Asociación Campesina del Catatumbo
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Policía hostiga a campesinos y retiene ilegalmente a campesina, acompañamiento internacional y periodista
 

El pasado sábado 3 de mayo de 2014, un bus con campesinos que retornaban de la asamblea popular decisoria sobre las acciones a seguir en apoyo al paro agrario, salió del corregimiento especial de La Gabarra hacia la ciudad de Cúcuta. Al evento acudieron mas de 250 personas de diferentes juntas de acción comunal.

En el vehículo circulaban la lideresa campesina, vocera de la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA Catatumbo, Elizabeth Pabón Guerrero, varios campesinos, miembros del equipo técnico de ASCAMCAT, acompañamiento internacional de International Action for Peace (IAP) y un periodista que realizaba labores de cubrimiento informativo del evento a través de la Agencia Prensa Rural.

Al llegar al retén militar que el Grupo de Caballería Mecanizada número 5, coronel Hermógenes Maza, tiene al borde de un puente de la vía que conduce del municipio de Tibú hacia Cúcuta, los soldados intentaron requisar y solicitaron cédulas a las personas que se encontraban en el bus. El acompañamiento internacional informó a los agentes de que el ejército no tiene esa competencias, como lo ordena la Corte Constitucinal, en las sentencias C-816 de2004, C-817 de2004 y C-818 de 2004, en las cuales prohibe el empadronamiento, la toma de fotografias y realizacion de videos, todo en aras de cumplir lo pactado en tratados internacionales de derecho internacional humanitario y Convencion Interamericana de Derechos Humanos, ratificados por el Estado colombiano.

Después de una larga interlocución el comandante del retén informó de que los dejaban pasar pero que más adelante se encontrarían un retén policial que sí les requisaría, violando el derecho a la libre locomocion y circulacion estipulado en la Constitucion Politica de Colombia en su artículo 24.

Al llegar a Campo Dos, corregimiento del municipio de Tibú, justo delante de la estación de policía, los agentes procedieron a detener el bus, subió el mando de la estación, anunció que se debía hacer una requisa y solicitó que todos debían mostrar las cédulas para radiarlas en busca de procesos judiciales pendientes.

El comandante, en medio de la interlocución con los miembros del acompañamiento internacional, se atribuyo verbalmente funciones de fiscalía. En ese retén había presencia de una persona vestida de civil que no quiso identificarse ante las peticiones de IAP. No se sabe a que cuerpo o grupo partenecía esa persona, que parecía dirigir la operación junto con el anteriormente citado.

El responsable del retén se mostró muy interesado en revisar los pasaportes de todos los extranjeros, incluido el periodista Carlos García que acompañaba en el bus.

Después de aproximadamente 20 minutos de interlocución y visiblemente molestos, los agentes procedieron a dejar marchar al bus.

Sobre las 7 de la noche, el bus llegó al lugar conocido como Agualasal, vereda de Puerto Santander, sobre la carretera Tibú- Cúcuta, aproximadamente a una hora y media de la capital nortesantandereana, donde se encontró un gran retén con presencia de 40 policías de tránsito y transporte aproximadamente, una decena de patrulleros, una cincuentena de efectivos del ESMAD y aproximadamente 12 personas vestidas de civil que no llevaban ninguna identificación y que se mantenían proximas al comandante del retén, el Mayor Balaguera de la Policía Nacional.

Desde el primer momento el comandante del operativo mostró una actitud violenta, intransigente y arbitraria con los campesinos y miembros de ASCAMCAT e IAP. Desde el inicio mostró su determinación de ubicar a las personas, especificamente las extranjeras, para exigirles la presentación de su pasaporte o cédula correspondiente. De la misma manera manifestó su intencion de requisar a todos los pasajeros, todos los equipajes y todo el bus, al parecer en busca de presuntos elementos explosivos o armas. Todas las cédulas del campesinado fueron radiadas y todos feron requisados. En el caso de la líder Elizabeth Pabón el Mayor ordenó que una de las civiles sin identifcación la requisara. Ante el rechazo generalizado tuvo que hacer presencia una uniformada.

Cuando el acompañamiento internacional empezó a interlocutar, inmediatamente comenzó el hostigamiento, el desconocimiento de la función de veeduría y acompañamiento humanitario y el desconocimiento de los documentos de identidad de los extranjeros, así como de las normas y protocolos internacionales sobre proteccion y garantia de Derechos Humanos.

Durante la violenta requisa, los internacionales tuvieron que soportar la actitud intimidatoria, insultante y grosera de diferentes agentes, especialmente del Mayor Balaguera que mantuvo la voz alzada con una actitud arrogante y prepotente durante todo el operativo, amenazó y desconocio la norma y la ley nacional e internacional en cuanto a la aplicacion de los derechos Humanos porque, afirmó que “Aquí mando yo”.

Junto a al comandante del operativo permanecían una docena de personas vestidas de civil que continuamente intentaban acercarse a Elizabeth Pabón, líder de ASCAMCAT. Esas mismas personas se negaron a identificarse en numerosas ocasiones y afirmaron que ellos no tenían que identificarse ante nadie. Estas personas, que posiblemente pertencen al cuerpo de inteigencia de la fuerza publica, llegaron a realizar pronuciamientos ofensivos como “porque no se van a su país a trabajar” y hacían alusiones a desconocer y cuestionar los Derechos Humanos diciendo “¿Cuales derechos?”.

El Mayor Balaguera intentó intimidar a los internacionales diciendo que los denunciaría por resistencia a la autoridad amenazando con que esa situación comportaría deportación, frente a lo cual se evidencia que, durante la retencion ilegal, Balaguera aprovechó su condición de cargo y mando para incurrir en acciones violatorias de la norma, que tienen responsabilidades de tipo penal y disciplinario.

