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La mano que firma
William Ospina / Domingo 23 de marzo de 2014
 
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Foto: PresidenciaGVA via photopin cc

Todos sabemos que el alcalde Gustavo Petro no ha cometido ningún crimen. Es posible que haya incurrido en un error administrativo, que corrigió en tres días, y a eso tiene derecho todo gobernante.

Todos sabemos de qué manera se ha esforzado por combatir la corrupción, el peor de los males de la administración en Colombia, y por intentar, dentro de los cauces de la ley, cambiar cosas en una sociedad de privilegios e injusticias. Ahora que lo han destituido, y que él civilmente ha acatado la sanción injusta, no dejarán de ensañarse con él y de tratar de sacarle en clave shakespereana su tajada de carne.

Todos sabemos que el procurador, en esta y en otras ocasiones, se ha mostrado más como un inquisidor que como un celoso defensor de la institucionalidad. La prensa ha demostrado que sus atribuciones son excesivas y que él, contrariando el espíritu de las leyes, aprovecha esa largueza de la ley positiva para montar un tribunal de dogmas y arbitrariedades.

Si le importara tanto la estabilidad institucional, como dice, no habría sometido a la ciudad a una crisis como la que acaba de vivir, destituyendo e inhabilitando a un alcalde honesto, indignando a la ciudadanía, poniendo en jaque a la administración y abusando de unas atribuciones que él mismo debe saber que son excesivas y antidemocráticas.

Para que la historia lo recuerde, ese mismo funcionario tan inflexible, que destituye e inhabilita a un alcalde de izquierda por un tropiezo administrativo, ha dejado pasar sin sanciones ni inhabilitaciones de ninguna índole la pérdida de buena parte del mar territorial de Colombia en el Caribe.

¿A qué juegan estos celosos defensores de la ley y de la institucionalidad? ¿Qué democracia es esta? ¿Quién juzga a los juzgadores, quien destituye a los que destituyen, quien inhabilita a los que tan profusamente se regodean en inhabilitar a los demás?

Los hechos son como mapas de los momentos históricos de una sociedad. En las semanas recientes Colombia ha hecho lo posible por demostrarse a sí misma en qué clase de sociedad se ha convertido. Jugamos a no darnos cuenta, pero ahí están día tras día las evidencias: una democracia en la que apenas vota un poco más del 40 por ciento del electorado, en la que un millón y medio de votantes ni siquiera entiende la mecánica de la elección, en la que casi un millón de personas vota en blanco y en la que más de la mitad de los electores son manipulados por gamonales y por toda clase de presiones locales.

Un expresidente varias veces reelegido para cargos públicos ha dicho que las elecciones son ilegítimas sólo porque a él le escamotearon 250.000 votos, pero lo que en verdad es ilegítimo es el sistema electoral colombiano. Además de la compra de votos y del manejo de clientelas, hay muchos instrumentos para negar en la práctica lo que la democracia promete. Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro e incontables militantes de izquierda lo supieron. Y hoy Aída Avella, Piedad Córdoba y Gustavo Petro saben que en nuestra “alambrada de garantías hostiles”, como alguien la llamó hace mucho, funcionan y se articulan las balas, el exilio, el umbral y la destitución e inhabilitación por muchos años de los elegidos.

Mientras los medios de comunicación en nuestro país se movilizaban con alarma para denunciar los desórdenes en la sociedad venezolana, que han provocado ya más de 30 muertos en las calles, y la grave inseguridad en el vecino país, no ponían el mismo celo ni el mismo énfasis en informarnos sobre los descuartizamientos sistemáticos en Buenaventura o la situación de terrible violencia callejera que padecemos.

Pero las sociedades reaccionan: esta semana el diario El Tiempo ha mostrado una radiografía escandalosa de la situación en Cali, donde el índice de asesinatos llega ya a 85 por cada cien mil habitantes, tal vez la cifra más alta del globo. Leyéndola, volví a sentir la desesperación que sentía de niño ante las atrocidades de la violencia en Colombia.

Juan Manuel Santos está tratando de abrirle paso a un proceso de paz con la guerrilla de las Farc desde hace dos años, y todos sabemos cuán urgente y cuán indispensable es terminar ese conflicto de 50 años, que consume vidas y recursos sin fin, y bajo cuya sombra alienta todo el desorden de nuestra sociedad. Pero ese mismo presidente pacificador ¿cómo podrá garantizarles a los que hoy persisten en la guerra y en la desconfianza unos derechos que acaba de negarle a un desmovilizado que obró lealmente, que no cometió ningún crimen, ante los ojos atónitos de una comunidad inconforme y cerrándole la puerta en la cara a la justicia internacional? Me temo que nada de lo que firme con sus adversarios tendrá ya credibilidad, ni a los ojos de la comunidad colombiana ni a los ojos de la comunidad hemisférica.

Colombia se está convirtiendo en un país cuyos presidentes prometen públicamente acatar las sentencias de la justicia internacional y se burlan de los tratados en cuanto esas sentencias se muestran adversas.

La paz es mucho más que una firma en un papel, pero la firma tiene que ser creíble, y al parecer aquí hace tiempo que el cálculo político dejó por fuera los principios. Se llama a la paz a los que hacen la guerra, pero se destituye y se inhabilita a quienes lealmente se esfuerzan por construir una Colombia distinta. Con la misma mano con que Juan Manuel Santos firmó la destitución del alcalde Gustavo Petro, negando las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es posible que se haya destituido a sí mismo como artífice de la paz en Colombia.