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Allanamientos ilegales y capturas masivas denuncian campesinos del Huila
El ejército sigue usando testigos a sueldo para construir montajes judiciales contra el campesinado organizado
 

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH), se permite informar a la opinión pública nacional e internacional, los siguientes hechos reflejados en allanamiento ilegal en zona rural de la Vereda Pradera del corregimiento Aipecito del municipio de Neiva.

HECHOS

EL día 22 de febrero del 2014 se presenta el atropello contra la señora María Liney Sabogal Rodríguez, socia y miembro activa de la junta de acción comunal de la Vereda Pradera, fue víctima de un allanamiento por parte de la SIJIN, fiscalía 41 y Ejercito Nacional en donde procedieron a la vivienda sin una orden judicial.

Sobre la acusación de un desmovilizado quien afirmo que en la vivienda y en predios de su finca se hallaba enterrada una caleta. La junta de acción comunal interviene y hace una valoración sobre el terreno mencionado no encontrándose ningún elemento o caleta denunciada. Por lo anteriormente relatado, LA Secretaría de Derechos Humanos de la ATC-H rechaza estos atropellos de la fuerza pública violando el derecho internacional humanitario.

La continuidad en la ejecución de las capturas masivas sobre campesinos y campesinas que viven en zonas de fuerte presencia de actores armados como el Ejército Nacional y la Insurgencia y que bajo frágiles montajes judiciales buscan romper el tejido social de las comunidades que se organizan para exigir garantías de vida digna en el campo, debido a la inasistencia sistemática del estado en atención en derechos a la salud, educación, vías entre otros, estos hechos hacen que esta población se vea afectada dejando familias abandonadas y desplazadas, llenando las cárceles de campesinos inocentes.

De ésta misma forma exigimos al estado colombiano la NO UTILIZACIÓN del cartel de testigos supuestamente desmovilizados, que buscando prebendas de tipo penal y monetario señalan a líderes campesinos y habitantes de zonas agrarias de ser parte de la insurgencia.

Exigimos también a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN garantías en el desarrollo de ésta investigación abierta contra dirigentes sociales trabajadores del campo y protección a los derechos a la vida, integridad física y derechos de los campesinos vinculados a ésta investigaciones.