Un tabú muy costoso

Son incontables los escritos y debates sobre manejos poco responsables de las finanzas públicas en Colombia. Los analistas suelen denunciar el exceso de gabelas para los ricos, así como la “mermelada” clientelista para facilitar elecciones y reelecciones.

Sus escrutinios abarcan todo el espectro del gasto público, excepto la ‘caja negra’ de la seguridad. Esta es sin duda un bien público y un derecho de la ciudadanía, pero en los últimos años se han creado demasiados mitos a su alrededor. Tanto así que aún los expertos financieros se han abstenido de averiguar su destinación o eficacia, para saber si se debemos seguir echando plata en un barril que no parece tener fondo.

Todos sabemos que hace varios años el gasto militar ha venido creciendo. Este rubro aumentó poco a poco al compás de las derrotas frente a las guerrillas en los dos últimos años del gobierno Samper, así como a raíz de la reestructuración forzada por el Plan Colombia bajo Andrés Pastrana. Pero después dio un salto: según el Ministerio de Defensa, pasó de 2,8 por ciento del PIB en 1994 a 5,2 por ciento en 2009.

Gran parte de ese crecimiento se debe al aumento del pie de fuerza. Al comenzar el prolongado gobierno de Uribe, en 2002, los efectivos eran 313.406. De estos, 203.283 eran de las Fuerzas Militares y 110.123 de la Policía Nacional. Al finalizar ese gobierno, en 2010, la Fuerza Pública había aumentado a 426.014 efectivos: 267.629 en las Fuerzas Militares y 158.385 en la Policía Nacional. En América Latina en 2010, semejantes cifras fueron superadas (y por escaso margen) por Brasil.

Un exceso de gasto

El problema de los recursos militares vuelve a ventilarse ahora con motivo de un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Según este organismo, en 2012 el gasto militar de Colombia fue poco más de 21 billones de pesos, y en 2013 aumentó 13 por ciento, hasta llegar a 24 billones. Esa cifra duplica con creces los 10,6 billones de pesos gastados en 2004.

El mismo organismo señala que el país de la región que destina más dinero al sector militar como porcentaje del PIB es Colombia, seguida por Chile, Ecuador, Brasil, Venezuela y Uruguay. Y añade que los gastos militares incluyen compras e inversiones en rubros como Fuerzas Armadas, agencias gubernamentales de defensa, entrenamiento y equipos para operaciones militares, así como pensiones y seguridad social de miembros activos y en retiro y sus familias, mantenimiento de equipos, construcciones e investigaciones militares y servicios médicos.

Sin embargo, las guerrillas de las FARC y el ELN cuentan hoy con el menor número de efectivos en las dos últimas décadas; por eso, para combatirlas, no se necesita del aparataje militar que surgió con la reforma del gobierno de Pastrana. Tampoco se necesitan ajustes estratégicos para enfrentarlas, ni el aumento de las recompensas por información y dádivas por deserciones, como ocurrió hace algunos años.

Lo que sí se necesita ahora es reducir el gasto y el pie de fuerza militar. Pero el solo mencionar esta necesidad despierta grandes resistencias por parte de quienes ni siquiera tienen en cuenta los argumentos que la sustentan.

Los costos de la guerra

Las resistencias frente a la necesidad de disminuir el gasto militar y el pie de fuerza se debilitarían si las negociaciones con las FARC (y ojalá con el ELN) culminaran con éxito.

Si el acuerdo se lograra, disminuiría bastante el gasto en el equipamiento militar necesario para una guerra irregular. Este es muy costoso porque es sofisticado: helicópteros, aviones y numerosos aditamentos de última generación para el combate.

Con estos recursos podría iniciarse la tarea de solucionar los problemas que propiciaron la subversión, además de los que aparecieron o se agudizaron posteriormente.

Pero quienes defienden el tamaño actual del presupuesto militar no toman en cuenta la espiral de gastos que implicaría la prolongación del conflicto armado –empezando, por supuesto, por el número de muertos-:

Si el conflicto continúa aumentarán los gigantescos costos pensionales que se han acumulado durante los tres lustros de expansión del pie de fuerza, además del creciente número de jóvenes pensionados en virtud de las lesiones producidas por las minas “quiebrapatas” que utilizan las guerrillas.

