«Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas», cuya edición ha sido coordinada por el profesor de la UPV Alexander Ugalde y el exiliado colombiano Jorge Freytter-Florián, es más que un libro homenaje a la memoria del profesor y sindicalista Jorge Adolfo Freytter, secuestrado y torturado por paramilitares en connivencia con agentes estatales.

Nace también con vocación de ser un aporte a los diálogos de La Habana, ya que en sus más de 300 páginas recoge diferentes enfoques y consecuencias del conflicto armado, desde el fenómeno paramilitar hasta la violencia en las universidades, la aplicación de la justicia transicional y la «esperanza» que ha abierto el proceso.

¿Qué supone este libro para usted y por qué eligió precisamente el término «esperanza»?

Los artículos y trabajos político-académicos que plasmamos en el libro están íntimamente relacionados con todas las luchas truncadas en Colombia pero también con aquellas que se mantienen en pie en diferentes escenarios; la protestas estudiantiles, campesinas, sindicales, políticas... que representan una esperanza, más por la nueva coyuntura política que se ha abierto con el proceso.

¿Cuál debería ser la aportación de las víctimas y de aquellas personas que se han visto obligadas a huir de Colombia?

Desde exilio, transmitimos ese llamamiento a que se incorpore en ese debate a los exiliados y refugiados colombianos que se encuentran en Europa, Canadá, Australia... porque también ellos son parte de ese puzzle que representa la construcción de la memoria histórica, también ellos tienen propuestas concretas sobre temas como el retorno, mecanismos de participación política de esas personas, de garantías... Las víctimas como tales estamos en disposición de ir a Colombia y participar en la mesa de conversaciones de La Habana. Queremos ir a Cuba y plantear nuestras propuestas. Este libro en sí es una aportación que hacemos desde Euskal Herria. En él recogemos reflexiones sobre las multinacionales en Colombia, el movimiento sindical, el pensamiento crítico, la violencia política en las universidades públicas... En nuestra calidad de víctimas de crímenes de Estado y de refugiados y exiliados políticos debemos tener una silla en ese espacio.

¿Existen garantías suficientes para un regreso seguro?

No se trata de una mera cuestión de retorno. Lo que realmente está en discusión es el mismo sistema político colombiano y la defensa de los derechos humanos en Colombia. Ese es el punto central. Podemos tener un documento que nos permita viajar, pero en un país donde las estructuras paramilitares siguen vigentes y donde la estigmatización por parte de un ministro de Defensa como Juan Carlos Pinzón hacia los movimientos sociales y refugiados políticos es constante, no existen garantías para un buen retorno. Se debe constituir una comisión que lleve las propuestas de los exiliados y refugiados a Colombia y La Habana e insistirles tanto al Congreso como a los diferentes entes públicos de Colombia que la protección va mucho más allá de tener escoltas. Se necesitan garantías políticas.

¿Cómo está viviendo desde el exilio el proceso de paz?

Como un hecho esperanzador. Es una puerta que se abre para oxigenar el debate y combatir la invisibilidad de los exiliados y refugiados políticos. Sentimos que vamos a ser parte de un nuevo contexto.

¿Qué destacaría del libro?

Dos elementos importantes. Uno que surge en pleno debate del punto 5 de la Agenda de La Habana -el relativo a las víctimas y su resarcimiento- y el segundo, en el que hacemos hincapié en una particularidad del conflicto colombiano; la violencia política en las universidades y el pensamiento crítico. En las universidades públicas se ha vivido una política de estigmatización hacia los movimientos estudiantiles y sindicales por ejercer una oposición política clara frente al stablishment. El paramilitarismo incursionó con fuerza en universidades públicas como las de Córdoba, Antioquia, la del Magdalena, la del Atlántico... En la Universidad Nacional también se ha detectado la presencia de agentes de la inteligencia colombiana. Las universidades son un reflejo de todo lo que ocurre en la sociedad en términos del conflicto y, por tanto, todo lo que sucede en Colombia repercute en la universidad pública y viceversa. El Estado ha buscado históricamente descabezar a posibles cuadros y dirigentes que puedan surgir del ámbito universitario. También han sido usadas para el lavado de dinero por parte del paramilitarismo, que ha nombrado a rectores y manejado directamente los presupuestos de las universidades. Este libro pone además rostro a las víctimas.

¿Cómo valora que las FARC y el Gobierno hayan reconocido su responsabilidad y se hayan comprometido con la verdad?

Era un paso que se tenía que dar en un proceso de estas características. Pero no se debe limitar a que el presidente Juan Manuel Santos reconozca públicamente la existencia de víctimas del conflicto. El Estado debe garantizar la no repetición de los asesinatos, de las masacres, poner fin a la estigmatización de la oposición y de los demás movimientos... La reconciliación debe ir más allá de acercar a las partes y de intercambiar ideas. Las víctimas debemos tener plena seguridad de que estos actos violentos y atroces no se repetirán y de que el Estado asume por completo lo que significa la verdad, la no repetición, la memoria histórica y la exigencia de una justicia verdadera.

De las aulas universitarias al mundo interior de las cárceles

El profesor universitario colombiano Miguel Angel Beltrán es una de las firmas que dan vida al libro «Presente y futuro de Colombia en tiempo de esperanzas», en cuya presentación participó en Bilbo. Su vida dio un giro cuando lo encarcelaron bajo la acusación de colaborar con las FARC porque relacionaron su nombre con un supuesto alias que aparecía en los ordenadores incautados al dirigente guerrillero Raúl Reyes, muerto en un bombardeo contra su campamento en Ecuador. La Corte Suprema colombiana declaró posteriormente «ilegales» los documentos hallados en los ordenadores de Reyes y que fueron utilizados para acusar a dirigentes de la izquierda colombiana, además de a extranjeros, de connivencia con la guerrilla.

«Fue una experiencia difícil y dolorosa porque a los presos políticos en Colombia se les niegan sistemáticamente sus derechos fundamentales; a la salud, a trabajar en las cárceles, al contacto con la familia. Pero también me permitió tener desde mi condición de docente y sociólogo otra perspectiva del conflicto y escribir dos libros sobre la cruda realidad de las cárceles del régimen colombiano», señala a GARA. «Por norma general, en Colombia se dice que hay un conflicto armado y que todos los actores son responsables y tienen el mismo grado de participación. En prisión ves con claridad que el comportamiento e ideales de los presos políticos son muy diferentes a los que tienen aquellos que provienen de los grupos paramilitares. Hablando con estos últimos, me quedó muy clara su vinculación con el Estado, con el Ejército, con políticos regionales y nacionales. Y también que ellos en algún momento fueron utilizados por el Estado para sus fines propios, lo cual no les exime de responsabilidad», subraya.

Aunque fue absuelto, el procurador lo ha inhabilitado por trece años para ejercer cargos públicos. «Lo que no lograron por la vía jurídica, lo quieren conseguir ahora por la disciplinaria. De confirmarse la sentencia, supondría mi muerte laboral como académico e investigador», denuncia.

«Si erradicamos la exclusión social y política, podremos avanzar hacia un acuerdo. La Agenda de La Habana es apenas un punto de partida que deberá involucrar a toda la sociedad colombiana y generar todo un proceso que permitirá a las víctimas conocer la verdad, quiénes fueron los actores de esos crímenes de lesa humanidad. Será entonces cuando se pueda producir una verdadera reconciliación», remarca sobre el proceso de diálogo.