Ordenó al acompañamiento Internacional y al periodista que lo acompañaran en una camioneta policial hasta Cúcuta, a la sede de Migración Colombia para comprobar si realmente estaban de manera legal en el país. Con esa acción el policial, incurrio a través de su accion a ocasionar un daño, ya que con este hecho permitió que dejaran en total vulnerabilidad la integridad fisica y personal de la lideresa Elizabeth Pabon. Cabe resaltar que como la ley colombiana lo estipula y exigue, los funcionarios publicos en el ejercicio de sus funciones, responden por la accion y omisión de sus funciones encomendadas. De la misma manera se violó la libertad de expresion y comunicacion recogidos en el articulo 20 de la constitucion Politica de Colombia, al obligar al periodista Carlos García a abandonar el lugar de los hechos.

Por orden del Mayor Balaguera, las personas vestidas de civil y que nunca se identificaron como fuerza pública, comenzaron a grabar en video a los campesinos, periodistas y acompañamiento internacional con la excusa de tener pruebas de una presunta agresión. Estas imagenes podrían servir para futuros montajes judiciales o podrían caer en manos de grupos ilegales ya que no se sabe que procedimiento ni cadena de custodia van a gozar, en caso de que sean miembros de la Fuerza Pública. Durante todo el proceso, algunos miembros de la fuerza pública sacaron fotos a los pasajeros del bus, incluida Elizabeth Pabón, persona con alto riesgo.

De la misma manera en actitud violenta e irrespetuosa, Balaguera afirmó que se iban acumplir con la requisa a la vocera Elizabeth Pabón y todos los demás pasajeros y el traslado de los extranjeros a Cúcuta, afirmando contundentemente que el operativo no se pararía “aunque me lo pida mi General Palomino” desconociendo gravemente la linea de mando.

Al preguntar por la situación jurídica de los extranjeros, el Mayor Balaguera respondió que “ninguna”, por lo tanto este funcionario, miembro de la fuerza publica, incurre en el delito de retencion ilegal, con agravación punitiva, estipulados en los articulados 174, 175 y 176 del código penal colombiano.

De la misma manera al ser transladados los extranjeros, fueron obligados a subir a una carro de la policía atravesando territorio donde grupos armados ilegales tiene alta influencia. De esta manera se desconoce el principio de distincion recogido en el Derecho Internacional Humanitario y se pone el alto riesgo la vida e integridad de las personas retenidas ilegalmente, ante un posible ataque contra esa unidad automotor.

Una vez llegados a la sede de Migración Colombia, hizo presencia el Intendente García encargado de DDHH de la Policía Metropolitana de Cúcuta “para garantizar el debido proceso y garantizar que no se violaran los derechos humanos”. El periodista Carlos García, solicitó inmediatamente la presencia de un abogado para poder ser asesorado correctamente en respeto a el debido proceso y derecho a la defensa. El Intendente se inivió alegando que se encontraba en territorio de migración colombia y que debia ser el encargado del area el que autorizara la entrada del abogado.

Tras varias peticiones finalmente pudo entrar el abogado verificando que el procedimiento era correcto y se procedió a llevar a cabo la diligencia administrativa de la verificación. Después se procedió a una entrevista rutinaria donde se preguntó a los extranjeros por su situación el país. Finalmente los dejaron libres en horas de la madrugada .

En total los campesinos, incluida la líder Elisabeth Pabón, estuvieron en situación de retención por espacio de 2 horas aproximadamente. Los internacionales estuvieron retenidos aproximadamente 6 horas, sin que se les definiera su situación jurídica.

Exigimos a la Unidad Nacional de Protección que adopte los procedimientos necesarios para brindar medidas de seguridad inmediatas para todos los miembros de ASCAMCAT que han sido victimas de señalamientos, hostigamientos, empadronamientos, amenazas, atentados o cualquier tipo de violación a sus derechos por motivo del trabajo que adelantan.

De igual manera exigimos que la Defensoría del Pueblo haga su correspondiente pronuciamiento por las graves violaciones a los derechos humanos que se estan presentando en las vias del Departamento y región del Catatumbo, con respecto a las funciones de la fuerza pública. Así mismo a que la procuraduria y la fiscalia incien de oficio las correspondientes investigaciones y sanciones penales y disciplinarias correspondientes.

Responsabilizamos al Mayor Balaguera, al Coronel Eliécer Camacho de la DENOR y al Coronel de la MECUC Nelson Ramírez, al Ministerio de Defensa Juan Carlos Pinzón, al Ministerio del Interior Aurelio Iragorri, al Presidente de la República Juan Manuel Santos y al Gobierno Nacional, por este gravísimo episodio que podría acarrear una crisis política y diplomática.

Responsabilizamos a esas mismas instituciones por la seguridad de la lideresa Elizabeth Pabón y del periodista Carlos García si su integridad física y emocional se viera comprometida por cualquier medio y cualquier actor.

De la misma manera rechazamos las declaraciones del Coronel Eliécer Camacho que afirmó públicamente ante los medios de comunicacion nacional, local y regional en el día de hoy, que los extranjeros no estaban con sus papeles en regla. Consideramos grave que una autoridad de la fuerza pública desinforme interesadamente a la opinión pública, con el objetivo de menoscabar y desgastar a la Asociación Campesina del Catatumbo y al acompañamiento y veeduría de Derechos Humanos, ya que quedo demostrado que todos ellos cumplian con los requisitos que exige el Estado colombiano