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Una década del desplazamiento en Peñas Coloradas, Caquetá
Un pueblo hecho trinchera
Andrés Arias / Lunes 12 de mayo de 2014
 
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Acto conmemorativo de los 10 años del desplazamiento de Peñas Coloradas, en Caquetá. Foto Andrés Arias

El pasado 26 de abril, campesinos víctimas del desplazamiento forzado de 800 familias de la inspección de Peñas Coloradas, municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, realizaron un acto conmemorativo por los 10 años de los trágicos hechos ocurridos el 25 de abril de 2004.

El evento campesino inició con el recorrido de labriegos por aguas del río Caguán, vertiente que baña la fachada de Peñas Coloradas, en una actividad simbólica que recordaba el momento cuando llegaron a esa cabecera municipal hombres del Ejército Nacional y exigieron a las comunidades desocupar sus viviendas de manera inmediata en pro de una operación militar enmarcada en el Plan Patriota en abril de ese año.

El Plan Patriota fue una acción combinada de la Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado con asesoría internacional, en una especie de supervisión del gobierno norteamericano en las operaciones militares contra la insurgencia. Se conoce de la participación de 14 mil hombres armados para los tres departamentos más importantes del sur de Colombia.

Operaciones estratégicas que lograron acumular un número considerable de desplazados por ser acusados de colaboradores con los grupos guerrilleros de la zona. Según Codhes, durante el primer semestre de 2004, 5.964 personas fueron forzadamente desplazadas en el departamento del Meta, 15.187 en el Caquetá, 4.874 en el Putumayo, 1.085 en el Guaviare y 277 en el Vichada.

“La mayoría de las personas desplazadas han llegado a Florencia (Caquetá), a otras zonas del departamento o a Bogotá, donde, en general, no han recibido una atención adecuada por parte de las autoridades estatales y donde muchas han sido objeto de amenazas contra su vida e integridad personal por parte de los grupos combatientes”, dijo respecto a ese caso el Informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, hecho por la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo en 2004.

Como desplazados, los campesinos y comunidades marcharon por las principales calles del municipio hasta terminar con un acto público en la plaza principal de la inspección donde expresaron la necesidad de no perder la memoria ante los hechos y exigir justicia: “y que todos estos actos lamentables en la triste historia del conflicto social y armado que ha sufrido este país, son insumos contundentes para los aportes significativos para la obtención de la paz con justicia social”, dijo un labriego víctima del desplazamiento.

El Colectivo de Abogados Conde y Asociados, quienes actualmente tramitan el proceso jurídico, afirman que las instituciones investigativas se han encargado de presentar dilaciones constantes para frenar directamente este proceso. Sin embargo, consideran que es muy posible que en lo que resta del 2014 haya un fallo respecto a este caso.

Esperan justicia

Abogados y labriegos esperan que el sentido del fallo camine en dirección de favorecer las familias víctimas y por supuesto aplicar justicia en cuanto a la responsabilidad el Estado colombiano en estos hechos violatorios de los derechos fundamentales.

VOZ dialogó con algunos de los dirigentes de los campesinos desplazados:

Rodrigo Candelo, víctima del desplazamiento de Peñas Coloradas, le exige al Ministerio de Defensa aceptar su responsabilidad por las actuaciones del Ejército colombiano: “Quiero que me digan quién dio la orden de desterrarnos de nuestras viviendas y qué paso con todos los enseres y electrodomésticos, puertas y ventanas de todas la viviendas. Todas las saquearon. No solo no hay garantías para volver sino que es inhabitable la inspección”.

Por su parte, Feliciano Sánchez, uno de los voceros más visibles de esta comunidad, afirmó que esperan además que el gobierno nacional les regrese sus predios en esta inspección y además que sean devueltos en las condiciones en que ellos debieron abandonarlas, y que por supuesto las Fuerzas Militares abandonen el área urbana debido a que hay muchas familias que no regresarían porque sienten temor por sus vidas: “En estos últimos diez años han sido revictimizados por la estigmatización del Gobierno Nacional y un posible retorno nos ubicaría en el blanco de señalamientos de la Fuerza Pública. Por exigir justicia nos dan un tratamiento de criminales”.

Este dirigente cuenta que trataron de conciliar con la comandancia del operativo pero la única respuesta que obtuvieron fue que esa acción estaba direccionada por el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, con órdenes estrictas de hacer de esta inspección un gran fuerte militar por su valor histórico al interior de la insurgencia, “y que todo aquel que tratara de oponerse a esta acción sería considerado como colaborador de la guerrilla y por esa vía ser detenido. De esa manera comenzaron a realizar sus trincheras frente a las casas de la comunidad violando todo tipo de garantías humanitarias”, agregó.

Y por último se escuchó la voz del docente Esteban Ríos, pues hasta el centro educativo de Peñas Coloradas fue escenario del operativo militar: “Luego de que ellos entraran al centro educativo de esta comunidad que hacía las veces de administración de doce escuelas en igual número de veredas, el cuerpo docente debió abandonar la institución, se perdieron cerca de 150 sillas de estudio que habían sido gestionadas por la comunidad para la educación de sus hijos, televisores y baterías sanitarias que no alcanzaron a ser distribuidas en las diferentes veredas y que le costó un trámite investigativo en la Secretaría Departamental de Educación. Está en ruinas la escuela”.

Efectivamente VOZ pudo constatar que actualmente persiste la presencia militar y que la escuela de la inspección es hoy vivienda de los comandantes de las Fuerzas Militares que operan en la zona.

Al finalizar el acto público los desplazados de Peñas Coloradas expresaron su firme compromiso con la paz. Hablaron de lo que puede ser para sus vidas detener el conflicto armado: “A veces escuchamos que el país no está entusiasmado con el proceso de paz y desde acá nos duele que la gente que no conoce la guerra quiera perpetuarlas. Queremos estar en la mesa de La Habana para contar nuestro drama”.