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Bolivia se prepara para el referendo
Agencia Prensa Rural / Lunes 4 de agosto de 2008
 
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Umpierrez

En estos días, Bolivia vive un tiempo de gran agitación ya que para el próximo 10 de agosto está programado el referendo revocatorio que decidirá mediante el voto universal, directo, libre y secreto la continuidad o no del mandato del presidente y el vicepresidente de la República y de los prefectos de los ocho departamentos. Para el caso de Chuquisaca no se llevará a cabo el referendo revocatorio de mandato popular porque la autoridad departamental fue elegida el pasado 29 de julio.

Ésta será la primera vez en la historia de la democracia boliviana que el pueblo boliviano participará en un referéndum revocatorio de mandato popular.

Para el año 2004, con la reforma política constitucional del estado, se introdujo en Bolivia la figura del referendo como un mecanismo que permite la participación directa de los ciudadanos en las decisiones sobre asuntos relevantes para el país. La primera consulta popular nacional se realizó ese mismo año en el mes de julio, cuando se sometieron a voto cinco preguntas referidas a la política de hidrocarburos. Los resultados de este fueron la base para la redacción de la nueva Ley de Hidrocarburos. La segunda experiencia nacional fue el referendo sobre las autonomías departamentales realizado en julio de 2006.

Este referendo revocatorio tiene como marco legal la Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular No 3850, aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por el presidente de la República el 12 de mayo de 2008.

Para la realización de la votación se ha creado una sola papeleta dividida en dos franjas horizontales. La franja superior contendrá la pregunta sobre el referendo revocatorio de mandato popular nacional (continuidad o no de los mandatos del presidente y el vicepresidente de la República). La franja inferior contendrá la pregunta sobre el referendo revocatorio de mandato popular departamental (continuidad o no del mandato del prefecto de departamento). En cada franja figurará la pregunta respectiva y dos casillas rectangulares para que el votante marque la elección de su preferencia. Las preguntas respectivas serán las siguientes: “¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?” y “¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del prefecto del departamento?”.

Las autoridades que no sean revocadas, según los porcentajes y números absolutos de votos establecidos en la Ley de Referendo (50% más uno), continuarán sus funciones y terminarán su periodo constitucional para el cual fueron electas. Si el presidente y el vicepresidente de la República fueran revocados de su mandato popular, el presidente convocará de inmediato a elecciones generales para el nuevo periodo constitucional. Las mismas se realizarán en un plazo de 90 a 180 días desde la emisión del cómputo oficial por la Corte Nacional Electoral. Los prefectos que fueran revocados de su mandato popular cesarán en sus funciones, el cargo será declarado vacante y conforme dispone la Constitución Política Nacional del Estado, el presidente de la República designará a un prefecto que ejercerá funciones hasta que se designe el nuevo prefecto como resultado del proceso electoral correspondiente.

Es de tener en cuenta que el código electoral establece nueve cortes departamentales electorales que funciona en las capitales de los diferentes departamentos de Bolivia, lo cual hace que el proceso se dificulte ya que las diferentes cortes departamentales deben ponerse de acuerdo con la realización del plebiscito revocatorio. El jueves 31 de julio se definió el mecanismo de lectura que fija la revocatoria de los prefectos con el 50% más uno del voto, ya los prefectos serán revocados con porcentajes y votos superiores a los que obtuvieron para llegar al poder, y ninguno alcanzó el 50% del respaldo. El presidente, de acuerdo a las reglas del revocatorio, será revocado con más del 53,7% de los votos válidos.

Sin embargo, algunas cortes departamentales como la de Oruro y Santa Cruz no han estado de acuerdo con el trabajo que ha realizado la Corte Nacional Electoral, a lo cual el gobierno ha respondido que efectuará sanciones judiciales por el desacato. En este caso, como es un referendo nacional convocado por el Ejecutivo, no es posible la no participación. Otra medida adoptada por la CNE es el mecanismo de lectura de resultados con principio de igualdad.

Legislación sobre jubilaciones

Seguido a esto, se han realizado varias movilizaciones y bloqueos por diferentes lugares del país dirigidas por la Central Obrera Boliviana (COB), la cual exige al poder legislativo que apruebe su proyecto de ley de pensiones en reemplazo de la Ley 1732 vigente. La COB propone un proyecto por el cual se utilizan como fuentes de financiamiento de la jubilación los aportes al Fondo de Capitalización Individual (FCI), el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y el aporte estatal que regía en el sistema de reparto.

El gobierno plantea crear un fondo solidario para jubilar a personas de bajos ingresos con el aporte del 1 al 10% de un diferencial sobre los salarios e ingresos más altos, con un aporte patronal adicional del 1.5% y al 20% de las primas de riesgo común y profesional, entre otros. La COB propone una edad de jubilación de 55 años para los hombres, el gobierno sugiere una edad de 60 años. El gobierno dice que el proyecto cobista es insostenible financieramente. La COB dice lo mismo del oficial.

Las similitudes entre los dos proyectos es que ambos quieren el acceso universal a la seguridad social de todos los trabajadores, buscan mejorar las rentas bajas que se garantizan hoy para algunas personas que no aportaron regularmente, garantizan las pensiones por vejez, por invalidez por accidentes laborales y no laborales.