Igualmente, sería más complicado someter los rezagos de los ‘paras’ y las nuevas bandas que se alimentan del narcotráfico, de la politiquería y de las corruptelas, y se dificultaría la esquiva solución del problema de la inseguridad ciudadana.

Y además crecerían las resistencias que provocaría la decisión de reversar –o tan siquiera frenar– el aumento del gasto militar.

Quiénes y por qué se ponen

La principal resistencia parece provenir de militares de la reserva activa (o en uso de buen retiro) que han sido alborotados por el radicalismo uribista (basta recordar lo ocurrido hace pocas semanas cuando, en forma desafiante, apoyaron la candidatura presidencial del candidato del Centro Democrático).

Y entre quienes están en servicio activo, habría que considerar el peso del “espíritu de cuerpo” en los altos niveles de mando. Esta ideología conservadora es propia de todos los ejércitos del mundo, pero en Colombia ha sido acentuada por la prolongación del conflicto armado. Por eso muchos mandos militares insisten en la necesidad de mantener el pie de fuerza y su equipamiento como condición para la seguridad de la patria en todos sus rincones. Y esta es una forma de sentirse la esencia del Estado.

Además, la destructiva polarización del país, inducida por el gobierno anterior y alimentada por el fanatismo derivado de la orfandad del poder en medio de la confrontación armada, sigue pesando en el imaginario nacional. Por eso, la inclinación tradicionalmente derechista de la política colombiana se ha vuelto más intensa en los últimos años.

Prepararse para la paz

Pero si se llega a una solución negociada del conflicto podrían diseñarse estrategias donde el componente represivo sea uno entre varios que se consideren necesarios.

Entonces, la Policía tendría un papel más acorde con su naturaleza, y podrían evaluarse mejor las funciones que deban cumplir los militares, además de la tradicional de mantener la seguridad nacional frente a terceros países. No obstante, habría que repensar también esa función de las Fuerzas Militares sin conflicto armado interno, pues la diplomacia juega un papel preponderante en este siglo, al limitar las confrontaciones bélicas propias de siglos anteriores. Además, las amenazas son ahora más difusas y por lo tanto más difíciles de ubicar.

El fin del conflicto armado pondría al menos un freno a los problemas señalados, en particular a la expansión del campo militar. En estas circunstancias, no conviene que este o el próximo gobierno sigan rehuyendo las decisiones que ya hoy son necesarias.

Por ejemplo, ante los trinos del senador Uribe sobre el abandono de la seguridad, el ministro de Defensa debería dejar la pretensión de contrarrestarlo haciendo alardes de su talante guerrerista. Al contrario, sería sensato acordar un cese bilateral al fuego, previo acuerdo de términos perentorios en las negociaciones.

Por otro lado, al gobierno le cogió la tarde para promover los apoyos de opinión necesarios para el proceso de paz. Fue necesario que el presidente se viera acorralado en el intento de reelección para que al fin asumiera una posición abierta frente a la paz.

Si no se logran pronto esos apoyos, se corre el riesgo de que fracase la refrendación de los acuerdos. Y en caso de que esta se logre, su implementación podría estrellarse con más obstáculos de los previsibles.

Plata para otra cosas

Es necesario frenar el crecimiento de los recursos para la seguridad y ojalá reducirlos en un tiempo prudencial.

Con estos recursos podría iniciarse la tarea de solucionar los problemas que propiciaron la subversión, además de los que aparecieron o se agudizaron posteriormente. Entre estos están el problema de la violencia y su capacidad de reproducirse a través de su mediación en la política; la desigualdad social, la exclusión y la marginalidad extendidas, sobre todo en el mundo rural; el aumento del clientelismo y la consecuente corrupción, el narcotráfico y el debilitamiento de las instituciones del Estado.

Si reorientamos los recursos y esfuerzos del Estado hacia la solución de esos problemas viejos o emergentes, Colombia comenzaría su tránsito sostenido hacia una democracia liberal real y efectiva.

* Tomado de Razón Pública