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Colombia, 50 años de guerra (IV parte)
Del campo a la ciudad
En 1974 surge el M-19, que tendrá a la ciudad como su principal teatro de operaciones. Además, las guerrillas rurales se plantean su despliegue hacia la urbe
Camilo Rueda Navarro / Sábado 12 de julio de 2014
 
Espada de Bolívar en poder del M-19

Desde finales de la década de 1960, el ejército colombiano adelantaba operativos militares para cercar y exterminar los focos guerrilleros que se habían formado en varias regiones del país.

Las FARC habían sufrido la pérdida de la mayoría de su fuerza en el departamento del Quindío, pero aún contaban con tres frentes en el sur del país y se expandían hacia el Magdalena Medio, Urabá y el suroccidente.

El ELN, surgido en Santander, crecía hacia el sur de Bolívar y Antioquia, donde su núcleo central sufriría el cerco denominado “Operación Anorí”, donde perdió un tercio de su fuerza.

Nacimiento del EPL

En 1967 había surgido también el Ejército Popular de Liberación. Una guerrilla que se planteaba como el brazo armado del Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista), escisión inscrita en el campo maoísta, luego de la ruptura chino-soviética de los años 60.

Las diferencias ideológicas entre las mayores potencias comunistas del siglo XX repercutieron no sólo en el bloque socialista sino en los partidos comunistas de todo el mundo. La mayoría de ellos se dividieron entre los prosoviéticos y los prochinos.

En Colombia, algunos dirigentes como Pedro Vásquez Rendón y Pedro León Arboleda celebraron un décimo congreso del partido comunista paralelo al oficial. Allí crearon el PC (ML) cuyo brazo armado se establecería en el noroccidente del país, entre Córdoba y Urabá.

Allí se crearían las bases de una especie de zona liberada. Pero en los dos años siguientes, el EPL sufriría un vasto operativo militar que limitó esos planes y menguó a la nueva fuerza guerrillera, que además perdió a sus principales dirigentes.

Surgimiento del M-19

En la década de 1970 se va a dar una nueva oleada de movimientos guerrilleros en América Latina que tendrán como novedad a la ciudad como escenario de acción.

En Colombia, un sector de la Alianza Nacional Popular (Anapo) venía contemplando la creación de una fuerza de choque para defender sus conquistas políticas.

El 19 de abril de 1970, el país había votado masivamente por su candidato, el general Gustavo Rojas Pinilla, para presidente de la República. Pero el gobierno mandó a dormir al país y decretó el toque de queda. Al otro día, el presidente electo de Colombia era el candidato del Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana.

La idea de fraude quedó impresa en la memoria colectiva del país, y dirigentes de Anapo, como Carlos Toledo Plata y Andrés Almarales, se dieron a la tarea de conformar una organización armada de respaldo.

En esa coyuntura confluyeron con Jaime Bateman, que antes lideraba una red urbana de las FARC y con quien acordaron crear un nuevo movimiento armado.

La nueva organización retoma la fecha del fraude contra Rojas y se da a conocer en enero de 1974, al sustraer la espada del Libertador Simón Bolívar.

El Movimiento 19 de abril (M-19) se propone inicialmente apoyar la lucha electoral de María Eugenia Rojas, hija del general y aspirante a las elecciones presidenciales de ese año. Pero la Anapo desautoriza a la nueva organización y expulsa a los dirigentes cercanos a ella.

El M-19 se propone en un principio evitar la confrontación directa con la fuerza pública y a cambio adelantará acciones simbólicas y de proselitismo armado en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Santa Marta, entre otras.

En su concepción, se va a plantear como una organización politicomilitar, que lucha por unos ideales nacionalistas y bolivarianos, y por establecer un socialismo “a la colombiana”.

El M-19 se inspiró y tuvo muchas coincidencias con otros movimientos de la época, como los Montoneros de Argentina y el MLN-Tupamaros de Uruguay, que desarrollaron una guerra de guerrillas urbana, reivindicando a próceres patrios y proclamando ideales nacionalistas.

La guerra llega a la ciudad

El M-19 adelanta innumerables acciones urbanas como la toma de sedes públicas y privadas, secuestro de personalidades, y acciones “benéficas” como asaltar camiones de leche y repartirla en barrios populares.

Entre tanto, el movimiento sindical acuerda una plataforma única y el 14 de septiembre de 1977 convoca al primer paro cívico nacional, jornada que desembocó en una gran protesta popular, particularmente en Bogotá.

El paro cívico convocó a múltiples sectores sociales afectados por la política económica del gobierno, que frente a la movilización desencadenó una fuerte represión.

La fecha retumbó en las organizaciones insurgentes, que se plantearon en sus planes pasar del ámbito rural al urbano.

En el caso de las FARC, fue en las sexta y séptima conferencias, en 1978 y 1982, respectivamente, que se propusieron un despliegue nacional, convertirse en un ejército popular y dar el salto del escenario rural a las ciudades.

Por su parte, del EPL se desprende una experiencia de guerrilla urbana: el destacamento Pedro León Arboleda (PLA), que protagonizará acciones en Bogotá y otras ciudades.

El Estatuto de Seguridad

En 1978 inicia el gobierno de Julio César Turbay, quien establece el Estatuto de Seguridad como mecanismo para restablecer el orden público y perseguir a las guerrillas.

Con éste, las autoridades podían detener a sospechosos por diez días hábiles, lo que desencadena la persecución a líderes sindicales y de oposición.

En diciembre de 1978, en una audaz operación, el M-19 asalta el Cantón Norte del ejército, de donde sustrae unas cinco mil armas.

El gobierno designa a la Brigada de Institutos Militares (BIM) para investigar el hecho y perseguir a los responsables. La BIM adelanta decenas de allanamientos y detiene a líderes de izquierda.

Las denuncias de torturas de los detenidos empiezan a ser masivas, por lo que surge el movimiento por la defensa de los derechos humanos y por la solidaridad con los presos políticos.

La toma de la embajada

En 1980 se reportan más de 400 presos de las organizaciones guerrilleras, la mayoría de ellos del M-19. Ante la situación, ese movimiento planea la toma de la embajada de la República Dominicana.

El 27 de febrero, un comando de 16 guerrilleros se toma la sede diplomática con 57 rehenes y exige negociar con el gobierno la libertad de sus presos.

Carmenza Cardona, la “Chiqui”, será delegada de los guerrilleros (en compañía del embajador mexicano) para interlocutar con el gobierno, que envía a funcionarios de la Cancillería.

La negociación por la toma de la embajada dominicana representó el primer diálogo formal entre el gobierno colombiano y los grupos insurgentes.

Tras dos meses de toma y varias reuniones, se llega a un acuerdo entre las partes. Se acordó la revisión de los casos de los presos políticos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional. Además, se acordó un rescate económico de un millón de dólares, pagado por parte de los rehenes.

El comando guerrillero y los diplomáticos salieron en avión hacia Cuba. En el marco de la toma, Jaime Bateman propone al país una amnistía para los presos políticos, el levantamiento del estado de sitio, la derogación del estatuto de seguridad y un diálogo nacional para buscar la paz, fórmulas que serán el eje del debate político nacional en la siguiente década.