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Cumbre Agraria
Juntos en el pliego
Voceros de la Cumbre Agraria presentan pliego de peticiones al gobierno nacional
Hernán Camacho / Domingo 6 de abril de 2014
 
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Voceros de organizaciones campesinas que acuden a la Cumbre Agraria esperan respuesta del gobierno nacional. Foto Jorge Acuña.

La pasada Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, realizada en Bogotá, reunió a 30 mil campesinos de todo el país para debatir sobre el campo colombiano y sus soluciones. La Cumbre dejó una llama encendida de lo que denominan el segundo tiempo del paro campesino y un pliego único de peticiones al gobierno. Una propuesta en la que convergen muchas visiones sectoriales de país.

A pesar del impulso del gobierno de Juan Manuel Santos por configurar su Pacto Agrario, un escenario para los dirigentes de los distintos sectores del agro y un buen número de gobernantes departamentales y locales, no es posible canalizar por esa vía la inconformidad social que está por reventar de no acceder a las soluciones planteadas por los campesinos en las mesas de negociación que se instalaron el pasado año a lo largo y ancho del país.

La rebelión de las ruanas, ponchos y bastones no solo tiene un contenido reivindicativo respecto a la tierra, también se habla de la necesidad de generar las condiciones para una paz estable y duradera desde el campo colombiano.

Tierras y territorios

En un documento de ocho puntos se desarrolla la propuesta que encabeza el tema de tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial: “El país necesita un proceso de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se administra el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias”.

A ese respecto, el campesinado agrupado en la Cumbre le exige al gobierno nacional que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a “las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya las distinciones étnicas, regionales y productivas”.

Para ello se apela a las figuras colectivas como territorios afrocolombianos o las zonas de reserva campesina, que cobrarían vital importancia. Pero no solamente es la defensa del territorio, la solución campesina resulta más integral; la construcción de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados complementaría la propuesta.

Pero los campesinos van más a fondo. Iniciar un proceso de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros, un procedimiento de la consulta previa para comunidades campesinas o la declaración de nulidad de las compras masivas de tierras que han hecho las empresas violando la ley 160 de 1994, para ser dueños de Unidades Agrícolas Familiares cuando no tienen el derecho, o la devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino resultan ser las peticiones que deberá atender el gobierno nacional.

Economía campesina y nacional

En cuanto a economía, los delegados a la Cumbre señalaron que el avance y profundización del modelo neoliberal es la causa fundamental de pobreza e inequidad del campo, la producción de riqueza para el gran capital atenta contra el bienestar y la producción de las comunidades.

La soberanía alimentaria está en juego. “Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro”, dicen los campesinos.

Una de las propuestas que llama la atención es la condonación de deudas, además del retiro de embargos a tierras y propiedades adquiridas a través del sistema financiero, y acceso al crédito agropecuario cuyas tasas son determinadas por la lógica de mercado. La Cumbre propone sustraer esos créditos de las tasas de usura planteadas por la banca central e integrarlas a un programa especial de crédito. “Es una especie de tratamiento diferencial por el significado de la tierra y la producción de ésta en la economía nacional. Un campesino no es un banquero”, le dijo a VOZ uno de los líderes de la Cumbre.

Contra el TLC

Pero sin duda, lo fundamental para la economía campesina son los tratados de libre comercio. “No queda otro camino que el de la abolición de esos acuerdos comerciales”, manifestó un vocero afro en una de las mesas de trabajo. La disertación arrojó la petición en concreto: “El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional”.

Como consecuencia de lo anterior, la Cumbre exige un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, con un acento particular a los sectores más golpeados por la apertura económica. Casos como el del arroz o el café que hoy, en Colombia, se producen a pérdida, deberán estar cobijados por subsidios ofrecidos por el propio Estado en cabeza del Ministerio de Agricultura. “De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas y afros”.

No a la minería

El tercer punto en el petitorio unificado se refiere a la minería, energía y ruralidad. Los campesinos alegan que gracias a la concesión del territorio nacional el saqueo de los recursos naturales tiene fuertes impactos a la vida, la biodiversidad en beneficio exclusivo de las transnacionales. Un modelo económico extractivista está dejando “solo perdidas”.

Un nuevo modelo minero energético basado en la soberanía nacional, junto al aprovechamiento planificado y tecnológico le traería verdaderos beneficios al país. Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales, que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, y suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades, fueron las peticiones.

Otro de los aspectos presentados por los voceros de la Cumbre al gobierno nacional fue el tratamiento al problema de las drogas denominadas ilícitas. La petición en concreto es la elaboración de un programa de sustitución social, gradual y estructural, ambiental favorable, generando así una fuente alternativa de ingresos capaz de suplir los ingresos a la economía campesina del sembrado de cultivos ilícitos como la coca o la marihuana. Rechazaron la criminalización del eslabón más débil de la cadena del narcotráfico: el cultivador.

Garantías a la protesta

Un acápite especial del pliego unificado de los campesinos se denomina: Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. A ese respecto las comunidades reclaman el alto número de violaciones de derechos humanos a cargo de las autoridades gubernamentales que van desde una simple detención ilegal hasta los falsos positivos en las regiones de mayor conflictividad. “La falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz”, subraya el documento.

Y es que organizaciones como Marcha Patriótica, que tiene una ascendencia campesina importante, han denunciado de manera reiterada la sistemática persecución, al punto que deja a dos miembros de su dirección enfrentando procesos judiciales. Eso mismo sucedió con la Asociación del Valle del Rio Cimitarra, ACVC, cuya junta directiva en pleno también fue asociada a delitos de rebelión, justamente por llevar la batuta de la organización campesina en el nororiente colombiano.

Aun cuando no han señalado la hora cero para continuar el paro agrario nacional, ya se escuchan voces que señalan la incapacidad del gobierno nacional para cumplir o comprometerse con una solución, lo cual precipitaría que los campesinos, indígenas y afros vuelvan a tomarse las carreteras y reclamar atención, diálogo y soluciones.