerte de cuatro de los manifestantes que hicieron parte de los bloqueos en Ocaña, además de los crímenes de otras dos personas que hacían parte de esta asociación y de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) del Catatumbo.

“Estos cuatro mártires campesinos cayeron por balas provenientes de armas como las que ese día disparó la Policía y el Ejército, pero después de más de medio año no se ha iniciado ni un solo juicio contra sus asesinos y oficiales como Marcolino Tamayo (general del Ejército) o Rodolfo Palomino (director de la Policía), siguen en sus puestos de mando o han sido promovidos a cargos de mayor rango”.

Por lo que pidió a la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección resolver los asesinatos.

César Jerez añadió que otras de las provocaciones también se asoman en el proceso, al señalar que hay intenciones del Ministerio de Defensa de reanudar las fumigaciones de cultivos de coca en el Catatumbo.

De ocurrir esto, se podrían generar más dilaciones en los acercamientos en la mesa.

Fortalecer investigaciones

Al final de la jornada los líderes campesinos y los funcionarios del Gobierno acordaron sacar adelante los compromisos pactados desde el año pasado en pro de la región, de la paz y el desarrollo del Catatumbo.

También reafirmaron la ejecución de la estrategia poserradicación y fase inicial del proceso de sustitución y desarrollo alternativo, que cobijará a 400 hogares del Catatumbo por 12 mil millones de pesos. Este proceso será liderado por el Departamento para la Prosperidad Social y los campesinos.

El Gobierno señaló que uno de sus objetivos es que se fortalezcan las investigaciones por los asesinatos de miembros de la base social de la Asociación Campesina del Catatumbo, así como el compromiso de brindar más garantías de seguridad a sus miembros que han sido objeto de alguna amenaza y hostigamiento.