Gracias a la iniciativa de la Asociación Campesina del Catatumbo, y luego de llevar a cabo la primera comisión de verificación del 9 al 12 de agosto de 2007, en los corregimientos de San Juancito, La Trinidad y Honduras, y con ésta haber constatado la grave situación de violación a los derechos humanos por parte de las Brigadas Móvil No. 15 y 30 que actúan en la región, se vio la necesidad de realizar el seguimiento de dicho escenario que afecta a los campesinos de la zona, cuestión que llevó a convocar a varias organizaciones sociales e instituciones del estado a participar del 6 al 11 de julio en la segunda comisión de verificación y seguimiento a los derechos humanos en la región del Catatumbo.

Es preciso aclarar que ninguna de las instituciones del estado ni autoridades militares convocadas, con excepción de la Vicepresidencia de la República, hizo parte de la comisión, lo que en últimas evidencia el desinterés por parte de éstas ante la compleja situación de derechos humanos que vive la región. Pese a esto, la comisión se llevó a cabo con gran éxito y contó con la participación de organizaciones sociales de orden regional, nacional e internacional, tales como el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Planeta Paz, Compromiso, Codhes, Agencia Prensa Rural, Observatorio Internacional de Paz y Brigadas Internacionales de Paz.

En esta oportunidad la comisión recorrió el corregimiento de Santa Inés del municipio de El Carmen, donde participaron 100 campesinos provenientes de las veredas Mil Pesos, Pajitas, Paraíso, Llanos de Belén, La Camorra, Aguacatillo, San Francisco, Las Minas, Vegas de Aguilar, Planadas, Las Pailas y Curales.

El segundo punto de la verificación fue el corregimiento de La Trinidad, perteneciente al municipio de Convención, en el que participaron alrededor de 70 personas de las veredas La Fría, Las Palmas, Guasiles Norte, Llanos de Belén, La Libertad, Boquerón, Los Trabajos, las Delicias, Villa Nueva, Guasiles Sur y Maicito del corregimiento Las Pitas.

El tercer punto del recorrido fue el corregimiento de San Juancito del municipio de Teorama, en el que asistieron 50 personas de las veredas San Juancito, Marquetalia, Guasiles Sur, Tiradera, Nueva Colombia y Costa Rica.

Por último, en el corregimiento La Campana, que hace parte del municipio de El Tarra, participaron 100 campesinos de las veredas La Unión, San Miguelito, Palmas de Vino, El Paso, El Rosal, Torcoroma, San José de Vegas, El Salado, Las Torres y El Diamante.

En las jornadas con la comunidad no sólo se recibieron las denuncias sobre la crítica situación que viven los pobladores de esta zona, sino que también se realizaron talleres de derechos humanos, en los que se les brindaron las herramientas a los campesinos para la exigencia de sus derechos a través de los mecanismos legales y a partir de la organización comunitaria.

Los pobladores denunciaron ante la comisión de verificación los atropellos cometidos por la fuerza pública, como son las ejecuciones extrajudiciales, que en lo que va corrido del año ya ha cobrado la vida de varios campesinos, además de empadronamientos ilegales, masacres, detenciones arbitrarias, señalamientos por parte de reinsertados, violación del principio de no vinculación de civiles al conflicto, desplazamiento forzoso, bombardeos, confinamiento, abigeato, allanamientos ilegales y cobro ilegal de impuestos, entre otros.

Por último, el viernes 11 de julio de 2008, se realizó en Cúcuta una rueda de prensa donde participaron varios medios radiales, televisivos y escritos de índole nacional y regional, donde se presentó el comunicado de las organizaciones participantes de la comisión de verificación en el cual se da un balance del recorrido y se verifica que el Ejército Nacional, con sus Brigadas Móviles 15 y 30, sigue siendo el principal violador de los derechos humanos en esta zona; así mismo, la implementación de políticas enmarcadas dentro de la “seguridad democrática” y Plan Colombia, como lo son las fumigaciones indiscriminadas, siguen afectando la soberanía alimentaria del pueblo catatumbero.

Ante la ausencia de las instituciones estatales en la comisión de verificación, las organizaciones participantes elevarán las denuncias ante las autoridades competentes para que de oficio inicien las investigaciones de rigor.