En la mañana del 5 de agosto de 2014, presuntos policías vestidos de civil, que al parecer pertenecerían a SIJIN de la policía nacional, irrumpieron violentamente en la casa de José Luis Rodríguez, destacado miembro de base de la Asociación Campesina de Catatumbo ASCAMCAT y habitante de la vereda El Serpentino del municipio de Tibú.

Los miembros de la Fuerza Pública ingresaron a las 3 de la mañana violentando la puerta principal de su casa donde se encontraba con sus pequeños hijos y su esposa haciéndolo tender en el suelo y procediendo, sin el acompañamiento de los habitantes de la casa, a realizar un allanamiento sin presencia de miembros del ministerio público. Al finalizar el procedimiento, notifica la policía que han sido encontradas dos granadas, una en una hamaca y otra en el chifonier.

La policía se llevó de la casa varios objetos de valor sin levantar ningún tipo de acta, tales como teléfonos celulares, una tablet y un computador portátil propiedad de la esposa de José Luis Rodríguez.

Este hecho abusivo y violatorio a los derechos humanos y al código único de policía, arroja nuevas evidencias de la acción de rapiña que realiza la policía y el ejército en la región, conocedores de la impunidad que los ampara. Los robos, las agresiones y la infracción al principio de distinción convierten a la fuerza pública, como hemos reiterado en otras ocasiones, en el principal polo de desestabilización del orden público en el Catatumbo.

ASCAMCAT considera este atropello, un ataque claro contra nuestra organización con la intención de sabotear el IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina que se adelantará del 18 al 21 de septiembre de 2014 precisamente en Tibú y del cual el compañero José Luís Rodríguez era uno de los miembro del equipo de logística del evento.

Responsabilizamos a la policía nacional por la falta de garantías que se presentan en todas y cada una de sus actuaciones que adelantan en nuestra región y condenamos las continuas acciones que llevan a cabo pasando por encima de la ley y con la connivencia del poder judicial, que llega a legalizar detenciones de manera sistemática sin ningún tipo de pudor y a posteriori, sin verificar ni investigar las acusaciones de la policía que en la mayoría de casos son claros montajes.

Responsabilizamos al General Palomino por las ilegalidades que cometen sus subordinados todos los días en el Catatumbo. De la misma manera responsabilizamos al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y al Presidente de la República Juan Manuel Santos por la seguridad de nuestros presos políticos y de toda nuestra base social que se encuentra continuamente agredida por los uniformados.